lunes, 15 de diciembre de 2014

El Ejecutivo español facilita las prospecciones de combustibles fósiles con la oposición de los "barones regionales"


Acción de protesta de la flotilla Sandia en aguas cercanas a las costas canarias donde se realiza el sondeo de REPSOL




El pasado viernes el Consejo de Ministros del Gobierno español aprobó un proyecto de ley que favorecería la exploración y explotación de petróleo y gas con operaciones marinas y terrestres.

Así, con el fin de favorecer estas actividades y suavizar la oposición a los proyectos gasísticos y petroleros se estudia que parte de los impuestos y tasas puedan llegar a las comunidades afectadas, incluyendo comunidades autónomas, municipios y propietarios afectados con las operaciones en tierra, si bien todavía es pronto para asegurar como sería el reparto para estos últimos, si por el subsuelo afectado por el pozo vertical o por la presencia de los pozos horizontales con el fracking. En el primer caso beneficiaría a uno o varios propietarios y en el segundo caso podría beneficiar a decenas de ellos.

Sin la posibilidad de acceder al texto definitivo todavía, tampoco queda claro como se recompensaría al propietario con los pozos exploratorios fallidos, es decir que no sean comercialmente viables, ya que aparentemente se trataría de un beneficio “a comisión” asociado a la explotación. 

Es de recordar que la geología europea está desinflando las ilusiones de repetir el éxito del esquisto en los Estado Unidos. Polonia, país europeo con las mejores previsiones estimadas para contener reservas de gas de esquisto, está obteniendo resultados decepcionantes que han provocado el abandono de los operadores y la presencia de un número elevado de pozos exploratorios con resultados negativos.

Para las operaciones en tierra, numerosas comunidades autónomas (sistemas administrativos parecidos a los lander alemanes, o estados en los EE.UU.) han dispuesto prohibiciones o moratorias sin disponer de potestad legal sobre el subsuelo, donde legislativamente, es reconocido el Estado Español como responsable último.

Sin embargo, si contarían con una legislación asociada a la utilización del suelo que podría dificultar de forma importante los planes del Ejecutivo central. Estas normativas guardarían cierta relación con las normas de “zonificación” que se aplicaron en muchas localidades del estado de New York o recientemente en Denton, Texas.

Sin embargo, esto podría ocasionar fuertes presiones sobre algunos gobiernos autonómicos de signo conservador que podrían verse forzados entre los llamados del Gobierno central y la mirada atenta de los electores. En España, al contrario que en otras democracias avanzadas, la discrepancia dentro del mismo partido político todavía no es aceptada dentro de la normalidad democrática.

Si se prevé una fuerte polémica con la operaciones de fracking en tierra no es menor con la exploraciones en el mar. El protagonismo mediático de las operaciones marinas están centrado en operaciones cercanas a las islas Canarias y futuras actuaciones en las islas Baleares.

El primer pozo exploratorio en las islas Canarias lo está realizando la compañía REPSOL con la oposición del Ejecutivo canario y buena parte de la población que defenderían un ecosistema de grandes cetáceos y la actividad turística de las islas. El ministro de Energía del ejecutivo español, Jose Manuel Soria es de origen canario y las prospecciones le estarían suponiendo una pérdida importante de popularidad en el archipiélago.

Antes del inicio de las prospecciones,  el Gobierno central habría exhibido los grandes beneficios económicos para las islas en forma de ingresos por tasas e impuestos y la creación de numerosos puestos de trabajo. Asimismo, se habría publicitado sobre la necesidad de acelerar los trabajos por la competencia de perforaciones en aguas marroquíes.

Los trabajos en aguas marroquíes han resultado fallidos y los primeros resultados de REPSOL se esperan para mediados del mes de enero. Unos resultados negativos podrían aumentar el descrédito del ejecutivo central y complicar otros futuros sondeos.

Con la posibilidad de prospecciones en las islas Baleares, de importante actividad turística, se espera el primer “encontronazo” serio entre miembros del partido conservador. El presidente del gobierno balear, José Ramón Bauzá, del Partido Popular, ha mostrado claramente su indignación ante el proyecto de ley aprobado por el ejecutivo central, remarcando su rechazo a cualquier prospección y defendiendo el turismo "sostenible" en las islas.

La semana pasada, se dió la situación de tres senadores conservadores, por la Comunidad Balear, que votaron una moción del partido socialista contraria a las prospecciones. El ministro Soria, anunció a continuación que el Grupo Popular en el Senado tomaría medidas contra ellos. 

Por otra parte, el sábado una flotilla de barcos, reconocida como flotilla Sandia, se acercó a la zona de sondeos de Repsol frente a las costas canarias para mostrar su rechazo e indignación al proyecto e intentar hacer un chequeo ambiental en la zona que finalmente no fue posible por el mal tiempo. Este tipo de acciones no deja de tener un eco mediático por la popularidad de las islas como destino vacacional europeo.

Una noticia inquietante vendría sobre un informe del Defensor del Pueblo ante la demanda formal de información en la Comunidad de Cantabria por una asociación agraria y ganadera, UGAM-COAG, que habría manifestado sus temores ante el permiso de exploración conocido con el nombre de LUENA y que implicaría a la compañía REPSOL en una perforación en cuyo subsuelo se encuentra el acuifero de la Sierra del Escudo.

El Defensor del Pueblo habría definido la información oficial recibida,  por parte del ministerio dirigido por José Manuel Soria, de generalista y  “no concluyente” , dicha petición requería sobre aspectos mediambientales y de seguridad sobre las personas y animales.

Del informe del Defensor del Pueblo parece intuirse que el Ministerio habría contestado con generalidades y sin abordar los detalles específicos de este permiso, muchas de estas generalidades sobre el fracking han sido repetidas públicamente por el ministro y algunas ya han sido superadas en el tiempo por los acontecimientos. A este hecho, habría que sumar las declaraciones crípticas de Isabel García Tejerina, responsable del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que defendería que la modificación en la Ley de hidrocarburos "no incentiva el fracking sino que lo dificulta". (?)

Sin embargo, estos acontecimientos nos llevan al papel de los reguladores en España. El ejecutivo viene exhibiendo de forma generalista e inconcreta la seguridad de las prospecciones sin mostrar con más detalle un relato pormenorizado de las actuaciones regulatorias de dichas actividades. España no es un país con antecedentes en la explotación de hidrocarburos y la poca experiencia de los reguladores podrían incrementar el temor y la desconfianza  de los ciudadanos en las zonas afectadas.

Esta desconfianza resulta entendible sí prestamos atención a las experiencias más recientes. Sirva de ejemplo, con el ejecutivo anterior, el almacén de gas CASTOR, donde la responsabilidad del estudio geológico y sísmico se dejó en manos del propio operador sin decidir sobre otros estudios independientes y con el agravante de que ante la presencia de problemas irresolubles que impidieran el uso del depósito, el coste de realización sería cargado sobre las espaldas del sufrido contribuyente.

En el momento actual estamos ante una ecuación con muchas variables y otras que seguramente estarán por venir,  como para ver un resultado aproximado a todo este proceso. 

España es un país con reservas estimadas de gas de esquisto modestas. Así, se desprende de los estudios de la ARI/ EIA, las mismas entidades especializadas que sobrestimaron en un 90% las reservas polacas. 

Curiosamente el caso español seria paradigmático, ya que el ministro Soria y las empresas interesadas defienden mayores reservas que las estimadas por la consultora y la agencia norteamericana. Sería un caso claro donde las entidades norteamericanas se equivocarían por defecto y no por exceso.

El tiempo nos irá dando claridad sobre la aventura que España va a emprender con el esquisto y con las exploraciones en sus costas de la mano del gobierno del Partido Popular.




Para leer más buscar en prensa española, 

Palabras clave (prospecciones, proyecto ley, hidrocarburos, baleares, sondeos , Canarias, Sandía, Defensor del Pueblo, Luena)


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