martes, 3 de noviembre de 2015

Las Cortes levantan el veto de la Junta de Castilla y León sobre el fracking


Terrenos donde se proyectan las prospecciones de fractura hidráulica en Burgos. - miriam chacón





Publicado en Diario de León.es
Por V. A.
3 de noviembre de 2015 


La Junta de Castilla y León estima que la proposición de ley socialista de medidas de protección ambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y fractura hidráulica o fracking en la Comunidad puede «merecer un reproche» de «posible vulneración del bloque constitucional» e implicar una merma de los ingresos públicos en 2015, tanto en la tasa en materia de minas, que cifra en 38.606 euros, como en los incentivos del Estado a las autonomías derivados de la normativa del sector de hidrocarburos.

Con estos argumentos, el Ejecutivo manifiesta su criterio desfavorable a la toma en consideración y la no conformidad con la tramitación de la proposición de ley socialista, la primera que registra este grupo en esta legislatura. De nuevo, el Legislativo, en menos de un mes, levanta el veto a una iniciativa de la oposición que ve idónea para su debate en pleno. En la última sesión de la Cámara, se sustanció un texto de Podemos sobre cuentas abiertas, al que la Junta se oponía.

En su iniciativa, el grupo mayoritario de la oposición reclama por ley normas reguladoras de los usos permitidos en el suelo rústico así como medidas adicionales de protección ambiental para la exploración, investigación y explotación a través de la fractura hidráulica o fracking. Para ello, plantea modificar las leyes de Urbanismo, Pesca y Patrimonio Natural de Castilla y León para establecer una serie de limitaciones.

«La proposición de ley puede resultar, de aprobarse, merecedora de un reproche de inconstitucionalidad en la medida que es competencia exclusiva del Estado la regulación de las actividades de explotación de hidrocarburos», argumenta el informe de la Junta, aprobado en Consejo de Gobierno el 8 de octubre.

La Junta se remite a la ley del País Vasco del mes de junio, sujeta a un acuerdo con el Estado, en el seno de la Comisión Bilateral entre la Administración central y vasca, para «resolver discrepancias». Al margen de la «posible vulneración del bloque de constitucionalidad», la Junta sostiene que el texto socialista no incorpora nuevas medidas de protección ambiental, ni modifica los usos permitidos en el suelo rústico, por lo que «resulta innecesaria».



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