Protesta
en Santander contra los permisoS de Bezana-Bigüenzo / Antonio
'Sane'
Publicado en El
Diario Montañes
Por Pilar Chato
30 de enero de 2016
El
Alto Tribunal rechaza el recurso de Valdeprado del Río y argumenta que se trata
solo de una investigación que no usa la fractura hidráulica
El Tribunal Supremo (TS) avala
los permisos
de Bezana-Bigüenzo para investigar la posible extracción de gas mediante
fractura hidráulica –fracking- en el sur de Cantabria. En concreto, las
autorizaciones concedidas a Petrolium Oil & Gas de España afectan a zonas
de Valdeprado del Río, Valderredible, Campoo, norte de Palencia y Burgos. Fue
precisamente Valdeprado del Río quien recurrió ante el Alto Tribunal el
acuerdo del Consejo de Ministros que ratificaba el permiso que ahora, no
solo no le da la razón sino que le condena en costas.
Valdeprado del Río alegaba un
principio de precaución sustentado en que la ley de cantabria de 2012 prohibía
el fracking en el territorio regional. También se apoyaba en que el expediente
administrativo carecía de algunos documentos exigidos por la Ley de
Hidrocarburos y en la aparición a posteriori de informes “de valor esencial”.
En concreto uno del Instituto
Geológico y Minero de 2014 que evidenciaba los peligros relacionados con la
fractura hidráulica y el proyecto de Ley de Evalución Ambiental que exige
informes ambientales para los proyectos de fracking.
Sin embargo, el TS echa por
tierra todos estos argumentos y destaca, por un lado, que el permiso solicitado
es solo para investigar y que para esa tarea no se utilizan las técnicas de
fracking, por lo que no es aplicable ni el informe del IGM ni el proyecto de
ley; y, por otro, que la ley cántabra fue declarada inconstitucional. En cuanto
a la falta de documentos denunciada por el Ayuntamiento, el TS cree que no se refiere
a un “error de hecho”, sino a “un defecto en la documentación presentada o un
incumplimiento de la normativa legal”. Destaca que se incluyeron medidas de
protección y restauración ambiental y memoria técnica, si bien Valdeprado
denunciaba la falta de documentos que acreditaran la capacidad económica,
superficie afectada, y el plan de inversiones y de restauración ambiental…
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