Publicado en The Kansas City Star/
Una coalición
de grupos de defensa ambiental demandó a la Agencia de Protección Ambiental de Estados
Unidos por el acceso público a la información sobre la toxicidad de los productos químicos liberados por la industria de la energía a través de la fractura
hidráulica o fracking, y otras formas de perforación de petróleo y gas.
El fracking
implica la inyección de agua, productos químicos y arena debajo de la tierra
para extraer petróleo y gas de las formaciones de esquisto. El proceso ha sido
criticado por peligroso para el medio ambiente, incluso cuando su uso en
Estados Unidos ha impulsado la producción de gas natural a nuevos máximos y en
medio de litigios en los EE.UU.
La demanda de
hoy, presentada en la corte federal de Washington, sigue a una petición de 10 grupos al regulador en 2012 buscando una normativa que pueda exigir a las
empresas de petróleo y gas revelar dicha contaminación a una base de datos del
gobierno.
"Debido a
que los requisitos federales y estatales de divulgación están llenos de lagunas
y exenciones y de esta forma no han seguido el ritmo de expansión de la
industria, la información pública sobre el uso por la industria de extracción
de petróleo y gas de químicos tóxicos liberados sigue siendo escasa," escribió
en la denuncia, Adam Kron, un abogado del Proyecto de Integridad Ambiental.
La necesidad de
divulgación es ahora particularmente apremiante porque el auge del fracking ha
aumentado la variedad y el volumen de las sustancias químicas tóxicas emitidas
al aire, suelo y agua, según la demanda.
Los grupos ambientalistas quieren que la EPA requiera que las compañías de
petróleo y gas se unan a las minas de carbón, centrales eléctricas y otras
industrias en la presentación de informes de los químicos mortales utilizados o
liberados en la base de datos del Inventario de Emisiones Tóxicas.
Más de 400
medidas para prevenir y controlar el fracking se han adoptado por ciudades y condados de
Estados Unidos de acuerdo con Food & Water Watch, un grupo de
defensa del medio ambiente con sede en Washington.
Mientras el más
alto tribunal de Nueva York dictaminó en junio que los municipios del estado
pueden prohibir la práctica, la prohibición por los votantes promulgada en Longmont,
Colorado, fue golpeada por un juez del tribunal estatal en julio.
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