Alfonso
Alonso, ministro de Sanidad y líder del PP en el País Vasco, y el lehendakari
Íñigo Urkullu. Efe
Publicado en El
Español
Por Montse Ramírez
22 de abril de 2016
EH
Bildu y PSE acusan al PNV de ampararse en el recurso del Gobierno central para
incumplir la ley que no apoyó en el Parlamento Vasco
La pugna competencial entre los
Gobiernos central y vasco, reabierta por los últimos recursos ante el
Constitucional y la reacción del Ejecutivo de Urkullu, ha vivido este viernes
en el Parlamento autonómico un nuevo capítulo sobre las contradicciones
internas que provoca en el seno de la comunidad autónoma, fundamentalmente en
el PNV.
El jueves volvía a quedar en
evidencia durante el debate en el que se acordó la personación del Parlamento
en el pleito abierto por el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy contra la Ley
vasca de Vivienda. El PNV votó en contra de esta “mala ley”, que ahora asegura
que defenderá a ultranza y en su literalidad ante la “invasión competencial”
que cercena el autogobierno vasco.
La paradoja se extiende a la
ley antifracking, igualmente recurrida por el Ejecutivo central, y también
aprobada por la Cámara a espaldas del PNV y con el voto favorable en este
caso–otra contradicción- del PP vasco.
La mayoría de la oposición
cuestiona la voluntad del PNV para cumplir la ley, promovida por más de cien
mil firmas a través de una iniciativa legislativa popular, y teme que se escude
en el recurso ante el Tribunal Constitucional para dejarla sin efecto.
Tanto EH Bildu como PSE-EE,
arduos defensores de la norma, han intentado infructuosamente esta mañana
arrancar un compromiso político del Gobierno del PNV de no aplicación de la
técnica de fractura hidráulica para la extracción de gas en la comunidad
autónoma.
Sus intentos han topado con la
dialéctica del portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, que se ha zafado con una
exhaustiva exposición sobre el panorama jurídico cambiante al que habrán de atenerse
en cumplimiento de la legalidad.
Ha explicado que aún no se
conocen los términos del recurso ante el Tribunal Constitucional y si la ley
autonómica quedará suspendida finalmente; como tampoco si la modificación de
las Cortes, con nuevas mayorías en contra del fracking, alterará la normativa
básica estatal que permite esa práctica.
Aunque ha insistido en que la
función de su Gobierno es defender las competencias vascas y cumplir en primer
lugar las leyes decididas por el Parlamento de Vitoria, no ha convencido a sus
adversarios políticos.
“¿Van
a suspender las licencias?”
Dani Maeztu, de EH Bildu, ha
recordado que hay en marcha dos permisos de investigación para la búsqueda y
extracción de gas, Enara y Angosto, otorgados a la Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi, SHESA, dependiente del Ente vasco de la Energía, EVE, ambas sociedades
públicas. “¿Van a suspender esas licencias?, cumplir la ley de esta Cámara está
en manos del Gobierno vasco”, ha recalcado el parlamentario abertzale.
Una pregunta que no ha obtenido
respuesta y ha hecho que Maeztu acusara al Ejecutivo de burlar las decisiones
de la Cámara aplicando el “pase foral” [se acata pero no se cumple], una
fórmula instaurada en el siglo XV y últimamente rescatada por el lehendakari en
defensa de un sistema de garantías que blinde las competencias vascas de
injerencias estatales.
“No están defendiendo jurídica
y políticamente esta ley porque no les interesa”, ha criticado Maeztu.
De la misma opinión ha sido
Natalia Rojo, del PSE-EE, que ha señalado que el Gobierno vasco seguía
inyectando presupuesto para el fracking tras la aprobación de la ley y ha
recordado que el País Vasco es la única comunidad autónoma donde se exploran
sus posibilidades “con 100% de dinero público”.
Gestiones
en el Ministerio
La ley vasca antifracking fue
elaborada cuidadosamente, según ha recordado Rojo, para eludir la declaración
de anticonstitucionalidad de las normas, de “prohibición absoluta",
aprobadas por Cantabria, La Rioja y Navarra. No prohíbe de forma específica la
técnica de la fractura hidráulica pero pone tantos condicionantes que
prácticamente la imposibilita, según se ha reconocido en el pleno de este
viernes. Hasta el punto de que Erkoreka ha advertido a Maeztu de que con su
exposición estaba dando argumentos al abogado del Estado para su recurso.
El PNV se opuso a la normativa
vasca a lo largo de toda su tramitación, en la que defendió una moratoria de
cinco años para la utilización del fracking que no prosperó. Durante los
debates alertó del riesgo de inconstitucionalidad de la ley y tras su
aprobación una parlamentaria del PP desveló gestiones del Gobierno vasco ante Ministerio
de Industria para que el Ejecutivo central instara un recurso para frenar su
aplicación.
Maeztu y Rojo han recordado
este hecho como prueba de la verdadera posición del PNV, a quien acusan de
“aprovechar” la impugnación competencial para seguir adelante con su política
energética. “Hablen claro”, le ha espetado la parlamentaria socialista a
Erkoreka.
La postura del PNV no es
tampoco la única de las paradojas que ha dejado el debate, en el que el
portavoz se ha permitido ironizar con el recuerdo de que fue el actual
presidente del Congreso, Patxi López, quien descubrió desde Estados Unidos en
2011 el gran potencial económico de una técnica de la que ahora reniegan los
socialistas.
Choque
con Urkullu
El pleno de control ha recogido
además un nuevo choque entre el PP y el Gobierno vasco por los conflictos
competenciales entre ambas Administraciones que los populares minimizan y PNV y
el ejecutivo vasco destacan.
Antón Damborenea ha considerado
que las denuncias nacionalistas obedecen a su intento de justificar su defensa
de “nuevo estatus” y ha combatido con cifras el “mantra de la recentralización”
y el “recorte de competencias”.
Sobre las 244 leyes aprobadas
durante la legislatura de Mariano Rajoy el Gobierno vasco ha planteado 23
conflictos competenciales: 12 se han solucionado mediante acuerdo , 9 siguen
pendientes y en dos casos el Constitucional ha dado la razón al Ejecutivo autonómico.
El Gobierno de España se ha opuesto a tres leyes vascas y la impugnación de una
de ellas se resolvió mediante negociación en la comisión bilateral.
Además ha habido 58 acuerdos de
colaboración y encomiendas de gestión de competencias estatales a la Administración
vasca y una modificación de la Ley del Concierto Económico que otorga al País
Vasco competencias sobre cinco nuevos impuestos.
“Claro que ha habido acuerdos
(…) pero ¿y los desacuerdos” ha replicado el lehendakari, que ha desgranado
estos últimos y puesto entre otros ejemplos la aprobación de la LOMCE y la
utilización sucesiva de la fórmula del Real Decreto para desvirtuar el Estatuto
de Gernika. “No es un invento, es un hecho que responde a una estrategia
deliberada”, ha apuntado…
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