Mariano
Rajoy, presidente del Gobierno y Juan Carlos Herrera, presidente de Castilla y
León
La prensa española recogió ayer
la noticia de que el CSIC y a través del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios
del Agua participará en el proyecto europeo FracRisk encaminado a desarrollar
una base de conocimientos para la comprensión, prevención y mitigación de los
posibles efectos de la exploración y explotación a través de la fractura
hidráulica (fracking) de las reservas de gas de esquisto significativas
encontradas en toda Europa, y desarrollar una herramienta de ayuda a la
decisión para la cuantificación del riesgo de los impactos ambientales de la
tecnología.
El objetivo es proporcionar
recomendaciones prácticas basadas en hechos científicos clave destinados a minimizar
el impacto ambiental de la extracción de gas de esquisto mediante la
planificación y regulación efectiva, y también para abordar las preocupaciones
del público.
Este proyecto , además de la
presencia del CSIC, cuenta con el Marcellus Centre for Outreach and Research, Bundesanstalt fur Geowissenschaften und
Rohstoffe y Jung Geotherm de Alemania, Environmental & Water Resource
Engineering de Israel, la Universidad de Stuttgart, Universidad de Vienna
(Austria), Heriot-Watt University (UK), Uppsala University (Sweden), el CNRS
francés, la Universdiad de Gottingen y la Universidad de Edinburgh.
Además de este proyecto
específico se contemplan otros paralelos, el SHEER, el ShaleXenvironmenT, donde
participa la Universidad de Alicante
y buscaría como maximizar el potencial de shale gas con la mínima huella
mabiental y proyecto en el que también participaría la compañía Halliburton.
Existe otro proyecto con el
título M4ShaleGas que trataría de la medición, monitoreo, mitigación de la gestión
del impacto ambiental del gas de esquisto, donde participaría el Instituto Geológico y Minero de España.
Todos estos proyectos fueron
anunciados en el mes de mayo y cuentan con una financiación pública de unos 13
mill €.
En principio, los ambientalistas
los acogieron con protestas, ya que afirmaron que estaban ahorrando el trabajo
de investigación de las petroleras con dineros públicos y dando un sello
oficial a una investigación que viniendo de las empresas petroleras no gozaría
de credibilidad.
La realización de esta
investigación no estaría exenta de las presiones de la industria para los críticos, pero es cierto que la financiación pública y
el amplio número de centros de investigación europeos participantes
dificultarían una manipulación grosera de los resultados por los intereses
creados en la técnica.
La aportación de nuevos
estudios siempre sería un hecho aconsejable debido a la escasez de estudios
científicos sólidos en este campo energético.
En cualquier caso, algunos
países interesados en el fracking dentro del entorno europeo han decidido
esperar a una mayor investigación que pudiera minimizar los riesgos durante esta
polémica técnica de extracción de combustibles.
En el caso de España, la resolución
de los estudios medioambientales en Castilla y León, podría disparar los
primeros permisos de perforación dejando la evidencia de un mayor peso, para las autoridades políticas, de la presión
de las compañías perforadoras que de la obtención de nuevos datos científicos
que dieran más luz sobre el tema.
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