viernes, 13 de noviembre de 2015

Rajoy y Herrera arriesgan con el fracking en Castilla y León si no esperan a los estudios europeos


Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y Juan Carlos Herrera, presidente de Castilla y León





La prensa española recogió ayer la noticia de que el CSIC y a través del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua participará en el proyecto europeo FracRisk encaminado a desarrollar una base de conocimientos para la comprensión, prevención y mitigación de los posibles efectos de la exploración y explotación a través de la fractura hidráulica (fracking) de las reservas de gas de esquisto significativas encontradas en toda Europa, y desarrollar una herramienta de ayuda a la decisión para la cuantificación del riesgo de los impactos ambientales de la tecnología. 

El objetivo es proporcionar recomendaciones prácticas basadas ​​en hechos científicos clave destinados a minimizar el impacto ambiental de la extracción de gas de esquisto mediante la planificación y regulación efectiva, y también para abordar las preocupaciones del público.

Este proyecto , además de la presencia del CSIC, cuenta con el Marcellus Centre for Outreach and Research,  Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe y Jung Geotherm de Alemania, Environmental & Water Resource Engineering de Israel, la Universidad de Stuttgart, Universidad de Vienna (Austria), Heriot-Watt University (UK), Uppsala University (Sweden), el CNRS francés, la Universdiad de Gottingen y la Universidad de Edinburgh.

Además de este proyecto específico se contemplan otros paralelos, el SHEER, el ShaleXenvironmenT, donde participa la Universidad de Alicante y buscaría como maximizar el potencial de shale gas con la mínima huella mabiental y proyecto en el que también participaría la compañía Halliburton.

Existe otro proyecto con el título M4ShaleGas que trataría de la  medición, monitoreo, mitigación de la gestión del impacto ambiental del gas de esquisto, donde participaría el Instituto Geológico y Minero de España.

Todos estos proyectos fueron anunciados en el mes de mayo y cuentan con una financiación pública de unos 13 mill €.

En principio, los ambientalistas los acogieron con protestas, ya que afirmaron que estaban ahorrando el trabajo de investigación de las petroleras con dineros públicos y dando un sello oficial a una investigación que viniendo de las empresas petroleras no gozaría de credibilidad.

La realización de esta investigación no estaría exenta de las presiones  de la industria para los críticos,  pero es cierto que la financiación pública y el amplio número de centros de investigación europeos participantes dificultarían una manipulación grosera de los resultados por los intereses creados en la técnica.

La aportación de nuevos estudios siempre sería un hecho aconsejable debido a la escasez de estudios científicos sólidos en este campo energético.

En cualquier caso, algunos países interesados en el fracking dentro del entorno europeo han decidido esperar a una mayor investigación que pudiera minimizar los riesgos durante esta polémica técnica de extracción de combustibles.

En el caso de España, la resolución de los estudios medioambientales en Castilla y León, podría disparar los primeros permisos de perforación dejando la evidencia de un mayor peso, para las autoridades políticas, de la presión de las compañías perforadoras que de la obtención de nuevos datos científicos que dieran más luz sobre el tema.




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