martes, 30 de diciembre de 2014

El fracking en Cantabria llega al Parlamento europeo






El próximo 27 de enero se debatirá en el Cámara del Parlamento europeo una protesta presentada por la asociación agraria y ganadera de Cantabria UGAM-COAG contra el permiso concedido a la petrolera REPSOL para la exploración de hidrocarburo no convencionales y conocido como permiso LUENA



La petición fue admitida por la Cámara el 2 de abril de 2014 y será D. Raúl Hernández el interviniente, en su calidad de abogado y representante de este sindicato agrario.

El Sr. Hernández transmitirá el temor de sus representados ante los posibles riesgos ambientales y sobre la salud de personas y animales de la fracturación hidráulica o fracking y recalcará el rechazo de gran parte de la sociedad civil por esta técnica extractiva.

El gobierno de Cantabria fue el primero de España en legislar contra las técnicas de exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales en su territorio. Sin embargo, el Gobierno de España recurrió al Tribunal Constitucional la ley Cántabra quedando finalmente invalidada.

La queja de UGAM-COAG también ha sido dirigida al Defensor de Pueblo que terminó declarando como “NO CONCLUYENTE” la información remitida por el Ministerio de Industria. Los argumentos aparentemente fueron descritos como vagos y generalistas.

Dentro del permiso LUENA, la compañía REPSOL propondría la perforación de un primer pozo exploratorio situado entre San Pedro del Romeral y Vega de Pas. Esta perforación involucraría al acuífero Puerto del Escudo que desde el punto de vista hidrogeológico ocupa más de 500 Km2 y rebosa en la superficie a través de múltiples manantiales en el área del permiso. Estas mismas aguas descargan en los acuíferos aluviales de los ríos Pas, Pisueña y Besaya y de cuyas aguas dependen decenas de miles de Cántabros. 

Si las respuestas vagas del ministerio dirigido por Jose Manuel Soria han contribuido a incrementar los temores de la población, vendría a llover sobre mojado con la reciente denuncia del fiscal de Castellón, que con el visto bueno de la Fiscalía General del Estado abrió expediente por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente, y contra los responsables de los ministerios de Industria y de Medio Ambiente y del Instituto Geológico y Minero, a raíz de los sísmos inducidos por el almacén de gas CASTOR. La denuncia también recogería  al operador, la empresa ESCAL.

Ver a los reguladores españoles, responsables en las actividades de hidrocarburos,  bajo la acusación del fiscal no hace sino incrementar el temor y la desconfianza de la población sobre la independencia de los reguladores respecto a los operadores y sobre la exigencia en el cumplimiento de los puntos de regulación existentes (en caso de haberlos).




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