Pancarta contra el
'fracking' en Quintanilla-Sobresierra (Burgos). / GORKA LEJARCEGI
Publicado en El País
Por Manuel Planelles
25 de abril de 2016
Los
magistrados sostienen que la Generalitat invade competencias del Estado
El pleno del Tribunal
Constitucional ha anulado una parte de la Ley 2/2014, del 27 de enero, de
Cataluña; en concreto, el artículo en el que se prohibía el uso de la fractura hidráulica
para la exploración y extracción de hidrocarburos. Los magistrados consideran
que la "autorización para el empleo de esta técnica" es "una
competencia estatal", de ahí que admitan el recurso que presentó el
Gobierno contra esta norma catalana.
El Constitucional ya había
anulado las leyes antifracking que
varias comunidades aprobaron la legislatura pasada al rechazar el apoyo que el
Gobierno central ha ofrecido a esta técnica, aún no usada en España y que
consiste en inyectar a través de los pozos agua y productos químicos a presión
para romper las rocas en las que se alojan el gas y el petróleo.
El alto tribunal recuerda, en
concreto, que ha tumbado las leyes de Cantabria, La Rioja y Navarra, ya que
tanto la autorización como la "declaración de su impacto en el medio
ambiente son requisitos que corresponde establecer al Estado".
"La prohibición absoluta e incondicionada de la técnica de la fractura
hidráulica en todo el territorio" de esas comunidades fue declarada
contraria "de manera radical e insalvable" a lo que puedan disponer
las leyes estatales.
Además, el Constitucional
también apunta a que "las competencias autonómicas sobre ordenación del
territorio y medio ambiente no justifican la prohibición del fracking, al no poder prevalecer
sobre la competencia exclusiva del Estado en materia de régimen minero y
energético y de ordenación general de la economía". Esa era la vía que empleaba la ley catalana.
El Constitucional sostiene que
la normativa estatal establece que "la fracturación hidráulica como
tecnología debe utilizarse siempre que el proyecto cumpla determinados
requisitos de carácter técnico y medioambiental". Sin embargo, interpretan
los magistrados, la ley autonómica "la contempla en sentido inverso como
tecnología que debe prohibirse por sus posibles efectos perjudiciales ante
cualquiera de las múltiples circunstancias enunciadas". El Constitucional
interpreta que en la norma autonómica esta técnica "queda prohibida con
carácter absoluto en el territorio de Cataluña siempre que su utilización
concierna cualquier ámbito competencial de la Generalitat".
José
Manuel Soria
El apoyo al fracking ha sido uno de los rasgos distintivos del recién dimitido José Manuel
Soria. Desde el Ministerio de Industria modificó varias normas para allanar el camino al uso de esta
polémica técnica, que despierta un importante rechazo.
Sin embargo, varias
comunidades, algunas de ellas gobernadas por el PP, no compartían esa política.
Y aprobaron normas en las que se intentaba vetar el fracking. En respuesta, el Gobierno llevó esas leyes al
Constitucional, que ha dado la razón siempre al Ejecutivo central al ver una
invasión de competencias.
Pese a estar en funciones, el
Gobierno decidió el 8 de abril llevar también al Constitucional la
normativa del País Vasco que pone trabas al uso de la técnica de la fractura hidráulica.
Esa ley contó en el Parlamento autónomo con el apoyo del PP.
El Gobierno de Mariano Rajoy
dio este paso diez días después de que la nueva mayoría parlamentaria aprobara una iniciativa en el
Congreso en la que pedía justo lo contrario: que no se permita el fracking en España y que se
suspendan los permisos existentes que contemplen esta polémica técnica, aunque
sean solo de investigación.
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