miércoles, 18 de noviembre de 2015

El principal imputado de la trama eólica en CyL facturaba su trabajo en una empresa pública a través de una SL


El exconsejero de Economía de Castilla y León, Tomás Villanueva (i), junto a Alberto Esgueva (d), en una imagen de archivo





Publicado en El Diario.es
Por Laura Cornejo
17 de noviembre de 2015 


El entonces consejero delegado de la oficina de internacionalización de Castilla y León cobraba más que el presidente regional, Juan Vicente Herrera

Alberto Esgueva tenía aprobado un sueldo de 56.000 euros anuales pero en siete meses consiguió un aumento del 114% y pasó a cobrar 120.000 más IVA

El representante legal de Esgueva justifica la subida de sueldo en los viajes que realizaba con políticos de la Junta


El principal imputado de la trama eólica de Castilla y León, Alberto Esgueva, facturó su trabajo como consejero delegado de Excal, la oficina de internacionalización de la Junta, a través de una Sociedad Limitada, una situación que fuentes de la Consejería de Economía regional consideran "como mínimo irregular". Esgueva asumió su cargo en noviembre de 2003. Fue entonces cuando la Junta General Extraordinaria estipuló un sueldo de 56.000 euros anuales. La asignación "se actualizaría automáticamente al comienzo de cada año natural conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales de Comunidad de Castilla y León". La remuneración quedaba reflejada en la cuenta "sueldos y salarios"de Excal.

Así fue desde enero a julio de 2004. Sin embargo, desde agosto de ese año, Excal dejó de registrar apuntes contables en ese apartado para registrar otros nuevos en el subgrupo de "servicios exteriores", y fue ahí donde se registraron los "servicios del consejero delegado" que pasó a cobrar 11.600 euros mensuales, o 120.000 euros anuales más IVA. Es decir, en cuestión de siete meses, Esgueva incrementó su sueldo en un 114%, y superó con mucho los salarios de los consejeros, que rondan los 70.000 euros, o el del propio presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, cercano a los 90.000.

A través de su representante legal, Esgueva ha explicado a eldiario.es que la subida de sueldo se produjo para cubrirle "gastos de difícil justificación porque hacía muchos viajes con políticos": "Ahí no pagaba nadie", justifica sobre los pagos de taxis y otras actividades que desarrollaban en esos desplazamientos.

Aunque la Consejería de Economía mantiene que Excal, hoy con otro nombre, es una empresa privada, lo cierto es que más del 95% de su presupuesto salía de la Agencia de Desarollo Económico, esta sí, de naturaleza pública. Por lo tanto, todo lo que cobró Esgueva de 2003 a 2006, año en que abandonó, según sus propias palabras, su trabajo en la "empresa pública", salió de la Junta.

Los datos del sueldo de Esgueva, así como la gestión del presupuesto, están reflejados en un informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León del año 2009, cuando fiscalizó la subvención que concedió la Agencia de Desarrollo Económico de la Junta (ADE) a Excal en el año 2004 y que ascendió a 8,4 millones de euros. El Consejo llega a sugerir a la ADE que se plantee que Excal adquiera la cualidad de empresa pública dado que la financiación mayoritaria es pública. El juzgado de lo Social número 2 de Valladolid llegó a considerarla pública en una demanda por despido en 2013.

Pero, además de la inusual subida de sueldo en un tiempo récord (antes de hacer balance de los resultados conseguidos por el flamante consejero delegado), el informe destaca que durante el ejercicio 2004 no se adoptó ningún acuerdo respecto a ese asunto y sólo se menciona la nueva y ascendente retribución de Esgueva en un acta de la Junta General que se celebró el 27 de junio de 2005, en la que se aceptó su renuncia como vocal y se adoptó el acuerdo de nombrar vocal a una persona jurídica. No podía ser de otra forma ya que, tal y como confirmó eldiario.es a través de fuentes cercanas a Esgueva, estaba facturando a través de la sociedad Alberto Esgueva S.L.

Según pudo constatar eldiario.es a través de uno de los informes de la Agencia Tributaria sobre Alberto Esgueva, la sociedad Alberto Esgueva S.L se constituyó el 13 de noviembre de 2003 (dos días después de que la Junta General Extraordinaria acordase su sueldo de 56.000 euros anuales). Esgueva acababa de aterrizar en Excal de la mano del consejero Tomás Villanueva, que había vuelto a Economía tras las elecciones de 2003 tras una etapa en Educación y Cultura. Hasta entonces, Esgueva había trabajado para la empresa familiar Cartonajes San Cayetano junto a su hermano. Su nombramiento como consejero delegado de Excal provocó cierta extrañeza en círculos empresariales, precisamente por el hecho de dejar en manos de un empresario privado la oficina de internacionalización de la Junta.

En la sociedad con la que facturó a Excal no constan participaciones. Su objeto social es "la compra, venta, importación, distribución y comercialización minorista de productos textiles, confección, calzado y todo tipo de artículos y complementos relacionados con la moda. La administración y gestión de sociedades, los servicios de asesoramiento informático etc".

Pago de menos impuestos con una SL

La diferencia entre facturar como persona física y sociedad es notable. Un persona física podría tener retenciones de hasta el 50%. Una sociedad paga impuestos por módulos, y estos son del 25% en el tramo que va hasta los 120.000 euros, como sería el caso de Esgueva. Pero lo más soprendente es que la Consejería de Economía, de la que dependía directamente la ADE, que aportaba más del 95% del presupuesto de Excal a través de subvenciones, aceptase que una sociedad y no una persona física fuese la máxima responsable de su oficina de internacionalización.

Esgueva no destacó por su gestión. El informe del Consejo de Cuentas revela presupuestos superados, gastos de más de 8.000 euros durante viajes internacionales que se pagaron a "personas ajenas a la empresa", o incluso la constitución de una oficina de Excal en Hungría para la que no estaba facultada y en la que además se incluyeron gastos de una consultora por más de 50.000 euros sin que se detallasen los servicios prestados, además de muchas otras operaciones dudosas para el Consejo.



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