Foto:
Javier Cotera / El Diario Montañes
En
un acto formal en el Parlamento cántabro, los alcaldes de Cantabria y el gobierno regional, han firmado conjuntamente una
declaración institucional destinada a declarar a Cantabria, región “libre de fracking”.
Si
bien no han faltado declaraciones y reproches propios de la rivalidad
política, los regidores han acudido masivamente al llamado con independencia
del color político.
Cantabria
se encuentra en una situación difícil, con una ley del fracking invalidada por el Tribunal Constitucional, cuya sentencia queda no exenta de polémica y que se refleja en el voto particular de varios de los jueces, y un gobierno central
empecinado en imponer esta técnica invasiva en la comunidad autónoma.
La fracturación
hidraúlica horizontal o fracking es
una técnica extractiva de petróleo y gas que se basa en fracturar determinado
tipo de roca en el subsuelo mediante el inyectado de grandes volúmenes de agua
y productos químicos.
En los últimos años, se relaciona el fracking con daños ambientales y en la salud humana y así se viene recogiendo en medios de comunicación y publicaciones científicas especializadas a nivel internacional.
En los últimos años, se relaciona el fracking con daños ambientales y en la salud humana y así se viene recogiendo en medios de comunicación y publicaciones científicas especializadas a nivel internacional.
Los efectos adversos fueron recogidos en un informe del Instituto Geológico y
Minero de España en 2013. Sin embargo, este informe permaneció sin hacerse
público y se supo de su existencia por la actuación de un grupo político regional, el partido
Castellano.
Este
hecho ha sido interpretado por muchos como una labor de censura del ejecutivo
de Mariano Rajoy en convinencia con las corporaciones energéticas.
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