The
New York Times | Kaye Fissinger, activista de Longmont, Colorado, que venció
a las petroleras en las urnas
Publicado El Diario.mx
Por Jack Healy/ New York Times News Service
6 de enero de 2015
Longmont, Colorado— Esta ciudad ubicada en
el norte de Colorado hace dos años saltó al frente de la batalla por las
perforaciones para extraer petróleo y gas, cuando sus habitantes votaron a
favor de prohibir la fracturación hidráulica en sus espacios abiertos cubiertos
de hierba y en una presa alimentada por la nieve donde se practica la pesca de
robalo con caña.
Pero en la actualidad, Longmont se ha
convertido en una historia de alerta en torno a lo que puede llegar a ocurrir
cuando las ciudades deciden confrontar a la industria del petróleo y el gas. En
enérgica respuesta a una ola de prohibiciones encabezadas por la ciudadanía,
funcionarios estatales, compañías de energía y grupos de la industria están
llevando a Longmont y a otros municipios ante los juzgados, obligando a los
gobiernos locales a lo que los críticos consideran son esfuerzos caros y con
pocas probabilidades de triunfo en defensa de las medidas.
Si bien los detalles varían —varios municipios
han votado por prohibiciones rotundas mientras que otros han optado por
suspender durante varios años el ‘fracking’— en ciudad tras ciudad las
compañías energéticas argumentan tener derecho a extraer minerales subterráneos
y que las prohibiciones de perforar ascienden a robo aprobado por los
electores. Dicen asimismo que las dependencias estatales, no las comunidades
individuales, son quienes poseen la autoridad para imponer las reglas sobre el
petróleo y el gas.
Debido a que los casos están peleándose uno a
uno a nivel estatal, no se espera que determinen ningún estándard inmediato
nacional respecto a si los dueños de viviendas y líderes locales tienen
autoridad para mantener las torres de perforación fuera de sus poblaciones.
Pero son observados como histórica prueba legal ahora que más gobiernos están
lanzándose a un amargo debate en torno a la fracturación hidráulica, el proceso
en el cual se inyectan al subsuelo enormes cantidades de agua, arena y químicos
a fin de liberar petróleo y gas enterrados en capas de esquisto.
La medida que el estado de Nueva York tomó el
mes pasado para prohibir el “fracking”, por ejemplo, se vio venir tras el fallo
que el tribunal superior estatal emitió determinando que las ciudades podían
recurrir a sus leyes sobre zonificación con el propósito de volver ilegal la
práctica. Poco después del anuncio de Nueva York, en California, Maryland y
Pennsylvania, entre otras entidades, activistas contra la fracturación
hidráulica renovaron sus llamados a las prohibiciones.
Grupos ciudadanos y organizaciones defensoras
del medio ambiente sostienen que los habitantes locales tienen derecho a vivir
en tranquilas calles suburbanas y llevar a sus hijos a pie a la escuela sin
preocuparse por fugas de metano provenientes de los pozos, ni del tráfico y el
ruido de los tractocamiones de las torres de perforación que remolcan
maquinaria y agua hasta los centros de extracción. Desde luego, otros dueños y
moradores de propiedades aceptan el “fracking” como gran fuerza económica que
ha generado miles de empleos, enriquecido a los gobiernos locales y abierto
nuevas oportunidades económicas en comunidades rurales.
En Colorado, la industria energética, la cual
argumenta que las ciudades carecen de autoridad para prohibir la fracturación
hidráulica, ha conseguido dos fallos que anulan prohibiciones a la técnica de
extracción.
“En esto hay que asumir una línea dura”, dijo
Tisha Schuller, presidenta de la Asociación de Petróleo y Gas de Colorado, la
cual dirige la campaña destinada a derrotar las regulaciones locales. “Una
prohibición no aborda nuestras necesidades subyacentes de energía. Aclara la
agenda de los activistas, la cual es, ‘no queremos ningún desarrollo con
petróleo y gas, aunque como comunidad seguiremos consumiendo petróleo y gas”.
No obstante, Schuller añadió que “la prioridad
dominante” de su grupo era colaborar con las comunidades, no demandarlas. Con
dicho propósito, agregó, la organización ha ayudado a concretar más de 20
convenios entre compañías energéticas y comunidades situadas alrededor del
estado a fin de buscar equilibrar las inquietudes sobre el ruido, el tráfico y
otros efectos colaterales de las perforaciones con el derecho que los dueños de
las propiedades tienen para aprovechar sus recursos minerales.
Hasta ahora Longmont, la cual se localiza cerca
de donde se unen planicies ondulantes y cerros irregulares, ha gastado cerca de
136 mil dólares litigando infructuosamente —para defender una medida del 2012
que declaraba ilegal el “fracking”. En julio, un juez federal de distrito
invalidó la prohibición, y ahora el gobierno de la ciudad está apelando.
El año pasado en Fort Collins también un juez
anuló la prohibición de la fracturación hidráulica y rechazó las súplicas del
gobierno municipal de mantener en vigor la prohibición mientras los
funcionarios locales acudían a los tribunales para defender la moratoria de
cinco años contra el “fracking”. En Broadview Heights, Ohio, compañías de
energía están demandando al gobierno de la ciudad —y como respuesta los
habitantes están demandando a las empresas— por las garantías individuales que
consideran ilícita la fracturación hidráulica y la eliminación de sus
derivados.
En Denton, Texas, al día siguiente de que los
electores aprobaran en noviembre la primera prohibición del “fracking” en el
estado, la medida se topó con demandas interpuestas por la Oficina General de
Terrenos de Texas y la Asociación de Petróleo y Gas de Texas. Una funcionaria
de la comisión reguladora del petróleo y el gas en el estado dijo a The Dallas
Morning News que se seguirían emitiendo permisos a las compañías que tengan la
esperanza de hacer perforaciones en Denton, aunque la prohibición sigue
vigente.
En Longmont, entre empresas energéticas y opositores a la fracturación hidráulica ya se habían registrado roces en torno a los planes de realizar perforaciones cerca de subdivisiones nuevas y un campo de golf. Pero en el 2011, la oposición se generalizó a raíz de que los habitantes locales se enteraron de una propuesta para perforar cerca de la presa Unión, el cristalino lago que refleja las montañas. En noviembre del 2012, la campaña de los grupos ambientalistas condujo a que se prohibiera no sólo el “fracking” sino también el almacenamiento o la eliminación de cualquier desecho de dicha práctica.
En Longmont, entre empresas energéticas y opositores a la fracturación hidráulica ya se habían registrado roces en torno a los planes de realizar perforaciones cerca de subdivisiones nuevas y un campo de golf. Pero en el 2011, la oposición se generalizó a raíz de que los habitantes locales se enteraron de una propuesta para perforar cerca de la presa Unión, el cristalino lago que refleja las montañas. En noviembre del 2012, la campaña de los grupos ambientalistas condujo a que se prohibiera no sólo el “fracking” sino también el almacenamiento o la eliminación de cualquier desecho de dicha práctica.
“A la gente le pareció quijotesco”, opinó Kaye
Fissinger, jubilado radicado en Longmont que dirigió la campaña. Ese año la
industria invirtió aproximadamente 500 mil dólares en comerciales y volantes,
más de 10 veces lo recabado por los activistas para que se aprobara la
prohibición. Pero, señaló Fissinger, ‘“Sueño Imposible’ siempre ha sido una de
mis canciones favoritas”.
Se hallaba en juego mucho más que 500 mil
dólares. Funcionarios municipales y compañías de energía calcularon que
Longmont estaba flotando sobre petróleo y gas —recursos que se bloquearon— con
valor de hasta 500 millones. Si bien la prohibición no declaraba explícitamente
ilegal las perforaciones, funcionarios de la industria señalaron que la
prohibición del “fracking” impedía un paso crucial necesario a efecto de explotar
el petróleo y el gas.
“Definitivamente no hay duda alguna de que es
ilícito lo que hizo el gobierno de la ciudad”, dijo Dale Bruns, asesor de TOP
Operating Co., el principal operador de petróleo y gas en Longmont, que está demandando
al gobierno local. “Longmont está dañándose una y otra vez. Hay un grupo de
personas simplemente tercas que piensan que el combustible fósil es malo, y
para Longmont eso es terrible. Este grupo minoritario ha enardecido al público
con aseveraciones falsas”.
Bryan Baum, exalcalde que se opuso a la
prohibición, pronosticó que ésta sería derrotada en todos los niveles de las
apelaciones, incluyendo ante la Suprema Corte de Colorado, debido a que sólo el
estado puede regular las perforaciones. Ahora, con el caso dirigiéndose a
tribunales de mayor instancia, Baum dijo creer que muchos habitantes de la
ciudad sentían remordimientos por la prohibición.
“Si hiciéramos la misma votación, creo que los
resultados serían distintos”, opinó. “Ha costado mucho a la ciudad. No sólo se
trata del dinero que cuesta defender esto —son las oportunidades y las
industrias que pudieron haberse traído a nuestra comunidad”. Si bien en agosto
el cabildo del gobierno de la ciudad de Longmont votó por unanimidad a favor de
defender la prohibición de la fracturación hidráulica, otras ciudades han
decidido que la lucha resulta demasiado cara. Luego de que Lafayette perdiera
un juicio legal inicial sobre las restricciones que sus electores aprobaron
para el aprovechamiento de petróleo y el gas, el cabildo votó 4-3 a favor de
desistir y retirar apelaciones posteriores.
En Lafayette sólo existen alrededor de 12 pozos
activos, restos de los años 80, pero la comunidad yace a la orilla del auge
petrolero de Colorado y quería asegurarse de que no la invadieran las
perforaciones. Aunque la prohibición era básicamente simbólica, pronto fue
impugnada por la Asociación de Petróleo y Gas de Colorado y se invalidó.
Después de dicha batalla, la cual costó 62 mil dólares, los regidores tuvieron
bastante.
“Es una táctica para asustar”, dijo la
alcaldesa, Christine Berg, quien votó a favor de continuar el caso legal.
“Somos una comunidad pequeña. Somos 25 mil personas, y estamos dando batalla.
Estamos atrapados entre las amenazas legales y lo que quieren nuestros
electores, lo cual es que se tome en cuenta su opinión acerca del futuro de sus
comunidades”.
Para acceder a la noticia,
Para acceder al artículo original en The New York Times,
http://www.nytimes.com/2015/01/04/us/heavyweight-response-to-local-fracking-bans.html?_r=0
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