Las áreas terrestres afectadas por los permisos de
exploración de hidrocarburos en el norte de España ocupan una extensión más que
importante y claramente diferenciada del resto del País
Publicado en Cadena SER
Por David Yurre
25 de septiembre de 2015
Reduce las trabas legales a que no podrá perforar en
zonas de vulnerabilidad media, alta y muy alta definidas en el mapa de
acuíferos
La ley que limita el
‘fracking’, aprobada por el Parlamento vasco y contra la que Madrid ha
anunciado recurso de inconstitucionalidad, no afecta a los pozos que se están preparando en Subijana,
según se desprende de la respuesta remitida por el Gobierno vasco a la Cámara a
preguntas de EH Bildu.
Preguntado por la
afección de la ley a los permisos solicitados para la explotación de
hidrocarburos, el departamento que dirige Arantxa Tapia admite que afecta “parcialmente” a los que están
localizados “total o parcialmente” en Euskadi, ya que “no podrá perforar en zonas de vulnerabilidad
media, alta y muy alta definidas en el mapa de vulnerabilidad de los acuíferos”.
Una posibilidad que en principio estaba ya descartada.
Pero, salvo esa traba,
el Gobierno vasco no detecta en la norma ningún obstáculo legal añadido para
explorar hidrocarburos como el gas no convencional.
Sin embargo, el
Ejecutivo obvia en esa respuesta que expresamente la ley contempla que en suelos no urbanizables, es
decir, la mayoría, “no se podrá utilizar la técnica de la fractura hidráulica”
cuando pueda tener “efectos negativos” y hasta la fecha, el ‘fracking’ es la
técnica que se utiliza para explotar, pero también para explorar el gas no
convencional.
En todo caso, y dada la
fase en la que se encuentran los proyectos, dice el Gobierno que “hasta el momento no ha sido preciso dar ningún
paso concreto para el cumplimiento de lo establecido en la ley".
Asimismo, admite que
mantiene en vigor todos los contratos firmados con distintas empresas “tanto
para la exploración como para la posible, en caso de éxito, explotación de
hidrocarburos” como son los permisos ‘Fulmar’,
‘Angosto’, ‘Gran Enara’ y ‘Cameros’.
El Ejecutivo reconoce
que ha informado a sus socios
privados sobre el alcance de la ley y sobre la intención
expresada por el Gobierno central de recurrir la norma en su integridad ,
aunque “todavía no se ha mantenido ninguna reunión conjunta para analizar la
situación”.
Preguntado por la
posibilidad de que las empresas puedan exigir indemnizaciones si la ley se
mantiene en vigor, asegura que “estarán en su derecho” y que, en los proyectos
que SHESA es socio y operador, como Angosto o Gran Enara, “podrían llegar a reclamar a la Administración
vasca la cantidad desembolsada por causa de una nueva ley
sobrevenida que impediría ejecutar la inversión y trabajos comprometidos”.
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