Plataforma
Castor, en aguas de Castellón.
Publicado en El País
Por Manuel Planelles
19 de octubre de 2015
Un
exfuncionario del IGME declara que no contempló el riesgo sísmico del proyecto
porque no se lo pidió el Ministerio de Industria
El
juez encargado de investigar el fiasco de Castor, el almacén de gas ubicado en una
antigua plataforma petrolífera frente a las costas de Castellón, trata de
delimitar la responsabilidad de los técnicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que
analizaron el proyecto antes de que se paralizara hace dos años tras causar más
de 500 microterremotos. Uno de estos miembros del IGME imputados ha negado este
lunes ante el magistrado que conociera el riesgo sísmico.
Víctor
Capilla, responsable del Juzgado de Instrucción 4 de Vinaròs, ha tomado
declaración este lunes a Jesús Gómez de las Heras, exfuncionario del IGME,
quien en 2007 coordinó y firmó un informe que validaba este almacén de gas
subterráneo. Alrededor de tres horas ha durado la comparecencia de este
técnico, ahora jubilado. Tras escuchar sus explicaciones, el juez ha mantenido
su imputación, pero no ha dictado ninguna medida adicional, según el Tribunal
Superior de Justicia de Valencia.
En
este caso hay 18 imputados por presunta prevaricación medioambiental y delito
contra el medio ambiente y los recursos naturales. Gómez de las Heras ha
sido el primero de ellos en declarar ante el instructor. Tras paralizar el
proyecto por los microsismos que se desencadenaron en la fase de inyección del
gas, el Gobierno indemnizó a la empresa Escal-UGS (controlada en un 66,7% por
ACS) con 1.350 millones al rescindirle la adjudicación de este silo a
finales de 2014.
De
las Heras fue el coordinador y firmante de un informe, fechado el 23 de enero
de 2007, en el que se consideraba el emplazamiento apto. Según fuentes
judiciales, la fiscalía y las acusaciones particulares han preguntado al
imputado la razón por la que no contempló el riesgo sísmico en su estudio. Y,
según las mismas fuentes, el acusado ha argumentado que "no se le había
preguntado sobre este extremo". Este alto cargo del IGME emitió el informe
a petición del Ministerio de Industria, entonces en manos del PSOE.
Riesgos sísmicos
Pero
la fiscalía —que ha denunciado a este exfuncionario y a 17 personas más—
sostiene en su escrito de acusación que el encargo realizado a Gómez de las
Heras estaba abierto a "cualquier aspecto técnico" que se considerara
de interés. El IGME, según la fiscalía, "bien hubiera podido solicitar [a
la empresa encargada del proyecto] un estudio de peligrosidad sísmica o cuanto
menos descartar la necesidad de que aspectos tan importantes fueran
contemplados, analizados y valorados".
Al
imputado también se le ha interrogado sobre los informes del Observatorio del
Ebro, un organismo que alertó de los riesgos sísmicos de la zona en varias
ocasiones, la primera en 2005. Gómez de las Heras ha asegurado que no conocía
esas advertencias, según fuentes presentes en la comparecencia. El juez tomará
declaración esta semana a otros dos miembros del IGME que también participaron
en la elaboración del informe que dio luz verde al almacén fallido.
Además,
en esta causa están imputados dos ex directores generales del Ministerio de
Industria y a otros tres cargos del Ministerio de Medio Ambiente; todos ellos
ocupaban estos puestos durante el anterior Gobierno socialista. Según el juez,
todos participaron en la tramitación y aprobación del proyecto por lo que les
achaca presuntos delitos de prevaricación medioambiental. También ve posibles
responsabilidades en Escal-UGS, por lo que ha imputado a todo el consejo de
administración y al representante legal de esta mercantil. En total, se trata
de otras nueve personas, a las que se acusa de delitos contra el medio ambiente
y los recursos naturales.
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