Publicado en Sputnik
10 de septiembre de 2015
Los partidos españoles comienzan a posicionarse sobre el "fracking" de cara a las elecciones generales que se celebrarán a finales de año. Mientras la izquierda quiere prohibir esta técnica, los partidos de centroderecha evitan mencionar este tema en sus programas.
El "fracking" consiste en inyectar grandes
cantidades de agua y productos químicos a gran profundidad para romper la roca
de pizarra que alberga gas de esquisto o petróleo.
Esta semana,
los partidos de izquierdas y ecologistas, ratificaron en el Congreso de los
Diputados su compromiso de prohibir el fracking en sus programas electorales.
La propuesta,
conocida como "Stopfracking 2015", contó con el apoyo de los
socialistas del PSOE, de Izquierda Plural, Coalición Canaria, Ciudadanos, los
nacionalistas vascos de Amaiur, nacionalistas gallegos del BNG, Esquerra
Republicana de Catalunya y los ecologistas de Compromís-Equo.
A esta
propuesta también se sumaron otros partidos sin representación parlamentaria,
como Podemos o el Partido Animalista (Pacma).
Estas
organizaciones defienden que esta técnica de fractura hidráulica de las rocas
del subsuelo tiene "más desventajas que beneficios a largo plazo".
El diputado de
Izquierda Unida, Luis Centella, ha llamado a "desenmascarar" a
quienes "se escandalizan cuando ocurren desastres naturales" —en
referencia al Gobierno conservador del Partido Popular (PP)- pero, al mismo
tiempo, "apoyan técnicas de alto riesgo, como la fractura
hidráulica".
Sumándose a
este compromiso político, más de 200 grupos contrarios al "fracking"
se manifestaron este miércoles frente al Ministerio de Agricultura para
denunciar los impactos sociales, ambientales y económicos de esta técnica.
Por el contrario, los partidos de centroderecha evitan
pronunciarse en sus programas sobre esta polémica cuestión, aunque muchos de
ellos, como el Partido Popular (PP), mostraron su apoyo a esta técnica en
numerables ocasiones.
Hasta el
momento, cinco comunidades autónomas —La Rioja, Navarra, Cataluña,
Cantabria y Andalucía- han legislado ya contra la fractura hidráulica.
Sin embargo,
ninguna ha tenido mucho éxito a causa de las demandas que el Gobierno central,
de los conservadores del PP, interpone ante el Tribunal Constitucional. De esta
forma, pretende anular todas las leyes regionales que intenten prohibir el
"fracking" asegurando que es "competencia estatal".
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