Publicado en La
Vanguardia / Natural
9 de Octubre de
2014
La OCU calcula que la indemnización aprobada por el consejo de ministros,
de 1350 millones de euros, más los intereses a 30 años suman un total de 4.731 millones a pagar por los consumidores del gas | Un cálculo presentado
por el Parlament sitúa la cifra final en 3.000 millones
Barcelona /
Madrid (Redacción y agencias).- La hibernación -cierre
provisional- del proyecto de almacén de gas Castor aprobada el viernes 3
de octubre por el Consejo de Ministro puede acabar costando a los consumidores
más del doble de los 1.350 millones de euros anunciados la semana pasada por el
Gobierno.
Los cálculos
realizados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
indican que si a la indemnización de 1.350 millones de euros se le aplica un
interés anual del 4,27% -durante los 30 años del período establecido para la
devolución-, la factura final por el cierre de Castor será de 4.731 millones de
euros, según el cálculo de la OCU. Por su parte, un cálculo presentado ante el
Parlament de Catalunya el pasado miércoles por la diputada de CiU Anabel Marcos
indica que la indemnización y los intereses sumarán unos 3.000 millones de
euros, a pagar finalmente por los consumidores de gas en España.
A esta cifra
-indemnización más intereses- se debería sumar una cantidad todavía no conocida
por el mantenimiento de las instalaciones durante el periodo que dure la
denominada hibernación y, si llega el caso, el coste del desmantelamiento
definitivo de el almacén y el resto de instalaciones anexas ya construidas.
La OCU ha
advertido de que, pese a que este importe será pagado en principio por la
sociedad ENAGÁS transporte, "realmente serán los consumidores los que
acaben pagando en su factura durante los próximos 30 años esa cantidad, más un
interés del 4,27 % anual, lo que elevará el importe final pagado por los
consumidores de gas a 4.731 millones".
La organización
de consumidores ha criticado que "una vez más sean los consumidores los
que finalmente tengan que hacer frente a la mala gestión" de sus
gobernantes. "Se socializan las pérdidas de un proyecto claramente
perjudicial para el interés público, y que en el caso de haber tenido éxito
habría favorecido fundamentalmente al interés privado", ha señalado.
La OCU ha
recordado que los consumidores españoles ya se encuentran entre los que más
pagan por el gas, "y seguirán escalando posiciones entre los más caros
como consecuencia del encarecimiento en la factura que supondrá esta
medida" que, además, se une al déficit de tarifa del sector eléctrico que
ya pagan los usuarios.
El Parlament
reclama que el error no lo paguen los consumidores
La Comisión de
Empresa y Empleo del Parlament de Catalunya, por su parte, aprobó el miércoles
día 8 una proposición del grupo parlamentario de CiU para reclamar al Gobierno
español que los ciudadanos no tengan que asumir las compensaciones económicas
de la indemnización por el cese de actividad de la plataforma gasista Castor.
La diputada de
CiU, Anabel Marcos, denunció que los ciudadanos están "indignados"
por la indemnización de 1.350 millones que el Gobierno ha aprobado conceder a
Escal UGS, y que asumirán los consumidores de gas en sus recibos durante 30
años. Marcos también lamentó que "el territorio está preocupado"
porque el Ejecutivo central ha dejado Castor en "hibernación" en vez
de desmantelar la plataforma.
Durante su
comparecencia en el Parlament, la diputada de CiU valoró en 3.000 millones de
euros el coste real que tendrán que pagar los consumidores, ya que a los 1.350
millones de indemnización se le deben sumar los intereses que generará la
operación y los 110.000 euros que se pagaron inicialmente por contrato a Escal
UGS. "La Generalitat impulsará medidas jurídicas en defensa de los
consumidores y para denunciar este acuerdo político que firmaron el Estado y la
concesionaria de Castor", destacó la diputada.
El caso llega
también al Europarlamento
Los
eurodiputados de ERC-NeCat, Josep Maria Terricabras y Ernest Maragall han
denunciado este jueves ante la Comisión Europea la indemnización millonaria
para la empresa del almacén de gas Castor. Terricabras y Maragall se suman así
a las críticas que también presentó a las instituciones comunitarias el
eurodiputado de ICV, Ernest Urtasun, contra el pago de 1.350 millones de euros
a una empresa privada.
Los
eurodiputados han preguntado a la CE si cree que los ciudadanos deben asumir el
pago, y si hacerlo concuerda con la política de protección de consumidores de
la UE. Además, piden si Bruselas espera que se cree una comisión de
investigación que depure responsabilidades.
Para acceder a
la noticia,
No hay comentarios:
Publicar un comentario