Los seis magistrados de lo Contencioso de la Sala de Tenerife son llamados para decidir sobre el recurso del Gobierno canario
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decidirá finalmente el viernes sobre la suspensión cautelar de las prospecciones petrolíferas solicitada por la Comunidad Autónoma en un recursos interpuesto por sus servicios jurídicos. En una providencia firmada por el presidente de la Sala, Pedro Manuel Hernández Cordobés, se convoca a los magistrados que forman parte de las dos secciones de lo Contencioso el día 5 para deliberar.
Según la providencia, la iniciativa surge de la mayoría de los magistrados de la Sala por la especial trascendencia de la medida sobre la que se va a decidir. Por ello se cumple el artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el que se recoge que "podrán ser llamados, para formar Sala, todos los magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el presidente, o la mayoría de aquellos, lo estime necesario para la administración de Justicia".
Hernández Cordobés llama a la totalidad de los miembros de lo Contencioso-Administrativo para resolver el recurso de medidas cautelares solicitado por el Gobierno canario porque la materia sobre la que versa es común a las dos secciones. El magistrado también remarca la "especial trascendencia de la medida".
El próximo viernes es el último día hábil del que dispone el TSJC para resolver el recurso, cuyo ponente es el magistrado Juan Ignacio Moreno-Luque Casariego. El resto de jueces, además del presidente, son Jaime Guilarte Martín-Calero, María del Pilar Alonso Sotorro, Rafael Alonso Dorronsoro y Luis Helmut Moya Meyer.
Aún se desconoce si el fallo judicial será conocido el mismo día o se dejará para la próxima semana, pero tanto el Ejecutivo autonómico como Repsol dan especial relevancia a la decisión que se adopte ya que de ella depende el futuro inmediato de las prospecciones que la compañía inició el pasado 4 de noviembre a menos de 60 kilómetros de las costas de las Islas.
Tanto el Gobierno canario como el Ministerio de Industria se han cruzado reproches sobre este recurso, presentado por los servicios jurídicos autonómicos y sobre el que la Sala de Santa Cruz de Tenerife del TSJC se declaró competente. Repsol ha amenazado con abandonar definitivamente los sondeos, mientras pende sobre las dos administraciones la petición de indemnizaciones.
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