Por: María Elvira Samper
María Elvira Samper es
periodista y columnista en El Espectador, diario de Colombia. En su trayectoria
ha desempeñado en televisión y radio y como directora de la ya desaparecida
Revista Cambio. En 2010 fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo
Simón Bolivar, máximo reconocimiento periodistico de la República de Colombia
Publicado en El Espectador
6 de septiembre de 2014
El Gobierno había dado algunas puntadas, pero fue por el
ladito, por medio de una ‘columnita’ publicada en El Tiempo (agosto 31),
firmada por el viceministro de Minas, Orlando Cabrales, como notificó que permitiría
el fracking para la explotación de gas de esquisto, porque el país necesita
aumentar las reservas de petróleo y gas “para seguir apalancando el
desarrollo”.
Y
que todos tranquilos, que el Ministerio redactó un marco regulatorio que —dice
Cabrales— es el resultado de una serie de talleres en los que participaron
expertos internacionales y que garantiza la aplicación de la técnica bajo los
más altos estándares de protección ambiental y con la mayor responsabilidad.
Pero
una cosa es la teoría y otra la práctica. El marco regulatorio no es garantía
de cuidado ambiental, y aun menos si las instituciones del sector son débiles
para hacerlo cumplir, si las prioridades del Gobierno son el crecimiento
económico, atraer inversión y lograr un cierto grado de seguridad energética, y
cuando la protección de los ecosistemas no es la principal preocupación de las
petroleras.
Son
tantos los riesgos del fracking, que algunos países lo prohíben (Francia,
Alemania y Austria, por ejemplo), que otros declararon la moratoria y que la
Contraloría advirtió en 2012 sobre los potenciales daños que entraña esa
técnica para el medio ambiente: derroche de agua y contaminación de aguas
subterráneas y superficiales, disminución de la disponibilidad del recurso por
uso excesivo (hasta cien mil veces más que la usada para extraer gas
convencional, según la Agencia Internacional de Energía), no recuperabilidad y
tratamiento de los líquidos residuales, aumento de la actividad sísmica y
contaminación de la atmósfera por filtración de gases.
El
Gobierno no puede, de un plumazo, sacar del debate público un asunto tan
sensible y sobre el cual la ciencia no ha dicho la última palabra. El anuncio
del marco regulatorio no elimina las dudas ni silencia las múltiples preguntas
al respecto: ¿Entre los expertos consultados había posiciones encontradas, o
eran de parte interesada que minimiza los riegos? ¿Participaron ambientalistas
en los talleres selectivos? ¿Cuál fue la posición del Minambiente? ¿Puede
Minminas garantizar que detrás de la información, las opiniones y los estudios
analizados no se esconden intereses del poderoso lobby petrolero? ¿Tienen las
instituciones mineras y ambientales el conocimiento suficiente sobre los
recursos hídricos del subsuelo? ¿Saben con certeza si los bloques donde se
presume que hay yacimientos de gas de esquisto están o no en zonas ricas en
aguas? ¿Saben que los expertos describen el proceso de perforar rocas con
líquidos a alta presión como impredecible, porque no tiene la precisión
necesaria para garantizar que las aguas no se contaminen, que no se filtren los
gases y que no aumente la actividad sísmica? ¿Qué garantías reales hay para que
los vertimientos de aguas residuales, contaminadas con químicos nocivos para la
salud, sean tratadas en plantas con capacidad para removerlos? ¿Qué dice el
nuevo ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, que encontró la decisión tomada?
¿Tiene el ministro una opinión ilustrada sobre el asunto?
Y
tan importante o más que los anteriores interrogantes es si el Gobierno ha
calculado el impacto que supone convertir en zonas petroleras, territorios
campesinos e indígenas que han vivido de otras actividades y que se verán
sometidos a profundos cambios sociales, culturales y ambientales, y expuestos a
mayor riego de conflictos por el acceso al agua y a la tierra. Me temo que el
Gobierno abrió una caja de Pandora, que en el largo plazo los costos
ambientales y sociales serán mayores que los beneficios, que los problemas que
generará el uso del fracking durarán mucho más que las reservas de gas.
Para acceder a la columna de opinión,
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