Multinacionales
canadienses, fondos británicos y hasta dinero público, tras el negocio del
'fracking' en España
Publicado en el
diario.es
Por Raúl Rejón
22 de junio de 2016
Las
empresas a la cabeza de los proyectos son filiales de gigantes norteamericanos
y sociedades españolas incluso sostenidas por entes públicos
Las
corporaciones están depurando sus planes: renuncian a derechos de exploración
en algunas zonas al tiempo que avanzan las prospecciones en otras
El
31 de mayo llegó a Medio Ambiente la solicitud para sondear un área de 40.000
hectáreas entre Albacete y Murcia. En abril, la petición para perforar al sur
de Cantabria
El dinero que mueve los hilos
del fracking en España no está quieto: hace menos de un mes, el Ministerio de
Medio Ambiente recibió la última solicitud para iniciar una campaña de
prospecciones sísmicas en busca de hidrocarburos. En abril había llegado otro
expediente distinto para solicitar nuevos sondeos.
El capital que espera
aprovechar el gas atrapado en las rocas subterráneas –que necesita la fractura
hidráulica para ser liberado– depura y selecciona los proyectos con visos de
viabilidad y rentabilidad, no los deja en el olvido. Un capital que proviene de
lejos mediante energéticas canadienses y estadounidenses o fondos de inversión
británicos, pero también de empresas españolas e, incluso, sociedades
sostenidas con dinero público.
Fortuna
española
El pasado 31 de mayo, el
Ministerio de Industria envió al de Medio Ambiente la solicitud y el documento
ambiental para iniciar la exploración de yacimientos, mediante ondas sísmicas,
en un área de 40.000 hectáreas entre Murcia y Albacete. No hay que irse muy
lejos para hallar los intereses que impulsan este proyecto. El operador de ese
permiso de investigación denominado Leo es la empresa Oil & Gas Capital.
A pesar de una denominación de
aspecto internacional, su presidente es la sociedad Inversiones Ordangain cuya
socia única es Mercedes Salazar Garteizgogeascoa, considerada en 2015 la 45ª
fortuna española (en 2013 estaba en el puesto 77º).
La misma operadora tiene
permisos de exploración vigentes en Albacete, Murcia y Sevilla además de otras
solicitudes pendientes, según el Archivo
Técnico de Hidrocarburos del Ministerio de Industria. Todos distantes del área
norte del país donde se concentra el mayor número de planes de fracking.
Contra ese permiso de
exploración Leo pendían diversas alegaciones para frenar el proyecto. Pero el
Consejo de Ministros rechazó la oposición en junio de 2015, con lo que se
desbloquearon los trámites. Esa misma resolución ejecutiva dio vía libre a la
prospección Urraca entre Álava y Burgos que desarrolla otra compañía gasística:
BNK Petroleum.
Capital
transatlántico
BNK es dinero canadiense. Y una
de las compañías más activas para desarrollar el fracking español. Hace poco se
conoció que había renunciado a algunos de sus planes en Burgos. Sin embargo, el
29 de septiembre pasado entró en el Ministerio de Medio Ambiente la
documentación remitida por BNK para que las perforaciones exploratorias
previstas en Urraca obtuviesen la declaración de impacto ambiental.
También desde Canadá se
controla a Montero Energy, la operadora titular de ocho solicitudes de
exploración en Huesca, Zaragoza y Castellón (aunque para este último, la
Generalitat valenciana ha asegurado que la compañía ha renunciado a usar el
fracking). Montero es filial de R2 Energy.
Otra gran corporación de la
perforación, Sol Energy, está detrás de un buen número de proyectos españoles
de hidrocarburos. Esta sociedad es la matriz de Frontera Energy Corporation que
está depurando sus permisos en España: el Boletín Oficial del Estado anunció el
29 de febrero que había desistido de sus derechos en cinco áreas mientras
mantiene abiertos los procesos para las campañas de exploración sísmica en las
áreas conocidas como Cronos, Aquiles, Géminis y Libra (en Navarra, Zaragoza,
Guadalajara y Soria). El control de Sol Energy descansa en varios fondos de
riesgo: el británico Toscafund, OWG, y los fondos estadounidenses Capital Group
y Quantum Capital.
Euskadi
se alía con Texas
Además de Oil & Gas
Capital, otras empresas españolas más asociadas con intereses en estos
yacimientos son Gas Natural (con su filial Petroleum que acaba de iniciar los
permisos para ampliar sus prospecciones en Valderrible en Cantabria) e Invexta
Recursos (que está integrada en ACS).
Sin embargo, una de las
empresas más activas en este campo es la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi
(SHESA). SHESA pertenece al Ente Vasco de la Energía, una sociedad pública
dependiente de la Consejería de Industria. El Gobierno vasco advirtió a
principios de 2016 de que no renunciaba a los permisos de investigación de los
que SHESA es titular, cinco al cerrar el ejercicio de 2015, según el recuento
del Ministerio de Industria.
Además, en la mayoría de estos
proyectos, SHESA comparte los derechos de exploración con una aliada denominada
Petrichor. Petrichor es una filial del gigante texano Heyco Energy Group, con
lo que cierra un círculo entre capital americano y nacional en el impulso del
fracking.
Los permisos para explorar
hidrocarburos suponen la adjudicación por parte de la administración de unos
derechos sobre un territorio a cambio de unos compromisos de inversión por
parte de las operadoras. Esas licencias las conceden o bien el Gobierno central
–si la cuadrícula del mapa ocupa suelo de varias regiones– o los autonómicos.
El último Ejecutivo del PP, con
el exministro José Manuel Soria al frente de Industria, ha apoyado el fracking
decididamente. Los responsables regionales sí concedieron bastantes permisos
antes de que se organizara la oposición de las poblaciones afectadas por los
proyectos. A partir de entonces, las autoridades autonómicas miraron con menos
simpatía la idea de arrancar gas de sus subsuelos.
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