Publicado en
Ria Novosti (Romania)
3 de julio de 2014
3 de julio de 2014
El Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), principal fuerza de la oposición que gobierna en la comunidad
autónoma de Andalucía, anunció que presentará en el Parlamento regional una
propuesta de ley para que esa comunidad se convierta en “territorio libre” de fracking por el plazo de dos años.
Según
fuentes del gobierno andaluz, la moratoria podrá ser prorrogada hasta que no
existan estudios científicos que determinen, con el máximo nivel de certeza,
que su utilización no afectará negativamente a las personas y el medio
ambiente.
Andalucía
no es la primera región en España en dar este paso contra el fracking. Cantabria, La
Rioja, Navarra y Catalunya ya lo han intentado sin mucho éxito.
“El
Gobierno central interpone ante el Tribunal Constitucional una demanda contra
las leyes que pretenden prohibir el fracking.
En el caso de Cantabria, los magistrados han dado la razón a los conservadores
estableciendo que la explotación de los hidrocarburos es competencia estatal”,
asegura Pablo Cotarelo, experto en fracking,
en declaraciones a Novosti.
Izquierda
Unida, socio del PSOE en el gobierno andaluz, también presentó a mediados de
junio una propuesta de ley contra el fracking.
El
proyecto planteaba la prohibición en todo el territorio andaluz la realización
de actividades “de prospección, exploración, investigación o explotación de
hidrocarburos y gases de roca y no convencionales que supongan, en todo el
proceso o en parte, la utilización de las técnicas de fractura hidráulica con
inyección de fluidos y/o de otros aditivos químicos”.
Según
ha explicado el portavoz parlamentario del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, la
proposición de ley consta de cinco artículos, en los que destacan que esta
medida se hace en base al principio de precaución recogido en el artículo 191
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
"El
proceso de fractura hidráulica puede tener efectos potencialmente peligrosos y
puesto que el conocimiento científico actual no permite garantizar que su
utilización no afecta negativamente a la salud de las personas, a la calidad de
las aguas subterráneas, a la calidad del aire y a la protección y conservación
de los recursos naturales", explicó.
El
experto Pablo Cotarelo opina que “en el único caso donde es probable que la
demanda del Gobierno no prospere es en Catalunya, ya que la prohibición no es
por causas medioambientales sino por una cuestión relacionada con la
legislación urbanística”.
Según
él, los conservadores quieren parar estas leyes por dos cuestiones.
“En
primer lugar, tienen ideas centralizadoras y todo lo quieren hacer desde el
gobierno central y en segundo lugar, está la cuestión económica, ya que siguen
con la idea de que cuanto más actividad económica, mejor, sea cual sea la
consecuencia para la población y para el entorno”, denuncia este experto en fracking.
Esto,
insistió, "beneficia a una serie de actores financieros en la compra venta
de los propios permisos y en la compraventa de las propias empresas o del gas
resultante de las explotaciones".
Gran
parte de la oposición está en contra de esta práctica.
Hace
un mes, varios grupos de la oposición firmaron un acuerdo donde se comprometen
a parar el fracking
en España si cambiaba el Gobierno o las mayorías en el Congreso de los
Diputados.
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