Publicado en Diario de San Rafael
6 de febrero de 2015
El Cuarto Juzgado en lo
Civil de San Rafael dio lugar a una medida cautelar interpuesta por
organizaciones ambientalistas del sur, frente a las múltiples irregularidades
del procedimiento en la declaración de la empresa, que pretende instalar 17
pozos en el sur provincial.
La audiencia pública
que se iba a hacer hoy en Malargüe por la instalación de la empresa OIL
combustibles de Cristóbal López para extraer petróleo por el método de
fracking, fue suspendida a partir de que la justicia hizo lugar a una medida
cautelar solicitada en el marco de un recurso de amparo por el abogado
ambientalista y miembro de la ONG Nativa Gustavo Correa Gabbi.
La iniciativa surgió
luego de reuniones en General Alvear con productores y dirigentes ambientales,
como Pilar Castilla, Andrea Fantinel, Carlos Pía y Alberto Kobayashi, y la gran
red ambientalista que funciona en el sur, donde se decidió el estudio técnico
de la situación y, ante la multiplicidad de irregularidades descubiertas,
tomaron la decisión de presentarse ante la Justicia local por la vía del amparo
ambiental.
Las actividades de la
empresa podrían tener grave incidencia ambiental para los departamentos
sureños, especialmente San Rafael y General Alvear. La firma había iniciado en
2009 un expediente ante la Dirección de Protección Ambiental con el objeto de
obtener la Declaración para un proyecto petrolero sobre 17 pozos, ubicados en
su gran mayoría sobre la cuenca de los Ríos Atuel y Diamante, principales
sostenes hídricos del Oasis Sur de la Provincia.
Geográficamente, 2
pozos se encuentran en Malargüe, 2 en San Carlos y 13 en San Rafael,
diseminados desde la costa norte del río Diamante hasta la costa sur del río
Atuel.
Correa Gabbi, en
diálogo con nuestro diario, elogió el desempeño del Cuarto Juzgado en lo Civil.
"Estoy muy contento con el funcionamiento del juzgado, mostraron alta
predisposición, capacidad de estudiar y trabajar a deshora para resolver algo
presentado contrarreloj". El recurso incluyó el pedido de una medida
cautelar, que es en definitiva la que termina por suspender la audiencia
pública.
Luego de la resolución
judicial, se trasladó a Mendoza para notificar al gobierno y a la empresa. Es
llamativo lo ocurrido en esa instancia, ya que el gobierno trató de rechazar
con tecnicismos dicha notificación, "todo lo que no le exigieron a la
empresa me lo exigieron a mí", manifestó el abogado, y finalmente la
notificación fue recibida por la Dirección de Protección Ambiental, con
lo que el Ejecutivo provincial quedó oficialmente notificado.
Otro episodio
desagradable le tocó vivir al notificar a la empresa, donde los integrantes de
la ONG recibieron maltratos y agresiones y debieron llamar a la policía,
situaciones que darán lugar a la apertura de una nueva causa judicial.
Entre las
irregularidades más importantes, el profesional citó la falta de participación
de la Municipalidad de Alvear, siendo que la Ley 5961 obliga a dar intervención
a todos los municipios que pudieran verse afectados. Graves contradicciones y
omisiones por parte del Departamento de Irrigación, quien dio dictamen
favorable luego de omitir la intervención de la Subdelegación de Aguas del Río
Atuel y de ignorar un dictamen lapidario de la Subdelegación de Aguas del
Diamante. La falsa información brindada por la empresa ante las observaciones
formuladas por la Universidad Nacional de Cuyo. La omisión de brindar
información a la ciudadanía, poniendo a disposición solo parte de la misma en
Malargüe y en la capital Mendocina, siendo que los principales interesados se
encuentran en San Rafael, San Carlos y General Alvear.
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