jueves, 18 de septiembre de 2014

'Fracking', una caja de Pandora







Por: María Elvira Samper


María Elvira Samper es periodista y columnista en El Espectador, diario de Colombia. En su trayectoria ha desempeñado en televisión y radio y como directora de la ya desaparecida Revista Cambio. En 2010 fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar, máximo reconocimiento periodistico de la República de Colombia
 

Publicado en El Espectador

6 de septiembre de 2014





El Gobierno había dado algunas puntadas, pero fue por el ladito, por medio de una ‘columnita’ publicada en El Tiempo (agosto 31), firmada por el viceministro de Minas, Orlando Cabrales, como notificó que permitiría el fracking para la explotación de gas de esquisto, porque el país necesita aumentar las reservas de petróleo y gas “para seguir apalancando el desarrollo”.



Y que todos tranquilos, que el Ministerio redactó un marco regulatorio que —dice Cabrales— es el resultado de una serie de talleres en los que participaron expertos internacionales y que garantiza la aplicación de la técnica bajo los más altos estándares de protección ambiental y con la mayor responsabilidad.

Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. El marco regulatorio no es garantía de cuidado ambiental, y aun menos si las instituciones del sector son débiles para hacerlo cumplir, si las prioridades del Gobierno son el crecimiento económico, atraer inversión y lograr un cierto grado de seguridad energética, y cuando la protección de los ecosistemas no es la principal preocupación de las petroleras.

Son tantos los riesgos del fracking, que algunos países lo prohíben (Francia, Alemania y Austria, por ejemplo), que otros declararon la moratoria y que la Contraloría advirtió en 2012 sobre los potenciales daños que entraña esa técnica para el medio ambiente: derroche de agua y contaminación de aguas subterráneas y superficiales, disminución de la disponibilidad del recurso por uso excesivo (hasta cien mil veces más que la usada para extraer gas convencional, según la Agencia Internacional de Energía), no recuperabilidad y tratamiento de los líquidos residuales, aumento de la actividad sísmica y contaminación de la atmósfera por filtración de gases.

El Gobierno no puede, de un plumazo, sacar del debate público un asunto tan sensible y sobre el cual la ciencia no ha dicho la última palabra. El anuncio del marco regulatorio no elimina las dudas ni silencia las múltiples preguntas al respecto: ¿Entre los expertos consultados había posiciones encontradas, o eran de parte interesada que minimiza los riegos? ¿Participaron ambientalistas en los talleres selectivos? ¿Cuál fue la posición del Minambiente? ¿Puede Minminas garantizar que detrás de la información, las opiniones y los estudios analizados no se esconden intereses del poderoso lobby petrolero? ¿Tienen las instituciones mineras y ambientales el conocimiento suficiente sobre los recursos hídricos del subsuelo? ¿Saben con certeza si los bloques donde se presume que hay yacimientos de gas de esquisto están o no en zonas ricas en aguas? ¿Saben que los expertos describen el proceso de perforar rocas con líquidos a alta presión como impredecible, porque no tiene la precisión necesaria para garantizar que las aguas no se contaminen, que no se filtren los gases y que no aumente la actividad sísmica? ¿Qué garantías reales hay para que los vertimientos de aguas residuales, contaminadas con químicos nocivos para la salud, sean tratadas en plantas con capacidad para removerlos? ¿Qué dice el nuevo ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, que encontró la decisión tomada? ¿Tiene el ministro una opinión ilustrada sobre el asunto?

Y tan importante o más que los anteriores interrogantes es si el Gobierno ha calculado el impacto que supone convertir en zonas petroleras, territorios campesinos e indígenas que han vivido de otras actividades y que se verán sometidos a profundos cambios sociales, culturales y ambientales, y expuestos a mayor riego de conflictos por el acceso al agua y a la tierra. Me temo que el Gobierno abrió una caja de Pandora, que en el largo plazo los costos ambientales y sociales serán mayores que los beneficios, que los problemas que generará el uso del fracking durarán mucho más que las reservas de gas. 


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