miércoles, 27 de abril de 2016

Aragón veta el fracking por la vía de los hechos y congela 10 proyectos







Publicado en Público.es
Por Eduardo Bayona
26 de abril de 2016 



La comunidad paraliza los planes de varias empresas para extraer gas e hidrocarburos del subsuelo mediante técnicas de fractura hidráulica y su Consejo de Protección de la Naturaleza eleva las exigencias de estudios ambientales previos a su eventual autorización, mientras el Constitucional tumba las leyes antifracking de varias autonomías


ZARAGOZA .- El Gobierno de Aragón ha optado por la vía de los hechos para vetar el fracking en su territorio, en el que la lista de proyectos de fractura hidráulica para extraer hidrocarburos y gases del subsuelo llegó a superar la veintena. Esa postura, derivada de una resolución aprobada por las Cortes la pasada legislatura, ha conllevado la congelación de 10 iniciativas, nueve de ámbito autonómico y una supranacional, confirmaron fuentes del Departamento de Economía, Industria y Empleo.

La decisión del ejecutivo autonómico, de carácter político pero no regulada formalmente mediante una ley o una disposición legal, evita que pueda ser modificada por la vía de los recursos. El Tribunal Constitucional ha anulado esta semana la ley catalana, que vetaba el fracking “cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona”, al considerar que invade competencias estatales. Antes había hecho lo mismo con las normas de Cantabria, La Rioja y Navarra, mientras Andalucía ha aprobado una moratoria prorrogable. 

“Aragón fue declarado territorio libre de fracking por un mandado de las Cortes y seguimos en esa posición”, señalaron las mismas fuentes, que especificaron que, básicamente, se trata de permisos de investigación, previos a las eventuales prospecciones.

El consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, se pronunció hace unas semanas en el mismo sentido. “El fracking o fractura hidráulica no tiene cabida en el modelo de desarrollo sostenible deseado para Aragón”, señaló en una respuesta parlamentaria, en la que se mostraba partidario de vetar esta técnica, tanto para la investigación como para la explotación de yacimientos de hidrocarburos y de gases no convencionales, “hasta que no haya garantías para la seguridad de la salud humana y el medio ambiente” y “hasta que la Unión Europea determine las condiciones técnicas que garanticen la protección, la salud y el medio ambiente”. De hecho, tanto la Comisión como el Europarlamento se han mostrado críticos con el fracking.

Otros seis proyectos cancelados y siete caducados

Esa decisión política ha hecho que en Aragón únicamente siga vigente un permiso de investigación. Se trata del paraje denominado Carlota, en la provincia de Huesca, aprobado en 2010, tal y como recoge el Libro de Registros que el ejecutivo muestra en su portal de transparencia.

A los nueve permisos congelados, que habían sido solicitados entre febrero de 2012 y julio de 2013, se añade la cancelación de otros seis, pedidos entre 2009 y 2015; la caducidad de otros siete, todos de 2013 y 2014, y la renuncia del promotor, formalizada el año pasado, a otro más de los dos que llegaron a ser aprobados hace dos legislaturas, en este caso también en Huesca.

Otras seis autorizaciones, que sumaban una extensión de más de 400.000 hectáreas, habían sido solicitadas al Gobierno central por afectar a más de una comunidad. Uno de ellos, conocido como Aquiles y que afectaba a un área de más de 96.000 hectáreas a caballo entre Aragón y Navarra, llegó a ser autorizado. El Congreso aprobó hace unas semanas otra resolución contraria al uso de esta técnica.

Los proyectos de fracking provocaron movilizaciones de oposición en varias zonas de la comunidad y llevaron al Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón (CPNA) a emitir un informe en el que enumera una serie de recomendaciones sobre las prospecciones que, en la práctica, dificultaría su ejecución por los estudios previos que propone para evitar daños.

El documento, concebido para “servir de orientación a las administraciones” en esta materia, fue aprobado por unanimidad en el consejo y tiene la bendición del Gobierno autonómico, del que proceden seis de sus 32 miembros.

Estudios previos sobre casi un kilómetro de subsuelo

El dictamen, que aboga por “el principio de precaución y cautela” y destaca “la dificultad de conocer la magnitud e importancia de los impactos ambientales sobre el subsuelo y los acuíferos”, propone vetar las prospecciones de fracking si no están previamente avaladas por ocho estudios sobre las condiciones de casi un kilómetro de subsuelo.

El fracking consiste en fracturar horizontalmente las rocas que contienen la bolsa de gas o de hidrocarburos por su parte superior para inyectar una mezcla de un 98% de agua y arena y un 2% de compuestos químicos que provocan cuya presión provoca la salida del recurso natural mezclado con el material inyectado, del que debe ser posteriormente separado.

El CPNA señala como sus principales riesgos, además de emisiones de metano que pueden oscilar entre un 4% y un 17% del volumen extraído, “la contaminación de las aguas subterráneas por conectividad hidráulica, el aumento de la sismicidad inducida, el retorno de aguas con estos aditivos y otros materiales del subsuelo”, además de impactos “sobre el aire, el consumo de aguas, el paisaje, el medio natural, la biodiversidad, el turismo rural, la agricultura, la ganadería, la salud humana, el empleo”…



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