Agencia EFE/ la información.com
El
Defensor del Pueblo considera que la
valoración que el Ministerio de Industria hace sobre el
impacto que el uso del fracking tendría sobre el sector energético y el
desarrollo económico "no es concluyente".
El
Defensor del Pueblo considera que la valoración que el Ministerio de Industria
hace sobre el impacto que el uso del fracking tendría sobre el sector energético
y el desarrollo económico "no es concluyente".
Está
es una de las principales conclusiones que ha indicado el Defensor del Pueblo
en respuesta a una queja de la organización agraria UGAM-COAG sobre las
posibles afecciones que podría causar el uso de este técnica de extracción de
gas no convencional en espacios protegidos.
Este
organismo ha remitido sus conclusiones a la organización agraria después de
haber examinado la documentación requerida al Ministerio que dirige José Manuel Soria sobre el permiso Luena, en
los municipios cántabros de San Pedro del Romeral y Vega de Pas, que justificase el uso de esta
técnica.
El
Ministerio justifica el uso de esta técnica no sólo porque contribuiría
"notablemente" a aliviar la balanza energética sino también por su
"potencial" para generar actividad económica complementaria. En este
sentido, pone como ejemplo el desarrollo tanto energético como económico asociado
al uso de esta técnica en Estados Unidos.
A
este respecto, el Defensor del Pueblo dice que "la valoración
proporcionada no es concluyente" en cuanto a la valoración de la
aportación al sector energético que supone en España la explotación de gas no
convencional mediante el empleo del 'fracking' en relación con los riesgos para
la salud y
seguridad de las personas y el medio ambiente.
Además,
opina que "los datos sobre la economía estadounidense no son extrapolables
a la española ni cabe esperar que los efectos sobre el sector energético sean
los mismos".
Sobre
la necesidad de aprobar una norma que regule la evaluación de la fractura
hidráulica, Industria lo considera innecesario porque cree que esta técnica es
análoga a otras y que debe aplicarse el régimen de evaluación ambiental y
control exigible a cualquier otras actividad de exploración, investigación y
explotación de hidrocarburos sin especificidad alguna que justifique un
tratamiento normativo diferenciado.
El
Defensor del Pueblo dice que, "por el contrario, el empleo del 'fracking'
en España y en el resto de Europa ha generado un amplio debate fundamentalmente
referido a sus efectos ambientales ya que la explotación de gas no convencional
mediante esta técnica "presenta singularidades respecto a las técnicas
para la extracción de gas convencional".
Entre
ellas, destaca el volumen de recursos hídricos necesarios para la fractura; la
presencia de sustancias tóxicas en los fluidos de inyección, incluido el metano
y sustancias radioactivas que no se recuperan, de manera que permanecen y
contaminan el suelo y los acuíferos, incluso los alejados, debido al contacto
entre fracturas naturales y fracturas creadas en el proceso; o la sismicidad
inducida por la fracturación horizontal.
En cuando
a la información ambiental aportada por el Ministerio sobre el permiso Luena,
el Defensor del Pueblo la considera insuficiente ya que en ella "se
enumeran de manera genérica las medidas que deben adoptarse en el empleo de
esta técnica para evitar riesgos pero no se describen ni se precisan para el
caso concreto".
En
esta línea, también critica que Industria no aporte datos que incidan en la
adopción de dichas medidas, tales como las sustancias que forman parte de los
fluidos de inyección, el volumen de recursos hídricos necesarios, el porcentaje
de liquido de inyección que se recupera o la descripción del medio
hidrogeológico.
En
cuanto a la información aportada por el Ministerio sobre la divulgación de
información ambiental del permiso Luena, critica que únicamente se aporte
información sobre acerca de la participación en el procedimiento de evaluación
ambiental.
E
indica que "no son esos datos los que se le pedían sino los referentes a
la obligación de las administraciones públicas de divulgar activamente
información ambiental" y apunta que, aunque el Ministerio vaya a hacer
modificaciones en la web para informar sobre el número de pozos y el número de
autorizaciones que se otorguen, "no parece suficiente para atender el
debate público sobre la fractura hidráulica".
Por
todo ello, el Defensor del Pueblo ha solicitado al Ministerio de Industria
información adicional que permita acreditar que "existen soluciones
técnicas para evitar impactos específicos y no deseados que deriven del uso del
'fracking' y le ha pedido estudios concluyentes acerca de la incidencia
positiva y significativa que tendría en el modelo energético nacional el uso de
esta técnica, entre otra documentación.
(EuropaPress)
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