Cabildo
de Lanzarote
Noticias
14 de Octubre de 2014
El 48% de los miembros
del Parlamento Europeo solicitaron al presidente de la Comisión Europea que el
documento sea evaluado con un dictamen antes de que Repsol inicie las catas
El Cabildo de Lanzarote ha remitido hoy
un extenso informe dirigido al presidente de la Comisión Europea, el popular
Jean Claude Juncker, con la descripción pormenorizada de todas las irregularidades
en las que el Gobierno de España habría podido incurrir para autorizar a Repsol
a iniciar tres perforaciones en Canarias durante el próximo mes de noviembre.
El pasado 23 de septiembre, cuatro
grupos políticos del Parlamento Europeo que abarcan el 48% de los 751
diputados, acordó dirigirse por escrito al presidente Juncker para solicitar
una audiencia urgente donde hacerle entrega de un exhaustivo informe sobre las
prospecciones en Canarias. La propuesta tuvo su origen en el segundo encuentro
promovido en Bruselas por el Cabildo de Lanzarote para tratar de dirimir un
proceso administrativo que, hasta la fecha, ha sido imposible acometer en
España porque las autoridades que debían velar por la transparencia y la
legitimidad de los procedimientos son las mismas que han sido denunciadas. El
encuentro en la capital belga sumó la participación de numerosos
parlamentarios, técnicos, organizaciones no gubernamentales de toda Europa, y
colectivos sociales de Canarias, Baleares y otras regiones de España.
Los grupos firmantes de la misiva
dirigida al presidente de la Comisión Europea –Izquierda Unitaria Europea,
Demócratas Liberales, Los Verdes, y los Socialdemócratas–, presentaron su carta
el martes 30 de septiembre con la intención de que la audiencia solicitada se
produzca entre la presente semana o la siguiente. El informe remitido hoy desde
Lanzarote posee 11 anexos con más de 60 informes técnicos para documentar con
precisión no sólo las irregularidades que España ha podido cometer en los
procedimientos cursados por los Ministerios de Medio Ambiente y de Industria,
sino también para acreditar las falsedades de Repsol en sus informes, y un
escenario de riesgos y de impactos que nada tienen que ver con los reflejados
en el Estudio de Impacto Ambiental por la petrolera.
Para la Corporación lanzaroteña, el
Gobierno de España habría vulnerado en este procedimiento hasta cuatro
Directivas:
1.- Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de
13 de diciembre de 2011 relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
2.- Directiva Hábitat, 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a
la conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, en
sus anexos II y IV.
3.- Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio
de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de
hidrocarburos.
4.- Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de junio de 2013, sobre la seguridad de las operaciones relativas al
petróleo y al gas mar adentro, y que modifica la Directiva 2004/35/CE.
La gravedad de estas autorizaciones es
especialmente notoria puesto que la Declaración de Impacto Ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente, en la que de forma sorprendente otorgaba luz
verde a las perforaciones de Repsol en una zona de la máxima relevancia mundial
por su biodiversidad y por la presencia de cetáceos, fue tramitada por el señor
Miguel Arias Cañete mientras era ministro de Medio Ambiente y propietario de
acciones de dos empresas petroleras con intereses en Canarias.
Por otro lado, el 8 de octubre, el
Cabildo de Lanzarote remitió a la ministra de Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, un documento con las alegaciones al borrador de Orden Ministerial
para la inclusión en la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) del
espacio ESZZ15002 Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura,
denunciando que el Ministerio de Medio Ambiente redujo en 2012 a la mitad el
espacio inicialmente propuesto por ese mismo ministerio en 2011 para poder
autorizar las tres catas a Repsol. Las alegaciones reclaman que se restaure la
superficie contemplada y justificada por Medio Ambiente en el año 2011 para
este LIC, tras un gasto en investigación de 800.000 euros desde 2004, más 15,4
millones de euros por el Programa LIFE-INDEMARES.
En otro sentido, la Corporación insular
presentó en las últimas semanas un recurso de alzada contra la Resolución de
Industria, un incidente de nulidad ante el Supremo que abre la puerta a un
recurso de amparo en el Tribunal Constitucional que está siendo redactado en la
actualidad por los servicios jurídicos del Cabildo. La institución lanzaroteña
aprovecha esta ocasión para mostrar su decidido apoyo a la movilización
ciudadana del próximo sábado 18 de octubre en las islas, para manifestar de
nuevo el rotundo rechazo al atropello y a la amenaza ambiental y humana que
entrañan las operaciones de Repsol frente a las islas de Lanzarote y
Fuerteventura.
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