Manifestantes contra el TTIP y el TiSA en Berlín. Foto: cc
Cornelia Reetz vía Flickr
Publicado en el
diario.es
Por Laura
Pérez-Cejuela
3 de agosto de 2016
Diez
países rechazan que se aplique provisionalmente el Sistema de Tribunal de
Inversiones que permite a las empresas extranjeras demandar a los Estados
El
Ejecutivo de Rajoy pide que el CETA se firme en octubre e incluya desde el
principio el capítulo de acceso al mercado de inversiones
El Gobierno español aboga por
que el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA por sus
siglas en inglés) se firme cuanto antes y comience a aplicarse de forma amplia
hasta que lo apruebe el Congreso, posición que contrasta con los límites que
exigen otros países.
El CETA ha entrado en su recta
final. El texto está desde este viernes en manos de los lingüistas que tienen
que hacer las últimas correcciones con vistas a su firma, que
Bruselas quiere llevar a cabo en la Cumbre Unión Europea-Canadá del 27 de
octubre. En cuanto esté rubricado y el Parlamento Europeo dé luz verde,
empezará a aplicarse de forma provisional hasta que lo ratifiquen las cámaras
nacionales de los Veintiocho, condición indispensable para que entre
oficialmente en vigor.
Ningún país se opone a la
aplicación provisional del acuerdo, que podría prolongarse durante años, pero
la mayoría tiene dudas sobre el alcance de la misma, especialmente en lo que se
refiere al capítulo de protección a los inversores y acceso a los mercados. Así
se recoge en los documentos de la última reunión de trabajo entre Comisión y
estados, a los que ha tenido acceso eldiario.es.
España, junto con Portugal, ha
pedido explícitamente que se incluyan las provisiones sobre el acceso al
mercado de inversiones, que regulan las posibilidades de las empresas europeas
en Canadá y viceversa. La Comisión Europea apoya esta postura y ha advertido de
que no hacerlo podría desalentar las inversiones canadienses en la UE. Sobre
todo, subraya, el país norteamericano podría hacer lo propio y limitar la
entrada de compañías europeas en su mercado.
Pero el punto más polémico es
la parte de protección a los inversores, que contempla el criticado Sistema de
Tribunales de Inversiones (ICS por sus siglas en inglés). El ICS permite que
los inversores extranjeros lleven a los Estados ante un tribunal específico, al
margen de la justicia ordinaria, si creen que alguna de sus decisiones les
perjudican.
Diez países (Alemania,
Irlanda, Luxemburgo, Hungría, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Letonia, Lituania y
Eslovenia) se oponen, con mayores o menores reticencias, a que este sistema se
incluya desde la aplicación provisional. España, por su parte, no ha
solicitado expresamente que se incluya pero tampoco ha manifestado reserva
alguna.
Francia, Austria y Bulgaria
temen que sea difícil separar este apartado del de acceso a los mercados, ya
que forman parte del mismo capítulo. Ambos son de interés crucial para las
empresas.
Protección
a los inversores
El Sistema de Tribunales de
Inversores es uno de los caballos de batalla de las numerosas ONG que rechazan
el CETA y denuncian que es la antesala del TTIP que se negocia con Estados
Unidos. Para Ecologistas en Acción, el ICS aumenta el riesgo de que los
estados afronten demandas millonarias por proponer medidas de interés público.
“Es una herramienta poderosa en manos de los inversores para impedir cambios en
las regulaciones que busquen proteger la salud pública, el medio ambiente o
mejorar las condiciones de las personas”, dice su portavoz, Tom Kucharz.
Su inclusión en la aplicación
provisional podría dar pie a que surjan conflictos entre Estados y empresas
incluso antes de que el Tratado haya sido ratificado por los parlamentos
nacionales: el acuerdo podría revertirse pero los juicios seguirían
abiertos.
España quiere firmar en octubre
Dada
la división entre los Veintiocho, la CE ya da por hecho que la protección de
los inversores quedará fuera de la aplicación provisional, aunque el alcance de
la misma aún está por decidir. Bruselas tenía previsto que se negociase una vez
firmado el Tratado pero varios países han pedido que se aclare antes, con lo
que es posible que el tema tenga que dirimirse en un Consejo extraordinario de
Asuntos Exteriores a finales de verano o principios del otoño, según los
documentos consultados.
Algunos
Estados han advertido de que ahora mismo no pueden garantizar que lo
rubricarán. Es el caso de Bélgica, donde el Parlamento de la región de Valonia
ha anunciado que vetará el acuerdo, o de Rumanía, que denuncia que Canadá exija
a sus ciudadanos un visado que no necesitan el resto de europeos.
El
Gobierno español en funciones, sin embargo, ha defendido que el acuerdo se
firme en octubre pese a que un mes después del 26J sigue sin haber Ejecutivo.
“Es
muy preocupante que el Gobierno en funciones defienda la firma y aplicación provisional
de un tratado que tendrá consecuencias amplias y muy negativas más allá de la
presente legislatura sin haberlo debatido en el Congreso y el Senado”, denuncia
Ecologistas en Acción.
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