Manifestación contraria
al fracking en el País Vasco
Publicado en El
correo.com
Por Octavio Igea
29 de noviembre de 2015
El
Gobierno vasco abandona sus planes y se enfrenta a multas.
Si Madrid recurre la ley antifractura cualquier promotor privado podrá buscar gas en 2017
Si Madrid recurre la ley antifractura cualquier promotor privado podrá buscar gas en 2017
¿Se ha acabado el 'fracking' en
Euskadi? Mucha gente se lo pregunta estos días tras producirse el enésimo
encontronazo político en torno a un tema que parecía finiquitado desde
comienzos del verano, cuando el Parlamento autonómico aprobó una ley antifractura
hidráulica. Cinco meses después de aquel acuerdo sigue siendo difícil dar una
respuesta definitiva. Parece que las controvertidas perforaciones quedan más
lejos que nunca, pero el tema acumula aristas sin limar. La última ha surgido
esta misma semana con el anuncio de que el Gobierno vasco paralizará en 2016
los proyectos que promueve en Álava y el norte de Burgos. Algunos han
presentado el paso como el punto final a una de las mayores polémicas sociales
desatadas en el territorio durante los últimos años, aunque lo cierto es que no
queda tan claro.
Para empezar, la decisión de
Lakua no confirma totalmente que el 'fracking' se vaya a detener en Euskadi
porque el Ejecutivo autonómico trabaja en los proyectos 'Gran Enara' (Álava) y
'Angosto-1' (Burgos) aliado con varias petroleras. Tiene el 44% de las acciones
así que, aunque parece complicado, las empresas podrían seguir sin el apoyo
institucional. Abandonar obligará al Gobierno vasco, eso sí, a pagar
indemnizaciones por incumplir su parte de los contratos firmados a comienzos de
siglo. Perderá además lo invertido hasta ahora –nunca se ha aclarado cuánto– y
el derecho de investigación exclusivo que mantiene desde hace una década.
En ese sentido precisamente, si
el Gobierno central decidiera recurrir la actual norma antifracking vasca –y se
lo está pensando–, el veto legal actual –se han elevado al máximo las trabas
medioambientales a cualquiera que quiera perforar– desaparecería. Se volvería
al escenario anterior, a abrir la puerta a los interesados en la perforación
hidráulica, pero con un importante cambio: las concesiones que lidera el
Gobierno vasco para estudiar los terrenos más "golosos" caducan en
2017. A partir de ahí cualquier promotor privado podría lanzarse libremente a
pedir permisos y buscar gas. Que aparezca entonces un yacimiento en el subsuelo
de Euskadi, sin que la Administración pueda "controlar" y gestionar
su millonaria explotación, es uno de los mayores temores del Gabinete Urkullu.
En todo caso, desentrañar del
todo el enredo que vive la fractura hidráulica ahora mismo en Euskadi requiere
echar la vista atrás e ir avanzando poco a poco desde el pasado julio. A los
pocos días de la entrada en vigor de la ley antifracking, el Gobierno central
anunció su impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC). Considera que la
norma, por restrictiva, invade competencias de Madrid. Si el TC aceptara esta
tesis la ley quedaría suspendida, pero aún no se sabe nada porque de momento ni
siquiera hay recurso: Madrid y Vitoria tienen seis meses para intentar alcanzar
un acuerdo "amistoso" que evite la vía judicial, y en esas siguen
desde septiembre.
'Sustraia',
'Lore', 'Landarre'...
A la espera de que la norma
llegue a los tribunales, o no, el Gobierno vasco comenzó a tomar posiciones el
mes pasado. A avivar el lío más bien. Por un lado mostró su disposición a
defender "hasta el final" la ley antifracking en las conversaciones
que mantiene con Madrid, y por otro anunció que quería seguir con los trámites
previos del proyecto de fractura hidráulica que promueve en Euskadi. Dicho de
otro modo, su idea era seguir adelante con los análisis de terreno hasta que
tocara perforar. Hasta "chocar" con la nueva ley. "Si tenemos un
yacimiento, hay que saberlo. Ya veremos cómo lo sacamos después", defienden
aún las fuentes consultadas.
Con la oposición y los
colectivos antifracking criticando la "doble moral" del Gobierno
vasco, y los expertos de la Administración reclamando –internamente– al
Ejecutivo que no se desvincule de la búsqueda de gas en el subsuelo de Álava,
donde se intuye una reserva energética que podría abastecer a toda España
durante seis años, ha llegado esta semana. El PSE, curiosamente el partido que
habló por primera vez de buscar gas perforando el subsuelo cuando Patxi López
era lehendakari, anunció que se "cerraban las puertas" a la fractura
hidráulica por sus inciertos efectos medioambientales. Es una de las
condiciones que los socialistas le han puesto al PNV para apoyar los
presupuestos de 2016 y el Gobierno vasco lo ha asumido sin rechistar: ya ha procedido
a eliminar de las cuentas la alusión a los planes de Álava y Burgos. Un giro de
180 grados sin que medie explicación científica, legal o, al menos, política.
¿Y qué va a pasar ahora? Pues
depende de quién responda. El PSE insiste en que sí, que el
"fracking" se ha acabado en Euskadi, pero EH Bildu dice lo contrario.
Que Lakua sigue jugando "con dos barajas". Lo único que parece
confirmado es que el Gobierno autonómico dejará el año que viene sin
financiación los proyectos de fractura que tiene en marcha, pero nada más…….
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