miércoles, 23 de septiembre de 2015

La Audiencia Nacional investigará si las petroleras delinquieron al pactar precios en España


El presidente de Repsol, Antonio Brufau.





Publicado en El Mundo
Por Ángeles Vázquez
23 de septiembre de 2015 


Admite a trámite dos querellas por un supuesto delito de colusión en los precios de venta minorista

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará si las principales petroleras del país, Repsol, Cepsa, Disa Corporación Petrolífica y Meroil -que suman el 75% del mercado mayorista de carburantes en España- se pusieron de acuerdo para pactar los precios de los carburantes. El magistrado, siguiendo el criterio del fiscal, ha admitido a trámite las querellas presentadas por la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena y el sindicato Manos Limpias, a los que impone fianzas de 1.000 y 10.000 euros, respectivamente, para poder ejercer la acusación popular. El auto emplaza a declarar -aunque aún sin fecha concreta- a los responsables de esas entidades.

Ambas querellas se basan en que en mayo de 2013 la extinta Comisión Nacional de la Competencia inició una información reservada que culminó en la apertura de un expediente para determinar si las petroleras se habían puesto de acuerdo para influir en los precios. En él se concluyó que había habido varios acuerdos entre Cepsa y Repsol: en las estaciones de Brea de Aragón e Illueca en julio de 2013; un pacto de no agresión entre ambas entidades en el verano de 2011, e intercambios de información estratégica desde ese año hasta 2013. También hubo pactos de no agresión en precios entre Cepsa y Disa, en 2011 y en 2013; entre esta última entidad y Meroil, en 2012 y 2013, y entre Galp y Meroil, este último año. El objetivo de estos acuerdos eran común: "Alterar los precios que hubieren resultado de la libre competencia entre las diferentes operadoras en el mercado de venta de combustible".

Al informar a favor de la admisión a trámite de las querellas, el ministerio fiscal afirma que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito relativo al mercado y a los consumidores, penado en el artículo 284 del Código Penal, que castiga a los que "empleando violencia, amenaza o engaño, intentaren alterar los precios que hubieren de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, títulos valores o instrumentos financieros, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación".

El juez, por su parte, entiende que hay "indicios suficientes sobre la comisión de dicho delito, al constatarse la existencia de pactos ilícitos que hubieren resultado de la libre competencia entre las diferentes operadoras en el mercado de venta de combustible". Y es competencia de la Audiencia Nacional, porque tiene "una grave repercusión en la economía nacional", al sumar Repsol, Cepsa, Galp y Disa "en torno al 68% del mercado por número de estaciones de servicio y el 72% por volumen de ventas". En el mercado mayorista de carburantes en España suman alrededor del "75% del mercado", añade la resolución.

El magistrado, que solicita los expedientes abiertos al respecto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, también tomará declaración a los querellados: las entidades implicadas y sus responsables. Aunque aún no hay fecha concreta, el juez citará en esta condición al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz; el presidente de Cepsa Compañía Española de Petroleos, Khadem Al Qubaisi; el consejero delegado de Disa, Raimundo Baroja, y el presidente ejecutivo de Meroil, José Luis Porte Solano. 



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