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en análisis digital
Hilda González, integrante de la Asamblea
Ciudadana de Concordia, informó que volverán a pedir la banca del pueblo en el Concejo
Deliberante. En este sentido, contó que en 2013 presentaron un proyecto de
ordenanza con más de 4.000 firmas para que se declare a Concordia libre de
fracking, pero como se demoraba “la aprobación de la ordenanza, se solicitó la
banca del pueblo”. Sin embargo, “hasta el momento tampoco hubo respuestas” al
nuevo pedido, lamentó González. Además, la asambleísta aseguró que “los ediles,
de manera informal, nos han expresado que conocen la voluntad, pero esa
iniciativa que ellos no pueden decidir por sí solos porque pertenecen a un
partido político, y que esperan una bajada del gobernador para poder decir sí o
no”.
Ante
el silencio del cuerpo deliberativo, desde la Asamblea se decidió solicitar
nuevamente este espacio “para que podamos explicar el porqué es necesario que
esté en vigencia la ordenanza”, adelantó la defensora del ambiente en
declaraciones a Diario Río Uruguay
La mujer aseveró que los concejales, les admitieron que “conocen la voluntad”, pero reconocieron que “ellos no pueden decidir por sí solos, porque pertenecen a un partido político” y en ese sentido, “esperan una bajada del gobernador para poder decir ‘sí o no’”. Para la asambleísta, esta actitud “es totalmente inconstitucional porque los poderes son independientes según la Constitución Nacional”.
La mujer aseveró que los concejales, les admitieron que “conocen la voluntad”, pero reconocieron que “ellos no pueden decidir por sí solos, porque pertenecen a un partido político” y en ese sentido, “esperan una bajada del gobernador para poder decir ‘sí o no’”. Para la asambleísta, esta actitud “es totalmente inconstitucional porque los poderes son independientes según la Constitución Nacional”.
En
cuanto a lo urgente que consideran desde la Asamblea declarar a Concordia
“libre de fracking”, González remarcó: “Creemos que el tema es más que
emergente porque no logramos detener el trabajo que se está haciendo en Salto
(República Oriental del Uruguay) y eso perjudica a todo el acuífero en nuestra
la región”. Además, “no se está
respetando el acuerdo del Acuífero Guaraní que dice que cada uno de los países
que pone en peligro la seguridad del mismo debe pedir permiso a los países
limítrofes”, puntualizó para concluir.
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