Publicado
en Vozpópuli
El
Consejo de Ministros de finales de agosto o el primero de septiembre aprobará
el plan de Industria para que el Estado se quede con el Castor y abone a su
dueño los 1.380 millones de indemnización. ACS podrá así responder ante sus
bonistas antes del 30 de noviembre.
El
Gobierno no quiere que el problema del Castor se enquiste más de lo que ya
está. Su dueño, Escal UGS,
compañía controlada en un 66% por ACS, está con el agua al cuello porque a
partir del 30 de noviembre tiene que empezar a devolver a sus bonistas los
1.400 millones de euros que les pidió para financiar la construcción
del almacén de gas en las aguas del Golfo de Valencia.
El
presidente de ACS,
Florentino Pérez, se ha movido por las más altas instancias del
Ejecutivo para que éste acelere la solución al problema, después de que Escal
presentara el 18 de julio ante Industria su solicitud de devolución de la
licencia de explotación de la plataforma.
El
ministro de Industria, José Manuel Soria, su mano derecha en energía, el secretario de Estado Alberto Nadal, su hermano Álvaro, jefe de la
Oficina Económica de Moncloa, y hasta la mismísima vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría han conocido la
propuesta del presidente del Real Madrid de primera mano.
Los
contactos han surtido efecto y el Consejo de Ministros de finales de agosto, el
primero tras las vacaciones estivales, o el primero de septiembre aprobará,
previsiblemente, el plan de Industria para colocar el Castor en un ‘banco malo’ o entidad dependiente de la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales (Sepi) y asignar la indemnización para Escal
UGS.
Serán
unos 1.380 millones de euros los que el Gobierno tendrá que abonar al ex
concesionario del Castor en concepto de compensación por la devolución del
activo al Estado. Es éste el valor contable del activo y al que tiene derecho
ACS-Escal UGS, tal y como le reconoce el propio Tribunal Supremo.
Con
su indemnización bajo el brazo, el grupo controlado por Florentino Pérez podrá
presentarse ante sus bonistas con el compromiso
de devolución de los 1.400 millones de euros más intereses que
recibió para costear el proyecto.
La
agencia de calificación de riesgos Fitch ya alertó en su último informe de que
había serias dudas de que Escal UGS pudiera afrontar el pago de los bonos y
degradó el valor de éstos al nivel de bono
basura (pasaron desde ‘BBB+’ a ‘BB+’).
Dado
que la empresa tenía prevista la devolución al Estado de la infraestructura
gasista, Fitch consideraba que tanto el Banco Europeo de Inversiones (BEI) como
el resto de bonistas nacionales e internacionales dependerían de un régimen de
compensaciones que el Ejecutivo español aún no había concretado.
Sin
indemnización sobre la mesa, Escal, y por extensión ACS, sufrirían un grave problema de asfixia financiera
a partir de ese fatídico 30 de noviembre, fecha a partir de la
cual se tendría que comenzar a devolver el dinero a los bonistas.
Los
propios bonistas dieron el ‘sí’ a ACS para que solicitar a Industria la devolución de la concesión ante la
perspectiva de que el Castor no volverá a entrar en funcionamiento al
constatarse técnica y fehacientemente que la inyección de gas en el almacén
había sido la culpable directa del despertar de la Falla Castor
y de los más de 500 terremotos que tuvieron lugar en septiembre del
año pasado.
Casi
un año después, ACS podrá salvar la cara ante sus financiadores, gracias a la celeridad
con la que el Gobierno ha buscado una solución al problema.
La
polémica, sin embargo, se instala ahora en quiénes serán los que tendrán que costear esos 1.380
millones de euros que se llevará ACS. Es lo que en el Gobierno
no tienen tan claro. Uno de los planteamientos que hay sobre la mesa es que sea
el Insituto de Crédito Oficial (ICO) el que afronte el pago de la indemnización
a través de un préstamo, que luego se trasladará a los consumidores de gas. Se cargaría el coste a través de los
peajes del sistema gasista por 20 años, que tendrían que costear todos los
titulares de recibos de gas.
La
otra opción, que se ha encontrado con la
oposición del Ministerio de Hacienda, es que no sólo sean los
consumidores de gas los que paguen los 1.380 millones, sino que sean los Presupuestos Generales del Estado
los que asuman el pago. De esta forma, serían todos los contribuyentes los que
cargarían con el coste de una infraestructura que podría no volver a funcionar
jamás.
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