Terrenos
donde se proyectan las prospecciones de fractura hidráulica en Burgos. - miriam
chacón
Publicado en Diario de León.es
Por V. A.
3 de noviembre de 2015
La Junta de Castilla y
León estima que la proposición de ley socialista de medidas de protección
ambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y fractura
hidráulica o fracking en la Comunidad puede «merecer un reproche» de «posible vulneración del bloque
constitucional» e implicar una merma de
los ingresos públicos en 2015, tanto en la tasa en materia de minas, que
cifra en 38.606 euros, como en los
incentivos del Estado a las autonomías derivados de la normativa del sector de
hidrocarburos.
Con estos argumentos, el
Ejecutivo manifiesta su criterio desfavorable a la toma en consideración y la
no conformidad con la tramitación de la proposición de ley socialista, la primera
que registra este grupo en esta legislatura. De nuevo, el Legislativo, en menos
de un mes, levanta el veto a una iniciativa de la oposición que ve idónea para
su debate en pleno. En la última sesión de la Cámara, se sustanció un texto de
Podemos sobre cuentas abiertas, al que la Junta se oponía.
En su iniciativa, el
grupo mayoritario de la oposición reclama por ley normas reguladoras de los
usos permitidos en el suelo rústico así como medidas adicionales de protección
ambiental para la exploración, investigación y explotación a través de la
fractura hidráulica o fracking. Para ello, plantea modificar las leyes de
Urbanismo, Pesca y Patrimonio Natural de Castilla y León para establecer una
serie de limitaciones.
«La proposición de ley
puede resultar, de aprobarse, merecedora de un reproche de inconstitucionalidad
en la medida que es competencia exclusiva del Estado la regulación de las
actividades de explotación de hidrocarburos», argumenta el informe de la Junta,
aprobado en Consejo de Gobierno el 8 de octubre.
La Junta se remite a la
ley del País Vasco del mes de junio, sujeta a un acuerdo con el Estado, en el
seno de la Comisión Bilateral entre la Administración central y vasca, para
«resolver discrepancias». Al margen de la «posible vulneración del bloque de
constitucionalidad», la Junta sostiene que el texto socialista no incorpora
nuevas medidas de protección ambiental, ni modifica los usos permitidos en el
suelo rústico, por lo que «resulta innecesaria».
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