La zona suroeste de Zaragoza alberga un lago termal de dos
hectáreas único en Europa cuya existencia se ve amenazada por las prospecciones
de fracking. Termaspallares.com
Publicado en Público
Por Eduardo Bayona
11 de junio de 2016
Ocho
municipios que viven de los balnearios, el turismo, el agua mineral y una
agricultura basada en pozos temen que las prospecciones para extraer
hidrocarburos en Soria y Guadalajara que ha avalado el Supremo contaminen sus
acuíferos y acaben con su modo de vida.
ZARAGOZA .- “Ahora tenemos pleno empleo, pero si falla el agua nos quedamos
sin vida. Tendremos un 100% de paro”, explica Joaquín Barriga, alcalde de
Jaraba. “Si hubiera alguna desgracia que afectara a los acuíferos, sería para
coger a maleta y dejar el pueblo”, coincide José Carlos Tirado, alcalde de
Ariza.
Sus municipios son dos de los ocho de la zona suroeste de la provincia de
Zaragoza que ven su modo de vida amenazado por el proyecto Cronos, un permiso
para investigar y extraer hidrocarburos mediante técnicas de fracking o
factura hidráulica del subsuelo de una superficie de 96.961 hectáreas en las
vecinas provincias de Soria y Guadalajara, y que acaba de ser ratificado por el
Supremo.
Bajo esa zona se encuentran las masas de agua subterránea que, desde hace
dos siglos, mantienen la actividad económica de la zona, en la que la
explotación de balnearios, el embotellamiento de agua mineral y el turismo
conviven con una agricultura y una ganadería que riega y se abastece
principalmente con pozos. Y temen que esas prospecciones puedan dañarlas.
Sin embargo, la amenaza
no se circunscribe a esa subcomarca zaragozana de unos miles de habitantes. Los
pinchazos se producirán en la zona bajo la que se extiende el unidad hidrogeológica del Alto Jalón, una masa de agua
subterránea de 2.295 kilómetros cuadrados de extensión y 350 metros de
profundidad que se extiende por Aragón y las dos castillas y que incluye
reservas naturales como la Laguna de Gallocanta, punto de parada dos veces al
año unas 200.000 grullas en sus migraciones entre Europa y África, y fenómenos
geológicos como el rosario de manantiales de los Ojos de Monreal.
Alimenta los cauces de
los ríos Jalón -con su casi bimilenario y pionero en la península sistema de
regadío-, Mesa y Piedra, que durante siglos ha excavado las galerías y generado
las cascadas del parque natural del Monasterio de Piedra. E incluye afloramientos
en las cuencas del Ebro, drenajes hacia el Duero en Almazán y bolsas conectadas
con el Tajo y el Júcar en Cella, Molina de Aragón y Lidón, según los estudios
del Ministerio de Medio Ambiente.
El aval
del Supremo y los datos sísmicos repicados
El proyecto, aprobado
por el Consejo de Ministros en 2013, levantó las alarmas en las tres provincias
y provocó recursos de Ecologistas en Acción, de los dos municipios zaragozanos
y de una plataforma antifracking con base en Almazán. Todos ellos han
sido desestimados. El último, el de los ayuntamientos, al considerar el Supremo
“suficientes” y “rigurosos” los requisitos de prevención ambiental que exige el
Gobierno en una zona con varios
enclaves de la Red Natura: volver a procesar la información sísmica
existente sobre la zona y realizar sondeos exploratorios en pozos poco
profundos, para tramitar una declaración de impacto ambiental en caso de abrir
los pozos.
El fracking o
fractura hidráulica es una técnica de extracción de hidrocarburos basada en la
inyección de potentes chorros de agua, arena y compuestos químicos en las
bolsas del subsuelo para extraer el combustible por presión. El
Gobierno de Aragón ha proscrito esta práctica en su territorio por la
vía de los hechos, aunque carece de competencias para un proyecto ubicado en
otras comunidades, por mucho que pueda afectar a masas de agua que alcanzan su
subsuelo.
Estas, al afectar a las
dos castillas, corresponden al ejecutivo central, en manos del PP,
único partido que apoya su uso en España, mientras el resto
de las formaciones lo rechazan.
“Es
lamentable que defender al pueblo cueste dinero”
Ariza ha tirado la
toalla en la vía judicial, confirma su alcalde, y no irá al Constitucional,
cuyo amparo sí estudia solicitar la plataforma. Jaraba lo decidirá en un pleno
a final de mes. “No sé cómo abordar este tema. Se nos va de las manos”,
confiesa el primer edil de Jaraba: “Ir al Constitucional cuesta dinero, y
nosotros tenemos poco y preferimos invertirlo en la escuela del pueblo. Lo
consideramos prioritario. Mientras haya pueblo, claro”.
Otro pueblo vecino,
Alhama de Aragón, ya declinó hace tres años meterse en pleitos. “Entendemos que
quien debería sacar las castañas del fuego es el Gobierno de Aragón, la
Diputación o la comarca, Deberían defender el territorio”, sostiene su alcalde,
José María Castejón, para quien “los ayuntamientos pequeños no tenemos
capacidad para afrontar pleitos de este tipo. Y tampoco podemos hacer la guerra
cada uno por su lado”. Barriga plantea la posibilidad de solicitar justicia
gratuita para ir al Constitucional. “Es lamentable que para pleitear por algo
que afecta al pueblo haya que pagar”, dice.
Alhama, con 1.200
habitantes, ha logrado diversificar su economía gracias a la factoría de
componentes de iluminación Zalux, que emplea a 300 personas de toda la comarca.
Los dos balnearios, uno de ellos con un lago termal único en Europa, de casi
dos hectáreas de extensión y con caudal de origen subterráneo, emplean a 120
más entre nueve y once meses al año.
Una forma
de vida que depende del agua
Sin embargo, la
dependencia del agua es total en el resto de la zona, con municipios como
Ibdes, Ariza o Monreal de Ariza y enclaves turísticos como el Monasterio de
Piedra, un parque natural de grutas y cascadas excavadas por el río del mismo
nombre que supone uno de los principales atractivos turísticos de la provincia.
También el Mesa y el
Jalón, cauce del que se abastece Calatayud –la segunda población de la
provincia, con más de 20.000 habitantes-, se verían afectados por una eventual
contaminación de los acuíferos, coinciden los alcaldes, que recuerdan cómo la
excavación de los túneles de la línea del AVE Madrid-Zaragoza ya mermaron el
agua que llega a Jaraba.
“Las fronteras
geológicas no coinciden con las administrativas”, anota Tirado, que llama la
atención sobre los negativos efectos que podría tener para la agricultura de la
zona un nuevo pinchazo de ese tipo en un acuífero, ya fuera en Guadalajara o en
Soria.
Más de 2.500 hectáreas
protegidas
Las masas de agua
subterránea de carácter mineral y termal sí cuentan, en las zonas en las que
afloran, con perímetros de protección recogidos en el Plan Hidrológico del Ebro
(PHE) y en los que están limitadas las actividades productivas.
Incluyen, en los páramos
del Alto Jalón, un total de 2.500 hectáreas que engloban los balnearios de
Termas Pallarés, Alhama, Cantarero, San Roque, la Virgen o los Baños de Serón;
acuíferos con embotelladoras como los de Fontjaraba, Fontecabras, El Cañar y
Lunares y, también, otras masas de agua como las de San Vicente, Virgen de las
Nieves, El Prado, La Peña y San Luis.
Sin embargo, las medidas
de protección no afectan a los daños que puedan sufrir como consecuencia de
actuaciones en las grandes masas de agua a las que están conectados esos
afloramientos. Es otra de las lagunas en la gestión del agua en España: el
territorio de las confederaciones se establece según las vertientes
superficiales de los ríos, sin tener en cuenta los acuíferos.
188.000
euros de capital para una inversión de 30 millones
El decreto que dio luz
verde al proyecto Cronos, que contempla una inversión de 15 millones de euros
durante seis años, preveía que los trabajos de prospección comenzaran en seis
meses, que comienzan a correr desde la sentencia del Supremo, y que el primer
pozo de fracking pudiera ser abierto a partir del tercero….
Para acceder a la
noticia COMPLETA,
No hay comentarios:
Publicar un comentario