Arantxa Tapia con el lendakari Urkullu
Publicado en El Mundo
/ EFE
1 de noviembre de 2015
Tapia
asegura varios de los sondeos se refieren a gas convencional, y además, detener
los trabajos obligaría a pagar una sanción
El Gobierno vasco mantiene los
sondeos de exploración de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi S.A.
(Shesa), dependiente del propio Ejecutivo, porque varios se refieren a gas
convencional, es decir no implicarían fracking, y porque detener los trabajos
obligaría a pagar una sanción.
Así lo explica la consejera de
Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, en una respuesta
parlamentaria a una pregunta del PSE
tras la aprobación en junio en el Parlamento Vasco de una ley
que en la práctica prohíbe la fractura hidráulica (fracking) en Euskadi.
La consejera recuerda que esta
ley está siendo debatida en la comisión bilateral entre los gobiernos vasco y
español porque el Ejecutivo de Rajoy anunció un recurso de inconstitucionalidad,
por lo que la redacción final de la norma aún no es definitiva.
Tapia señala además todos los
permisos con los que cuenta Shesa con de exploración y de investigación y que
para pasar a la fase de explotación es necesario obtener un permiso diferente
que concede el Consejo de Ministros.
Según datos de la consejera,
Shesa cuenta con cuatro permisos de investigación con objetivos
"convencionales", es decir que no implicarían facking, y otros tres
con objetivos "inicialmente planteados como no convencionales", que
en caso de prosperar sí supondrían el uso de esta técnica.
De esos tres, solo uno es
competencia del Gobierno vasco porque el resto se localizan en dos o más
comunidades y dependen por tanto de la Administración General del Estado.
El permiso limitado a Euskadi
es de "Lore, Lurra, Landarre y Sustraia". En este caso los permisos
de investigación se han solicitado, pero están en fase de otorgamiento.
Por ello la consejera recalca
todos las actuaciones de Shesa están "en su fase exploratoria y por lo
tanto es rotundamente falso que exista ninguna licencia de explotación de
fracking" en Euskadi.
Tapia ha defendido la
continuidad de los trabajos de Shesa porque parte de ellos se refieren a gas
convencional y "no acarrearían" el uso de fracking con por lo que no
tienen "ninguna relación" con la nueva ley vasca.
En el caso de las
investigaciones que en caso de ser exitosas implicarían esta técnica, Tapia explica
que la concesión de los permisos "conlleva obligatoriamente una serie de
compromisos de trabajo e inversiones" y que en caso de incumplimiento
habría que "desembolsar a modo de sanción o multa la parte de los
compromisos no ejecutados".
Esto supondría, según alerta la
consejera, un "menoscabo" para las arcas públicas porque ese
desembolso se haría "a fondo perdido, sin haber obtenido a cambio ni tan
siquiera ningún tipo de información sobre la posible existencia de un recurso
energético de primer orden".
En este sentido señala, los
hidrocarburos tienen un "carácter estratégico" y el Gobierno vasco
no puede "renunciar al conocimiento de los recursos energéticos y
minerales propios" porque lo contrario "implicaría la omisión de un
deber".
Tapia apunta además que si
finalmente hay que revocar los permisos de investigación ya concedidos para
cumplir con la nueva ley vasca, las empresas afectadas podrían solicitar
indemnizaciones, aunque admite que "desconoce" cuántas reclamaciones
serían ni qué importe alcanzarían.
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