Publicado en El País
Por Miguel Ángel Noceda
13 de febrero de 2015
El abuso de los votos
particulares discrepantes de algunos consejeros abren una vía de agua en el
funcionamiento del organismo regulador al año y medio de su creación
El
miércoles, 18 de febrero, el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, tiene previsto comparecer
ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados a petición propia
para presentar el Plan de Actuación del organismo. El programa es la letra
pequeña, por así decir, del Plan Estratégico que él mismo presentó el pasado 13
de mayo en el mismo foro y, posteriormente, en el Senado. Pero, más allá de
esta circunstancia de por sí importante para la institución que nació en
septiembre de 2013 fruto de la fusión de las existentes (Competencia, Energía,
Telecomunicaciones…), la presencia de su presidente en sede parlamentaria será
una oportunidad para que diputados diligentes pregunten por la evolución del
organismo y las grietas que han aparecido en su funcionamiento.
En
ese sentido, a medida que han pasado los meses se han acumulado episodios que
demuestran que las aguas bajan turbias en el antiguo palacio de los Urquijo de
la madrileña calle de Alcalá y ponen en cuestión la independencia del organismo
después de que, en ese sentido, su presidente se haya ganado el respeto y la
consideración en el año y medio que lleva al frente del mismo.
Las
desavenencias han surgido sobre todo en la Sala de Competencia (la CNMC se
compone de dos salas, Competencia y Regulación, de cinco miembros cada una, que
presiden el presidente de la Comisión, la primera, y la vicepresidenta, María
Fernández, la segunda). La división se ha reflejado en los votos particulares disidentes
emitidos de forma sistemática por dos de los cinco consejeros. Se da la
circunstancia de que esos dos consejeros, Benigno Valdés y Fernando Torremocha,
son personas afines al PP. Su actitud está a punto de colmar la paciencia el
resto de componentes de la sala (Idoia Zenarruzabeitia, María Ortiz y Marín).
Las
últimas disidencias se han producido en las resoluciones de las multas de 2,5
millones a Cepsa y de 98 millones a las empresas de recogida y gestión de
basura, que, precisamente, han anunciado que recurrirán basándose en el
contenido del voto particular de Torremocha. En el primer caso, este sostiene
que sus tres compañeros se tenían que haber abstenido por haber sido recusados.
Pero, antes, ha habido votos particulares en las resoluciones sobre
recuperación de papel y cartón, SGAE-conciertos, peluquería, productores de
sal, palés, Nestlé España, Endesa instalación, criadores de caballos, Agencias
de viaje independientes GEA, Colegio de arquitectos de Huelva, petroleras y la
firma Munters.
Esta
situación hace complicado que los máximos responsables de la CNMC se pongan de
perfil. Como ha señalado el profesor del IE Law School Francisco Martos en un
artículo reciente en Nada es Gratis, esta actitud “resulta especialmente grave
cuando se examina el contenido y sentido de las opiniones disidentes
formuladas”. Aunque el régimen jurídico reconoce el derecho de sus miembros a
ejercer su derecho y formular un voto particular, así como expresar el sentido
y los motivos que lo justifican, es “evidente que están siendo utilizados con
propósitos que exceden tal cometido”.
En
teoría, los votos particulares deben utilizarse para expresar las
discrepancias, pero su uso reiterado obstaculiza el funcionamiento normal de la
institución y de los que hacen la instrucción. Pero quizá llame más la atención
que sean exculpatorios para las empresas afectadas o pidan una sustancial
reducción de la multa, como señala Martos.
Quizá
la comparecencia parlamentaria sirva para que las fuerzas políticas se
involucren con el presidente de la CNMC en arreglar el entuerto. El PSOE, que
se quedó fuera del reparto de competencias cuando se constituyó la nueva CNMC
por discrepancias con el Gobierno, y otros grupos tienen la oportunidad de
incorporar se al organismo (el Gobierno manejó los nombramientos a su antojo,
dejando solo a dos representantes de partidos nacionalistas: Zenarruzabeitia,
por el PNV, y Josep Maria Guinart, por CiU). Ahora, para ello, bien se puede
ampliar el pleno del consejo de 10 a 12 miembros o aprovechar la renovación
parcial que debe hacerse en septiembre y que afecta a tres de sus miembros
(María Ortiz, de la sala de Competencia, Eduardo García Matilla y Diego
Rodríguez, de la de Regulación), que pueden ser renovados para cuatro más. O
las dos cosas.
Una sentencia disuasoria
La
CNMC recibió con contento la sentencia del Tribunal Supremo según la que podrá
multar con hasta el 10% de la facturación a las empresas que vulneren la normativa
cuando considere que han cometido falta muy graves. En teoría, el reglamento de
la institución permite sancionar a los infractores con el 10% de los ingresos;
pero el pragmatismo llevaba a que no pasará del 3% porque las superiores eran
rechazadas en los juzgados. Ahora, aunque se necesita otra sentencia para crear
jurisprudencia, se abre una puerta para que la multa máxima sea viable. El
porcentaje del 10% hace que las sanciones sí sean disuasorias. Un triunfo que
llega en un momento muy oportuno para el organismo que preside José María
Marín.
Para acceder a la noticia,
http://economia.elpais.com/economia/2015/02/13/actualidad/1423848416_325644.html
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