Publicado en La
Tribuna de Toledo
Por Patricia Pérez
8 de noviembre de 2015
El escenario político que se dibuje a nivel nacional
después de las elecciones generales del 20 de diciembre será decisivo para el
desarrollo o abandono de los proyectos de ‘fracking’ en el territorio nacional.
Y es que son muchas las formaciones políticas que ya han mostrado abiertamente
su rechazo a esta práctica; Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos ya
contemplaron en sus programas electorales para los comicios autonómicos de mayo
su intención de prohibir la fractura hidráulica si eran elegidos como
mandatarios. En el otro lado de la balanza, el Partido Popular, pro-fracking
argumentando que esta práctica permitirá reducir la dependencia energética del
país.
En la actualidad hay más de un centenar de permisos
para realizar estudios de fractura hidráulica en todo el territorio nacional,
concentrándose en su mayoría en la cornisa cantábrica y la zona norte de
Castilla y León;de ellos, una veintena ya ha solicitado los permisos
correspondientes para empezar a hacer ‘fracking’.
Hasta ahora la normativa ha permitido que los trabajos
previos fuesen autorizados por los ejecutivos autonómicos, mientras que la Ley
de Hidrocarburos, que entró en vigor el pasado mes de mayo, impulsa esta
práctica con incentivos económicos para los municipios donde se desarrolle esta
actividad;para las productoras, fija un canon de 125.000 euros que se abonará
por cada sondeo de exploración y cada pozo de producción en tierra. La ley
establece que las cantidades recaudadas deberán revertir con especial
importancia en las comunidades y en los municipios donde se ubiquen los pozos,
además de un impuesto específico que redundará también en las arcas públicas.
Sin embargo, han sido ya varias autonomías las que han
intentado legislar contra esta práctica. Como ejemplo, Cantabria, que aprobó en
abril de 2013 una norma específica pero que fue anulada por el Tribunal
Constitucional un año más tarde; la misma situación se ha vivido en La Rioja,
mientras que las leyes navarra y catalana están suspendidas cautelarmente.
Andalucía ha decidido una vía intermedia, una moratoria que veta el ‘fracking’
durante al menos dos años, mientras que Aragón y Galicia han decidido esperar a
que la Unión Europea garantice la seguridad de la técnica para decidir si
permite su desarrollo. El País Vasco está tramitando una iniciativa
parlamentaria popular para intentar prohibir esta técnica energética. En
la lucha, también más de 200 plataformas sociales ‘antifracking’.
Ahora bien, si las tornas políticas cambian tras la
cita con las urnas en el mes de diciembre, este panorama puede variar, y mucho.
El Ejecutivo popular sigue abogando por la fractura hidráulica, y así con
confirmó el propio ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria en
una visita a Toledo hace unos meses, recalcando que «hay determinados lujos»
que el país no se puede permitir, como «renunciar, a través de investigaciones,
sondeos y prospecciones a saber si España tiene gas o petróleo» y, si se
encuentra presencia de estos combustibles , que «no se explote». Sin embargo
socialistas y partidos minoritarios siguen urgiendo a considerar un país libre
de ‘fracking’. Habrá que esperar a los resultados electorales y al
posicionamiento energético de los vencedores para conocer el final de esta
historia.
Mientras tanto, según Greenpeace, aún no hay
ningún emplazamiento que realmente esté produciendo energía a través de la
fractura hidráulica; la implantación en España está siendo lenta, con trabas y
con poco calado social. Sólo existe una posibilidad de que el próximo año haya
una explotación en funcionamiento en la provincia de Burgos, según la
asociación ecologista, aunque, recalcan, aún no es seguro.
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