Publicado en Público.es
Por Eduardo Bayona
26 de abril de 2016
La
comunidad paraliza los planes de varias empresas para extraer gas e
hidrocarburos del subsuelo mediante técnicas de fractura hidráulica y su
Consejo de Protección de la Naturaleza eleva las exigencias de estudios
ambientales previos a su eventual autorización, mientras el Constitucional
tumba las leyes antifracking de varias autonomías
ZARAGOZA .- El Gobierno
de Aragón ha optado por la vía de los hechos para vetar el fracking en su
territorio, en el que la lista de proyectos de fractura hidráulica para extraer
hidrocarburos y gases del subsuelo llegó a superar la veintena. Esa postura,
derivada de una resolución aprobada por las Cortes la pasada legislatura, ha
conllevado la congelación de 10 iniciativas, nueve de ámbito autonómico y una
supranacional, confirmaron fuentes del Departamento de Economía, Industria y
Empleo.
La decisión del
ejecutivo autonómico, de carácter político pero no regulada formalmente
mediante una ley o una disposición legal, evita que pueda ser modificada por la
vía de los recursos. El
Tribunal Constitucional ha anulado esta semana la ley catalana, que vetaba
el fracking “cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas,
ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona”, al considerar que
invade competencias estatales. Antes había hecho lo mismo con las normas de
Cantabria, La Rioja y Navarra, mientras Andalucía ha aprobado una moratoria
prorrogable.
“Aragón fue declarado
territorio libre de fracking por un mandado de las Cortes y seguimos en esa
posición”, señalaron las mismas fuentes, que especificaron que, básicamente, se
trata de permisos de investigación, previos a las eventuales prospecciones.
El consejero de
Desarrollo Rural, Joaquín Olona, se pronunció hace unas semanas en el mismo
sentido. “El fracking o fractura hidráulica no tiene cabida en el modelo de
desarrollo sostenible deseado para Aragón”, señaló en una respuesta
parlamentaria, en la que se mostraba partidario de vetar esta técnica, tanto
para la investigación como para la explotación de yacimientos de hidrocarburos
y de gases no convencionales, “hasta que no haya garantías para la seguridad de
la salud humana y el medio ambiente” y “hasta que la Unión Europea determine
las condiciones técnicas que garanticen la protección, la salud y el medio
ambiente”. De hecho, tanto la Comisión como el Europarlamento se han mostrado
críticos con el fracking.
Otros seis
proyectos cancelados y siete caducados
Esa decisión política ha
hecho que en Aragón únicamente siga vigente un permiso de investigación. Se
trata del paraje denominado Carlota, en la provincia de Huesca, aprobado en
2010, tal y como recoge el Libro de Registros que el ejecutivo muestra en su portal
de transparencia.
A los nueve permisos
congelados, que habían sido solicitados entre febrero de 2012 y julio de 2013,
se añade la cancelación de otros seis, pedidos entre 2009 y 2015; la caducidad
de otros siete, todos de 2013 y 2014, y la renuncia del promotor, formalizada
el año pasado, a otro más de los dos que llegaron a ser aprobados hace dos
legislaturas, en este caso también en Huesca.
Otras seis
autorizaciones, que sumaban una extensión de más de 400.000 hectáreas, habían
sido solicitadas al Gobierno central por afectar a más de una comunidad. Uno de
ellos, conocido como Aquiles y que afectaba a un área de más de 96.000
hectáreas a caballo entre Aragón y Navarra, llegó a ser autorizado. El Congreso
aprobó hace unas semanas otra resolución
contraria al uso de esta técnica.
Los proyectos de
fracking provocaron movilizaciones de oposición en varias zonas de la comunidad
y llevaron al Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón (CPNA) a emitir
un informe en el que enumera una serie de recomendaciones sobre las
prospecciones que, en la práctica, dificultaría su ejecución por los estudios
previos que propone para evitar daños.
El documento, concebido para “servir de orientación a las
administraciones” en esta materia, fue aprobado por unanimidad en el consejo y
tiene la bendición del Gobierno autonómico, del que proceden seis de sus 32
miembros.
Estudios
previos sobre casi un kilómetro de subsuelo
El dictamen, que aboga
por “el principio de precaución y cautela” y destaca “la dificultad de conocer
la magnitud e importancia de los impactos ambientales sobre el subsuelo y los
acuíferos”, propone vetar las prospecciones de fracking si no están previamente
avaladas por ocho estudios sobre las condiciones de casi un kilómetro de
subsuelo.
El fracking consiste en fracturar
horizontalmente las rocas que contienen la bolsa de gas o de hidrocarburos por
su parte superior para inyectar una mezcla de un 98% de agua y arena y un 2% de
compuestos químicos que provocan cuya presión provoca la salida del recurso
natural mezclado con el material inyectado, del que debe ser posteriormente
separado.
El CPNA señala como sus
principales riesgos, además de emisiones de metano que pueden oscilar entre un
4% y un 17% del volumen extraído, “la contaminación de las aguas subterráneas
por conectividad hidráulica, el aumento de la sismicidad inducida, el retorno
de aguas con estos aditivos y otros materiales del subsuelo”, además de
impactos “sobre el aire, el consumo de aguas, el paisaje, el medio natural, la
biodiversidad, el turismo rural, la agricultura, la ganadería, la salud humana,
el empleo”…
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