Publicado en The News Observer
Por
Los reguladores ambientales estatales argumentan que
incluso si se encuentra que la comisión que creó los
primeros reglamentos del fracking en Carolina del Norte realizó el trabajo de forma inconstitucional, éste seguiría siendo válido.
El Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales refleja esto sobre el argumento
de una demanda presentada contra el
Estado por un grupo ambiental y
un residente del Condado de Lee,
que vive al lado de la tierra arrendada
para la extracción de gas natural.
La demanda alega que la Comisión de
Minería y Energía fue ilegalmente
constituida porque es el gobernador,
y no el poder
legislativo, quien tiene la autoridad para nombrar a la mayoría de los miembros de juntas y comisiones que
llevan a cabo las funciones del
poder ejecutivo. La demanda, presentada en enero por la Asamblea Haw River y Keely Wood Puricz, busca que los reglamentos
del fracking, que la Comisión adoptó en
noviembre, sean declarados nulos
y sin efecto.
Las
normas entraron en vigor en marzo, y un mes más
tarde, los demandantes pidieron a Donald Stephens, juez de la Corte Superior del Condado de Wake una medida cautelar para detener la entrada en vigor de las reglas.
El gobernador Pat McCrory hace la misma separación de poderes argumentada en una demanda que presentó contra los
líderes legislativos, buscando específicamente disolver una comisión que
se formó para desarrollar normas
para la eliminación de las
cenizas de carbón almacenadas de
las centrales eléctricas. La Asamblea General se otorgó a sí misma
la facultad de nombrar a la mayoría
de sus miembros.
Un panel de tres jueces falló a favor
del gobernador en marzo, y los acusados apelaron. La
Corte Suprema del estado escuchará los
argumentos en este caso el 30 de junio.
A
principios de este mes, Stephens, en efecto, impuso una moratoria sobre la emisión
de los permisos de fracking hasta que la Corte Suprema dictamina en la demanda
del gobernador. No
hay solicitudes de permisos todavía.
DENR
no podía defenderse con el argumento de que los miembros de la Comisión de
Minería y Energía fueron nombrados legalmente, porque eso sería ir en contra de
la demanda del gobernador. En
cambio, DENR está argumentando que incluso si los tribunales encuentran que
fueron nombrados inconstitucionalmente por el legislador, las reglas que
escribieron siguen siendo válidas y aplicables. La
agencia se opuso a la solicitud de una medida cautelar contra las reglas.
Al
realzar ese argumento, los abogados de la firma de abogados de Kilpatrick
Townsend, representando al DENR, citaron un fallo de la fiscal general del estado
en el 2000.
En
ese caso, el entonces Secretario deñ DENR, Bill Holman buscó una opinión acerca de si los
miembros de la Comisión de Gestión Ambiental del estado podrían ser reelegidos
para periodos consecutivos, y si un miembro ilegalmente nombrado invalida el
trabajo de la comisión.
Los abogados de la oficina del
fiscal general tuvieron en cuenta que no sólo era legal volver
a nombrar a los miembros, sino que su trabajo no se puede deshacer,
incluso si habían sido nombrados inconstitucionalmente.
"Aun
cuando se descubrió que un miembro de la
comisión desempeñe su cargo de
forma ilegal, las medidas adoptadas por la Comisión durante ese tiempo por el miembro del servicio son válidas", dijo el dictamen jurídico.
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