El Roto / en EL País
sábado, 30 de abril de 2016
viernes, 29 de abril de 2016
Para entender el TIIP ( y las puertas de entrada del fracking)
Resumen del libro
Pese al
esfuerzo de movimientos y plataformas, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e
Inversiones (TTIP) ha conseguido sortear cualquier debate público serio. Negociado
de manera clandestina bajo la presión de las transnacionales radicadas en
Estados Unidos y en la Unión Europea, supone, con todo, una nueva vuelta de
tuerca en la estrategia de dominación desplegada por estas últimas. En las
páginas de este libro se explica pedagógicamente el contenido del TTIP, se
sopesan los problemas mayores que está llamado a plantear, se examinan sus
previsibles consecuencias en materia de política internacional y se consideran
algunos de los vicios de análisis que, en relación con el acuerdo, arrastra la
izquierda que vive en las instituciones.
Venta online en La Casa del Libro
Nº Pág. 104 Tapa blanda
P.V.P 10 €
Sin consultar, Rajoy presiona para firmar el "TTIP canadiense" que podría "blindar el fracking".
El Gobierno en funciones de Rajoy presiona para
aprobar el 'TTIP canadiense'
Publicado en Público
Por Alejandro López
de Miguel
28 de abril de 2016
Un
documento al que 'Público' ha accedido en exclusiva prueba que el Ejecutivo en
funciones trabaja para que el CETA pueda aplicarse a partir del 2017, aunque no
ha obtenido ningún tipo de apoyo del parlamento, ni le ha pedido que se
pronuncie al respecto.
MADRID.- El Gobierno de Mariano
Rajoy lleva en funciones desde el 21 de diciembre, un día después de las
elecciones generales, pero eso no le impide presionar para lograr la
ratificación de un acuerdo comercial que afectará a la vida diaria de los
europeos, ni tampoco para abogar por una ratificación provisional, dejando
algunos aspectos por cerrar para que el CETA entre en vigor en 2017. Y lo hace
sin que el Congreso de los diputados se pronuncie al respecto.
Público ha
accedido en exclusiva al documento que recoge la posición de la Representación
Permanente de España ante Bruselas, el apéndice del gobierno español y su
enlace principal ante las instituciones europeas, sobre el acuerdo comercial
entre la UE y Canadá; el CETA. El texto, presentado este miércoles en una reunión
del Comité de Política Comercial de la UE, en el que tienen representación cada
uno de los estados miembros, se deshace en elogios hacia el criticado tratado
de libre comercio: "El primer acuerdo amplio y ambicioso con un país
desarrollado del G8"; "Un excelente precedente para futuros acuerdos
con países como Estados Unidos o Japón", según la representación española
ante la UE.
El Ejecutivo en funciones pide
que se firme "con la mayor rapidez" la "aplicación provisional
del acuerdo", para que "pueda entrar en vigor lo antes posible (previsiblemente
a principios de 2017), lo cual redundará en amplios beneficios económicos y
comerciales para ambos socios", siempre según el texto.
Sin embargo, cientos de
organizaciones sociales y partidos políticos son menos optimistas que el
Gobierno en funciones o la Comisión Europea, y llevan meses advirtiendo de que
una "aplicación provisional", como pide el Ejecutivo de Rajoy, no tendría
vuelta atrás.
"La implantación
provisional dura tres años", explica a este diario Tom Kucharz, portavoz
de Ecologistas en Acción y de la Campaña estatal No al TTIP, que asegura que
esta implementación tendría lugar "sin debate parlamentario" y
"sin un estudio de impacto sobre cómo afectaría a la población".
"Sería un golpe contra la democracia representativa", sostiene.
Por otro lado, desde la Campaña
contra el TTIP cuestionan también que un ejecutivo en funciones pueda estar
legitimado para presionar y, llegado el caso, ratificar un acuerdo con las
repercusiones del 'Comprehensive Economic and Trade Agreement' (CETA). "Es
inaceptable que un gobierno en funciones decida sobre algo así. Incluso aunque
fuera legal es ilegítimo, porque va a tocar cuestiones de política pública que
afectan a las vidas de todos los españoles", apostilla Kucharz, que
pide al resto de partidos políticos que presionen para que el Ejecutivo en
funciones del PP cambie de rumbo.
"La implantación
provisional dura tres años", explican desde Ecologistas en Acción, y
tendría lugar "sin debate parlamentario" y "sin un estudio de
impacto sobre cómo afectaría a la población"
El Comité de Política Comercial
o Trade Policy Comitee orienta y controla la política comercial de la UE y cuenta
con representación de la Comisión Europea. Sus actas son secretas y
generalmente se reúne una vez al mes. Entre otros temas, la reunión en la
que la representación permanente ha presentado la posición del Ejecutivo en
funciones tenía cierto carácter preparatorio de cara al Consejo de Ministros de
Comercio del próximo 13 de mayo, en el que el TTIP y el CETA tendrán un papel
protagonista.
No está previsto que se adopten
nuevas decisiones sobre la fecha de ratificación del acuerdo con Ottawa
-prevista para finales de año-, pero sí servirá como toma de contacto a la
Comisión, que ve cómo el rechazo de los europeos a estos acuerdos comerciales sigue
creciendo.
A pesar del silencio de la
mayoría de grandes medios de comunicación españoles al respecto, el TTIP
comienza a ser conocido, pero no así el CETA. Activistas, sindicatos y partidos
políticos advierten que ambos forman parte de una misma lógica, y que el
CETA es una suerte de caballo de Troya del polémico acuerdo
transatlántico.
El
"éxito" de los tribunales privados de arbitraje
El documento también celebra el
"éxito" que a su juicio suponen los cambios ejecutados en el
mecanismo de resolución de disputas entre empresas inversoras y estados (ISDS),
que permite a las multinacionales demandar a estos países por cifras
millonarias de considerar afectados sus beneficios por los cambios normativos
decretados por los respectivos gobiernos…
Para acceder a la noticia,
Confusión política en España
Publicado en The New York Times
Editorial
27 de abril de 2016
En los cuatro meses
transcurridos desde la celebración de las elecciones generales en España, un
Parlamento fracturado y fragmentado no ha podido ponerse de acuerdo sobre la
creación de un gobierno. Tras el fracaso del esfuerzo de 11 horas de esta
semana, mediado por el rey Felipe VI, España se ha visto obligada a llamar a
nuevas elecciones para finales de junio. Las encuestas muestran que la
composición del próximo Parlamento podría ser incluso más controvertido, lo que
llevaría a un mayor número de meses de limbo político.
Después de
décadas en las que dos partidos se turnaron en el timón, los votantes en el mes
de Diciembre respaldaron partidos advenedizos que prometían un nuevo comienzo,
el alivio de la austeridad y el fin de los escándalos y el amiguismo de la
vieja guardia. Eso debería haber
iniciado un esfuerzo de los líderes políticos para elevarse por encima de las
ambiciones y rivalidades personales, pero la realidad ha estado más cerca de lo
que los españoles se refieren desdeñosamente como circo, o un circo.
Las dos partidos
principales, el Partido Popular del presidente en funciones Mariano Rajoy y los
socialistas, se negaron a formar una gran coalición, mientras que los partidos
emergentes, el centrista Ciudadanos y Podemos de extrema izquierda, cayeron en las disputas y la
animosidad mutua.
España no está
sola con su confusión política. Estos son tiempos difíciles en toda Europa, con
la crisis del euro, la crisis de los refugiados y el creciente desencanto con
la Unión Europea. Irlanda ha fracasado en varios intentos de formar un gobierno
y Portugal necesitó de 53 días después de las elecciones de octubre para dar
forma a una coalición; en Hungría y Polonia, los votantes han traído gobiernos
xenófobos; los británicos votarán sobre si se debe salir de la UE.
Sin embargo,
España no puede soportar durante mucho tiempo un vacío. La Comisión Europea
está presionando a Madrid para reducir aún más su déficit presupuestario, y el
próximo gobierno va a determinar la respuesta. La austeridad es una de las
razones por las que el señor Rajoy perdió su mayoría, y los partidos de
izquierda han hecho campaña sobre una plataforma anti-austeridad.
La democracia se
puede convertir en desordenada en momentos como estos. Pero en la medida que España
se enfrenta a unas nuevas elecciones generales, es importante tener en cuenta
que la democracia no es la causa de los problemas, como los líderes
autoritarios podrían argumentar, sino el reflejo de una nación tratando de
solucionarlos. Un mensaje claro a partir de las elecciones españolas de
diciembre fue el anhelo de un mejor y más honesto liderazgo. Los políticos
pendencieros en España deben recordar esto.
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la noticia,
jueves, 28 de abril de 2016
El Tribunal Supremo respalda la decisión de Rajoy de perforar en Soria y Guadalajara
El
permiso Cronos es un permiso de investigación de hidrocarburos concedido
oficialmente a Frontera Energy Corporation en mayo de 2013
Publicado en El País
Por Reyes Rincón
27 de abril de 2016
El Supremo da respaldo judicial al plan de ‘fracking’
en Guadalajara y Soria
El
tribunal avala el proyecto Cronos que prevé prospecciones en 96.000 hectáreas
El proyecto de fracking
Cronos, situado entre las provincias de Guadalajara y Soria, podrá seguir
adelante. El Tribunal Supremo ha avalado el permiso que el Gobierno concedió en
2013 al grupo Frontera Energy Corporation para la prospección de hidrocarburos
mediante la polémica técnica de fractura hidráulica en 96.000 hectáreas y que
fue recurrido por Ecologistas en Acción. La sala de lo Contencioso ha
desestimado todos los argumentos de los ecologistas, que sostenían que el
proyecto no incluía la evaluación ambiental preceptiva.
La sentencia del Supremo, de la
que ha sido ponente el magistrado Eduardo Calvo, cree que no hay razones para
anular el real decreto estatal por el que se reguló el permiso del
proyecto. Los ecologistas, que pedían que se revocara la autorización, aseguran
que el programa no contempla las medidas de protección requeridas en la Ley
del Sector de Hidrocarburos, omite la evaluación ambiental e infringe la
directiva sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las
autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos.
Sin esta documentación, el
Gobierno no puede garantizar que el proyecto no cause impacto en las aguas
superficiales y subterráneas y espacios naturales de la zona, aseguran los
ecologistas. Pero el Supremo no acepta ninguna de sus alegaciones. Los jueces
creen “suficientes” las medidas que recoge el documento que aportó la empresa y
cita su propia jurisprudencia para afirmar que “no es exigible” que la
evaluación ambiental estratégica o la declaración de impacto ambiental se presenten
antes de que se conceda el permiso de investigación.
El proyecto dura seis años y
tiene una inversión prevista de 15 millones de euros. Para la primera fase del
programa solo se contemplan sondeos, sin utilizar aún la técnica de fracking y
esta exploración, según el Supremo, no puede afectar “en nada” a los acuíferos
subterráneos. “Solo en un momento posterior, en caso de que se decida perforar
en determinadas localizaciones, habrán de obtenerse las correspondientes
autorizaciones administrativas y de iniciarse el estudio de impacto
medioambiental del sondeo a fin de adoptar las medidas de protección ambiental
que se establezcan como necesarias”, concluyen los jueces.
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