El Gobierno en funciones de Rajoy presiona para
aprobar el 'TTIP canadiense'
Publicado en Público
Por Alejandro López
de Miguel
28 de abril de 2016
Un
documento al que 'Público' ha accedido en exclusiva prueba que el Ejecutivo en
funciones trabaja para que el CETA pueda aplicarse a partir del 2017, aunque no
ha obtenido ningún tipo de apoyo del parlamento, ni le ha pedido que se
pronuncie al respecto.
MADRID.- El Gobierno de Mariano
Rajoy lleva en funciones desde el 21 de diciembre, un día después de las
elecciones generales, pero eso no le impide presionar para lograr la
ratificación de un acuerdo comercial que afectará a la vida diaria de los
europeos, ni tampoco para abogar por una ratificación provisional, dejando
algunos aspectos por cerrar para que el CETA entre en vigor en 2017. Y lo hace
sin que el Congreso de los diputados se pronuncie al respecto.
Público ha
accedido en exclusiva al documento que recoge la posición de la Representación
Permanente de España ante Bruselas, el apéndice del gobierno español y su
enlace principal ante las instituciones europeas, sobre el acuerdo comercial
entre la UE y Canadá; el CETA. El texto, presentado este miércoles en una reunión
del Comité de Política Comercial de la UE, en el que tienen representación cada
uno de los estados miembros, se deshace en elogios hacia el criticado tratado
de libre comercio: "El primer acuerdo amplio y ambicioso con un país
desarrollado del G8"; "Un excelente precedente para futuros acuerdos
con países como Estados Unidos o Japón", según la representación española
ante la UE.
El Ejecutivo en funciones pide
que se firme "con la mayor rapidez" la "aplicación provisional
del acuerdo", para que "pueda entrar en vigor lo antes posible (previsiblemente
a principios de 2017), lo cual redundará en amplios beneficios económicos y
comerciales para ambos socios", siempre según el texto.
Sin embargo, cientos de
organizaciones sociales y partidos políticos son menos optimistas que el
Gobierno en funciones o la Comisión Europea, y llevan meses advirtiendo de que
una "aplicación provisional", como pide el Ejecutivo de Rajoy, no tendría
vuelta atrás.
"La implantación
provisional dura tres años", explica a este diario Tom Kucharz, portavoz
de Ecologistas en Acción y de la Campaña estatal No al TTIP, que asegura que
esta implementación tendría lugar "sin debate parlamentario" y
"sin un estudio de impacto sobre cómo afectaría a la población".
"Sería un golpe contra la democracia representativa", sostiene.
Por otro lado, desde la Campaña
contra el TTIP cuestionan también que un ejecutivo en funciones pueda estar
legitimado para presionar y, llegado el caso, ratificar un acuerdo con las
repercusiones del 'Comprehensive Economic and Trade Agreement' (CETA). "Es
inaceptable que un gobierno en funciones decida sobre algo así. Incluso aunque
fuera legal es ilegítimo, porque va a tocar cuestiones de política pública que
afectan a las vidas de todos los españoles", apostilla Kucharz, que
pide al resto de partidos políticos que presionen para que el Ejecutivo en
funciones del PP cambie de rumbo.
"La implantación
provisional dura tres años", explican desde Ecologistas en Acción, y
tendría lugar "sin debate parlamentario" y "sin un estudio de
impacto sobre cómo afectaría a la población"
El Comité de Política Comercial
o Trade Policy Comitee orienta y controla la política comercial de la UE y cuenta
con representación de la Comisión Europea. Sus actas son secretas y
generalmente se reúne una vez al mes. Entre otros temas, la reunión en la
que la representación permanente ha presentado la posición del Ejecutivo en
funciones tenía cierto carácter preparatorio de cara al Consejo de Ministros de
Comercio del próximo 13 de mayo, en el que el TTIP y el CETA tendrán un papel
protagonista.
No está previsto que se adopten
nuevas decisiones sobre la fecha de ratificación del acuerdo con Ottawa
-prevista para finales de año-, pero sí servirá como toma de contacto a la
Comisión, que ve cómo el rechazo de los europeos a estos acuerdos comerciales sigue
creciendo.
A pesar del silencio de la
mayoría de grandes medios de comunicación españoles al respecto, el TTIP
comienza a ser conocido, pero no así el CETA. Activistas, sindicatos y partidos
políticos advierten que ambos forman parte de una misma lógica, y que el
CETA es una suerte de caballo de Troya del polémico acuerdo
transatlántico.
El
"éxito" de los tribunales privados de arbitraje
El documento también celebra el
"éxito" que a su juicio suponen los cambios ejecutados en el
mecanismo de resolución de disputas entre empresas inversoras y estados (ISDS),
que permite a las multinacionales demandar a estos países por cifras
millonarias de considerar afectados sus beneficios por los cambios normativos
decretados por los respectivos gobiernos…
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