Publicado en el
Diario.es
Por Antonio M. Vélez
- El cambio se ha introducido en la Ley de Metrología, que nada tiene que ver con el sector eléctrico
- Con ella, quiere despojar a la CNMC de la fijación de las condiciones de aplicación de los peajes de la luz
- El pasado verano, Industria bajó unilateralmente los peajes a la industria vasca puenteando al organismo
Una enmienda
colada de tapadillo por el Grupo Popular en el Congreso durante la tramitación
parlamentaria de un proyecto de ley que poco o nada tiene que ver con la
energía, el relativo a la Ley de Metrología, podría servir como unidad de
medida del grado de intervencionismo con el que se maneja el actual Gobierno en
materia energética.
En concreto, a
través de la citada enmienda, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo va
a blindar su control sobre la tarifa eléctrica frente a la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC), el teórico regulador independiente de los
mercados.
El proyecto
legislativo en cuestión es el de la Ley de Metrología, una norma que,
fundamentalmente, pondrá al día el estatus y las funciones del Centro Español de Metrología, un organismo
adscrito a Industria que se ocupa, por ejemplo, de certificar el correcto
funcionamiento de los surtidores de gasolina o los radares que utiliza la
Dirección General de Tráfico (DGT) para imponer sus multas a los automovilistas
que vulneran los límites de velocidad.
La enmienda, la
número
58, ha sido introducida por el diputado canario Guillermo Mariscal,
considerado cercano al ministro de Industria, José Manuel Soria, y, entre otras
modificaciones, pretende dejar claro en la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico,
que “el Gobierno establecerá la estructura y condiciones de aplicación de los
peajes de acceso a las redes de transporte y distribución”.
Fuentes del
sector explican que con este cambio legal el Gobierno quiere despojar a la CNMC
de una competencia, la fijación de las condiciones de aplicación de los peajes
(la parte regulada del recibo de la luz), que actualmente la normativa europea
atribuye al llamado súperregulador.
Esa competencia
emana de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la
electricidad, que, tal y como reconoce el texto de la enmienda, “establece
entre las funciones reconocidas a los reguladores la de fijar o aprobar, de
acuerdo con criterios transparentes, los peajes de transporte y distribución o
las metodologías para su cálculo”.
Sin embargo, el
texto introducido por el PP considera que esa competencia debe quedar
claramente delimitada en manos de Industria por razones de “seguridad
jurídica”.
“Podría darse
la situación que se efectuaran desarrollos normativos en ambos órganos
competentes [Industria y la CNMC] cuyo objeto en aspectos puntuales fuera el
mismo, y sin embargo no fueran coincidentes, lo que conllevaría un problema de
interpretación, dificultad de saber cuál es la normativa de aplicación, y por
ende, de falta de seguridad jurídica”, explica el PP en su enmienda.
Las fuentes
consultadas creen que, con este movimiento, el Gobierno reafirma su poder
frente a la CNMC, después de que el organismo que preside José María Marín
Quemada propusiera el año pasado una metodología de asignación de costes para
las redes eléctricas (el transporte y la distribución) en la que llegaba a
decir cuánto debía corresponder a cada grupo de clientes, algo que no debió
gustar en el ministerio.
Posteriormente,
de manera unilateral y para congraciarse con los nacionalistas vascos en pleno
año electoral, el Gobierno maniobrara para aprobar una bajada selectiva de los
peajes (sólo para la industria de Euskadi), algo que, según
publicó Cinco Días (que adelantó esa decisión de Industria), suscitó
un debate en el seno de la sala de Regulación de la CNMC sobre si el ministerio
tiene atribuciones para modificar la metodología de peajes aprobada por el
organismo. Ahora, Industria ha querido zanjar cualquier tipo de duda con la
citada enmienda.
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