Herrera,
junto a Sáenz de Santamaría y Báñez en Valladolid. EFE
Un
empresario alertó al presidente de Castilla y León del "abuso de
poder" en la tramitación de parques eólicos
Publicado en el diario.es
Por Laura Cornejo
29 de mayo de 2016
En
2006, escribió una carta a Juan Vicente Herrera denunciando que la
Administración llevaba tres años sin concederle las licencias que otros recibían
en meses
El
consejero de Economía, Tomás Villanueva, llegó a decir en las Cortes que dudaba
del beneficio económico de la sociedad "con dos socios alemanes"
El
empresario acabó vendiendo sus derechos de explotación a la mercantil que
formaban Endesa y los constructores del Grupo Collosa y, dos días después, esta
empresa vinculada a la trama eólica consiguió la autorización
El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herrera, conoció de primera mano los extraños
manejos que había en la autorización de parques eólicos en la Comunidad –las
eléctricas se asociaron con empresarios locales y ex altos cargos del Gobierno
regional para conseguir licencias a cambio de 110 millones de euros– y que
ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción.
El responsable de Ibervento,
una empresa de energía renovable, informó a Herrera en una carta el 14 de marzo
de 2006. "Todos los hechos apuntan hacia la, según nuestro criterio,
injusta discriminación sufrida con respecto a otras empresas del sector, dando
lugar a una totalmente irregular aplicación del decreto para la tramitación
Parques Eólicos en la Comunidad", decía en los primeros párrafos de la
misiva.
Ibervento es una de las
empresas que acabaron fuera del negocio que habían iniciado, en favor de otras
sociedades, siempre las mismas: aquellas que estaban formadas por empresarios
locales o ex altos cargos de la Junta aliados con las eléctricas que luego les
compraban las acciones.
La mercantil, formada por
capital español y alemán, inició la tramitación de dos parques en Burgos,
Cantiruela y Las Pardas, en el Páramo de Masa, el 20 de abril de 2001. Tras
superar las distintas fases que lleva aparejadas la concesión de un parque,
consiguió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en mayo y junio
de 2003.
Con la DIA favorable, lo único
que faltaba era la firma de la autorización que, según el decreto 189/1997, no
podía tardar más de tres meses. Tardó nada más y nada menos que tres años, y
además el parque tuvo que cambiar de manos para ello. Pero, en tres años la
Junta no pudo estar más informada de lo que ocurría, porque el responsable de
Ibervento no dejó de reclamar lo que por derecho creía que le correspondía.
En enero de 2005, después de una
espera de dos años, este empresario registró un escrito en la Junta en el que
recordaba que sus parques se habían paralizado desde la DIA, algo que no
ocurría con parques como Urbel del Castillo II, que obtuvo la Declaración de
Impacto Ambiental un año más tarde que Cantiruela pero que consiguió la
autorización a los cuatro meses; y el parque La Lastra, con la DIA aprobada el
mismo día que Cantiruela y que consiguió la autorización tan solo un mes
después.
Días más tarde, registra un
nuevo escrito, con más ejemplos de parques que habían conseguido la
autorización en los plazos normales: Lodoso y Marmuellar tenían la DIA en
noviembre de 2003, cinco meses más tarde que Cantiruela, y estaba autorizado a
los ocho meses, y El Perul, con DIA el 9 de mayo de 2002, fue autorizado a los
dos meses.
Los ejemplos son claros. Los
parques de algunas sociedades se tramitaban sin pausa, y otros se quedaban
paralizados.
Pero la situación aún tenía más
vueltas de tuerca. Cuando en marzo de 2005 Ibervento dirigió un escrito al jefe
del Servicio Territorial de Industria. Éste remite otro escrito a la Dirección
General de Minas en el que se deduce que había instrucciones primero verbales y
luego escritas para que el viceconsejero de Economía, Rafael Delgado
(considerado pieza clave en la trama eólica) diese las autorizaciones,
olvidando que quien tenía la capacidad para hacerlo era el propio jefe del
Servicio Territorial, puesto que la avocación no se produce hasta un año
después, el 4 de julio de 2006.
Por eso, colmada la paciencia
del empresario, remite la carta a Herrera en marzo de 2006. Le comunica no sólo
que está sufriendo discriminación, sino que tiene todos sus proyectos
paralizados desde 2003. "Hemos cumplido con todos los requerimientos
sugeridos por los responsables de la Consejería de Economía", decía,
"pero hemos llegado a un punto en el que los requerimientos propuestos,
además de ser considerados por nosotros como un abuso de poder por la
Administración, no pueden ser entendidos ni como enriquecedores para el desarrollo
de nuestra empresa ni para el desarrollo socioeconómico del conjunto de la
sociedad de Castilla y León", avisó.
Aunque no lo dice claramente,
el autor de la carta insinúa que los requerimientos que se le hacen desde
Economía pasarían por un cambio de socios: "Por no aceptar dichos
requerimientos, que, parece ser tienen su única motivación en la nacionalidad de
los socios de Ibervento, nuestros proyectos no han llegado a fructificar",
relataba a Herrera.
Así, la única salida,
"después de múltiples intentos para solucionar el problema manteniendo
encuentros con altos responsables de la Consejería de Economía", fue recurrir
a los tribunales de Justicia, la Embajada de Alemania en España, el Ministerio
de Industria, la Dirección General de Energía en Bruselas y la Comisión
Nacional de Energía, entre otros.
La carta finalizaba con la
esperanza de que Herrera pudiese solucionar "el grave problema de la
tramitación administrativa de los parques eólicos de Ibervento". Además,
el empresario se ofreció a aportar más datos en una reunión. Si se produjo o
no, es una incógnita, pero un mes antes, una comparecencia en la Comisión de
Economía y Empleo en las Cortes de Castilla y León dejaba más que claro que la
Junta no quería, de ninguna forma, autorizar un negocio en el que hubiese
alemanes: "Me tendrá usted que explicar cuál es el beneficio económico de
esa sociedad (Ibervento), con dos socios alemanes y con un particular, me lo
tendrá usted que explicar al detalle", espetó el entonces consejero de
Economía, Tomás Villanueva, a una pregunta de la oposición sobre el
inexplicable retraso de las autorizaciones a Ibervento.
La autorización no llegó.
Finalmente, el 100% de Ibervento S.L se vende a Productor Regional de Energía
S.A (una empresa constituida por Inverduero, filial de la constructora
vallisoletana Grupo Collosa y Endesa) y se comunica el 26 de julio de 2006.
Fue entonces cuando una
autorización paralizada durante tres años, llegó en dos días, el 28 de julio.
Esta concatenación de hechos refuerza la teoría de que la Junta sólo concedía
autorizaciones a empresarios afines. Una vez conseguido el parque, las
eléctricas recompraban la parte de la sociedad de los empresarios, que apenas
habían movido un papel.
Las desventuras de Ibervento no
acabaron con los parques de Burgos. En Valladolid las cosas no fueron mucho
mejor. En 2001 esta empresa registró la solicitud de autorización de varios
parques en los términos de Peñaflor de Hornija y Medina del Campo. En 2004 se
solicitó una paralización para efectuar nuevos estudios y posteriormente la
continuación de la tramitación.
Dos años después, en 2006, la
tramitación del parque de Peñaflor seguía paralizada, por lo que se reclamó que
continuase y se explicase a qué se debía ese parón. En 2009 se registró un
registro de cese de inactividad de la administración, y se puso como ejemplo
las tramitaciones de otros parques, mucho más ágiles. La respuesta de la Junta
llegó en 2010: denegaron a Ibervento la solicitud de autorización, después de
ocho años de espera. El argumento del Gobierno fue que no tenía suficiente
capacidad económica y que parte de la documentación era incompleta, a pesar de
que en ningún momento, a lo largo de esos ocho años, se solicitó una
subsanación como es preceptivo.
Sin embargo, Ibervento sí que
consiguió, pese a esa supuesta falta de capacidad económica, desarrollar
parques eólicos en Segovia, una de las provincias a donde, supuestamente, la
trama eólica no llegó.
La Fiscalía Anticorrupción,
mientras tanto, continúa investigando el fraude descubierto por Hacienda, que
cifra en 110 millones de euros las comisiones que obtuvieron empresarios afines
a la Junta y ex altos cargos por asociarse con las compañías eléctricas para
agilizar las licencias de los parques. En el punto de mira están el que fue
viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, en cuyas empresas la Agencia
Tributaria ve ingresos sospechosos, y el exconsejero delegado de la empresa de
internacionalización de la Junta, Alberto Esgueva, que recibió 47 millones de
euros de Iberdrola y que hoy construye rascacielos en Polonia…
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