Publicado en Noticias
de Álava
Por Pablo José Pérez
y José Ramón Gómez
8 de mayo de 2015
Advierte
al Gobierno Vasco sobre las medidas medioambientales y recuerda las sentencias
de Cantabria o La Rioja
VITORIA - El Gobierno central ha comunicado al Gobierno Vasco que éste no
es competente para establecer moratorias en torno al fracking y que cualquier
decisión “implica una lesión del orden constitucional de distribución de
competencias”.
Ésa es la decisión última que ha adoptado el Ejecutivo central, en
manos del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, y que la Mesa del Parlamento
Vasco conoció esta misma semana, tras los informes elaborados por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas y el de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, como respuesta a la proposición de la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) de medidas adicionales de protección medioambiental parta la
extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica, que se
encuentra en trámite en el Ejecutivo autonómico desde el 30 de diciembre del
pasado año.
En la iniciativa, en síntesis, se trataba de establecer medidas de
protección medioambiental para la exploración, investigación y explotación de
hidrocarburos prohibiendo la técnica del fracking,
tanto en el futuro como en los permisos ya concedidos por el Gobierno central.
Ante ello, los servicios jurídicos del Estado afirman que en la
proposición “no se contempla distinción alguna en cuanto a que las actividades
a realizar sean de titularidad estatal y/o de titularidad autonómica y ello
puede implicar una lesión del orden de distribución de competencias entre el
Estado y las comunidades autónomas, en el supuesto de que la autorización o
aprobación del proyecto sea competencia de la Administración el Estado”.
En ese sentido, el Ministerio recuerda que se declararon
inconstitucionales las iniciativas de los gobiernos de Cantabria y de La Rioja
por esa misma razón y lo justifica parque en la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de Proyectos, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2008, “se
autoriza el empleo de la fractura hidráulica en el desarrollo de los trabajos
de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos”.
Según el Gobierno central, “con el fin de proteger el medio
ambiente, la comunidad autónoma puede imponer requisitos y cargas para el
otorgamiento de autorizaciones y concesiones… Pero sin alterar el ordenamiento
básico en materia de régimen minero y energético”. En esas materias no puede
entrar ni el Gobierno Vasco ni cualquier otra comunidad autónoma. Es una
competencia exclusiva del Estado y el Estado seguirá adelante con sus proyectos
de búsqueda de hidrocarburos desoyendo a las instituciones y a los ciudadanos y
sus asociaciones.
Precisamente, la cercanía de las elecciones municipales y forales
ha vuelto a situar sobre el tablero político los proyectos de extracción de gas
mediante la técnica del fracking que sobrevuelan el territorio, si
alguna vez dejaron de estar ahí. Gran parte de la culpa de que esto haya sido
así la ha tenido la plataforma que encabeza la oposición a la fractura
hidráulica en Euskadi, Fracking ez, que hace apenas tres semanas puso en marcha
una campaña para que los alcaldables y los candidatos a las diputaciones se
mojen en torno a un tema tan espinoso. En pocos días se conocerán los
resultados de Vota Fracking Ez,
que así se llama esta iniciativa, y que según los recuentos provisionales de
sus impulsores dejará un altísimo porcentaje de adhesiones.
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Me atrevo a decir sin temor a equivocarme que aquel que haciendo uso de la mayoría absoluta autoriza prospecciones utilizando la técnica del fracking, desoyendo a las instituciones, a los ciudadanos y a sus asociaciones, tiene el cazo preparado para recibir sabrosas comisiones que terminan en paraísos fiscales como ya ha ocurrido en otras muchas operaciones de venta de nuestros activos, de nuestro patrimonio y de la externalización de nuestros servicios públicos. A ellos, los vende-patrias, los quisiera vero yo respondiendo ante la ciudadanía.
ResponderEliminarHabida cuenta de los graves y bien conocidos problemas que el fracking está causando en Estados Unidos, resulta increíble que en España haya quien desde una posición de poder pueda firmar autorizaciones para hacer fracking en nuestro suelo. Ante esto, caben dos respuestas: o bien el que firma no tiene ni idea de los problemas en Estados Unidos, en cuyo caso su falta absoluta de información le incapacita para desempeñar su cargo por inutil, o bien el que firma si que está informado de esos problemas pero el cebo de una sabrosa comisión le hace mirar para otro lado y firmar las autorizaciones de prospección.
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