Viñeta de Ansola
Publicado en El Diario Montañes
El consejero de Medio Ambiente ha informado de que se
hará a través de la ley de control ambiental integrado o de la propia
reforma de la Ley del Suelo
El consejero de Medio
Ambiente, Javier Fernández, ha afirmado este jueves que el fallo del Tribunal
Constitucional (TC) que anula la prohibición del fracking en la región y los
votos particulares que lo acompañan abren "el camino a seguir" para
impedir la fractura hidráulica con medidas adicionales. Estas vías, que están
por concretar, pero serán normas adicionales de control relacionadas con la
proximidad de los núcleos urbanos, la protección de acuíferos subterráneos o de
aquellas partes del territorio "especialmente sensibles", como los
espacios naturales protegidos y la salud humana.
Para Fernández esos
condicionantes, unidos a las características de una región con una población muy dispersa en
la que es difícil practicar esta técnica sin que haya un núcleo cercano, ponen
de manifiesto que Cantabria "no es el mejor lugar para hacer experimentos
con el fracking".
"Creemos que
tenemos mecanismos suficientes para paralizar el fracking en Cantabria ",
ha insistido el consejero, quien ha señalado que el Gobierno estudiará cómo
"encajar" esas medidas adicionales en la legislación, bien a través
de una ley específica o en otras leyes, como la control ambiental integrado, en
la que ya se está trabajando, o la propia reforma de la Ley del Suelo.
A su juicio, la
cuestión formal es "secundaria" y lo importante es que esas medidas
se plasmen en normas que sean de directa aplicación y que, por tanto, hagan que
las empresas del sector que quieran hacer fracking en la región sepan que se
van a encontrar una normativa "muy rigurosa" y además "van a
tener en contra a toda una sociedad, a todo un Gobierno y a todas las
administraciones locales de la comunidad autónoma".
Fernández ha explicado
que los votos particulares de los tres magistrados del TC van en la línea que
defendía la comunidad autónoma de Cantabria cuando aprobó la ley "sobre la base de otros títulos
competenciales" como la salud, la ordenación del territorio y la
protección medioambiental, según ha recogido EFE.
En el recurso del
Gobierno de España se planteaba el conflicto de la fractura hidráulica en base
a la energía, lo que -para Javier Fernández-, obvia otros preceptos
fundamentales. Para el consejero popular, el TC deberían haber estudiado la sentencia
"con más detenimiento".
Anulación
del permiso 'Arquetu'
El consejero ha opinado
que es la línea que hay que seguir para implementar y completar la legislación
de Cantabria, que ya "hoy por hoy es muy restrictiva", como muestra
la anulación del permiso 'Arquetu', concedido por el anterior Ejecutivo
regional. El Consejo de Gobierno anuló dicha autorización porque el suelo
afectado no era compatible urbanísticamente, subrayando que no es posible
realizar actividades extractivas en suelos rústicos de especial protección, que
ocupan el 90% del suelo de Cantabria.
En ese contexto,
Fernández ha recordado que el presidente, Ignacio Diego, hizo un llamamiento a
las administraciones locales que habrá que concretar y que se ha pedido a la
Administración General del Estado que respete el derecho de las comunidades
autónomas a decidir ser territorio libre de fracking por sus características y
también por la opinión de sus ciudadanos, a su juicio contraria a esta técnica
prácticamente de manera unánime.
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