El próximo 27 de enero se
debatirá en el Cámara del Parlamento europeo una protesta presentada por la
asociación agraria y ganadera de Cantabria UGAM-COAG contra el permiso
concedido a la petrolera REPSOL para la exploración de hidrocarburo no
convencionales y conocido como permiso LUENA
La petición fue admitida por
la Cámara el 2 de abril de 2014 y será D.
Raúl Hernández el interviniente, en su calidad de abogado y representante de
este sindicato agrario.
El Sr. Hernández transmitirá el
temor de sus representados ante los posibles riesgos ambientales y sobre la
salud de personas y animales de la fracturación hidráulica o fracking y recalcará el rechazo de gran
parte de la sociedad civil por esta técnica extractiva.
El gobierno de Cantabria fue
el primero de España en legislar contra las técnicas de exploración y extracción
de hidrocarburos no convencionales en su territorio. Sin embargo, el Gobierno
de España recurrió al Tribunal Constitucional la ley Cántabra quedando
finalmente invalidada.
La queja de UGAM-COAG también ha sido dirigida al Defensor de Pueblo que terminó declarando
como “NO CONCLUYENTE” la información
remitida por el Ministerio de Industria.
Los argumentos aparentemente fueron descritos como vagos y generalistas.
Dentro del permiso LUENA, la compañía REPSOL propondría la perforación de un primer pozo exploratorio situado
entre San Pedro del Romeral y Vega de Pas. Esta perforación involucraría al acuífero Puerto del Escudo que
desde el punto de vista hidrogeológico ocupa más de 500 Km2 y rebosa en la superficie a través de múltiples manantiales en el área del permiso. Estas mismas aguas descargan en los acuíferos aluviales de los ríos Pas, Pisueña y Besaya y de cuyas aguas dependen decenas de miles de Cántabros.
Si las respuestas vagas del ministerio
dirigido por Jose Manuel Soria han
contribuido a incrementar los temores de la población, vendría a llover sobre mojado con
la reciente denuncia del fiscal de Castellón, que con el visto bueno de la Fiscalía
General del Estado abrió expediente por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente, y contra los
responsables de los ministerios de Industria y de
Medio Ambiente y del Instituto Geológico y Minero, a raíz de
los sísmos inducidos por el almacén de gas CASTOR. La denuncia también recogería al operador, la empresa ESCAL.
Ver a los reguladores
españoles, responsables en las actividades de hidrocarburos, bajo la acusación
del fiscal no hace sino incrementar el temor y la desconfianza de la población sobre la independencia de los reguladores respecto a los operadores y sobre la exigencia en el cumplimiento de los puntos de regulación existentes (en caso de haberlos).
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