El ejecutivo del
partido conservador español se ha mostrado hasta el momento como uno de los
mayores defensores del fracking en Europa.
El ministro de Energía, José Manuel Soria, contaría con un cambio legislativo
para favorecer la llegada de empresas y contrarrestar la oposición de
diferentes autonomías del estado español
Publicado en El Huffington Post
Por Ricardo Gamaza
01 de enero de 2015
Las principales críticas que tiene el fracking o fractura hidráulica apuntan a los daños medioambientales, pero hasta ahora poco se han estudiado sus efectos sobre la salud de las personas. El primer gran estudio se está llevando a cabo en Pennsylvania (Estados Unidos) donde se produjo el boom de esta nueva técnica para obtener gas y petróleo en el año 2006.
La
aparición de personas con enfermedades que podrían estar asociadas a esta nueva
y agresiva manera de extraer hidrocarburos ha llevado a poner en marcha un gran estudio sobre la salud desde el Geisinger Health System,
un instituto médico fundado en 1915 en Pennsylvania, que está analizando los
datos de cientos de miles de personas que viven encima de Marcellus, una
formación rocosa subterránea bombardeada mediante fracking durante más de 7 años. Los registros
médicos de esta institución médica son anteriores y posteriores a la puesta en
marcha de las extracciones de gas en el terreno mediante fractura hidráulica,
de manera que se podrá establecer un antes y un después de la salud de la
población relacionada directamente con la llegada del fracking a su entorno. El
problema es que los resultados no estarán terminados hasta dentro de unos 20
años, según la Geisinger Health System.
Mientras,
la aplicación del principio de precaución ha llevado a muchos estados
norteamericanos a movilizarse para prohibir el fracking en sus territorios. Es el caso de
California, Masachusetts o Vermont. Eso sucede en un país que defiende a
ultranza esta técnica de extracción de hidrocarburos, ya que le supone en 2,5%
de su PIB y que ha logrado aumentar su producción nacional de crudo en un
15,3%. Pero el dinero no lo es todo, han debido pensar los gobernantes de estos
estados norteamericanos. De hecho, muchos norteamericanos relacionan sus
recientes problemas de salud con el hecho de vivir en zonas donde se usa el fracking, y no se trata de
simples molestias, sino que los problemas de salud van más allá: afecciones al
sistema nervioso central, problemas de visión, fiebre, hemorragias nasales,
vómitos... Una sintomatología que podría estar a asociada a las cerca de 20
sustancias químicas que aparecen en los análisis de los afectados y que forman
parte del cóctel químico que acompaña al agua que se inyecta al terreno para
hacer explotar el gas acumulado en los poros y fisuras de ciertas rocas.
Los
primeros en frenar en seco en Estados Unidos han sido los estados de Nueva York
y Nueva Jersey, donde han impuesto moratorias para impedir el uso del fracking en sus terrenos.
Son los primeros que dan marcha atrás en una técnica que las multinacionales
petroleras vendían como segura para el medio ambiente pero de cuya incidencia
en la gente se sabe muy poco. Es la muestra de que el medio ambiente no es algo
ajeno a las vidas de los urbanitas, sino que los ciudadanos son un eslabón más
de la cadena ambiental. Y parece que ese eslabón podría dañarse.
En
España, donde se ha importado esta técnica letal para el medio ambiente, según
Greenpeace, que apunta los graves problemas ambientales del fracking, el camino a seguir
por el Gobierno central sigue los dictados de los lobbies del petróleo. El mantra social de las
multinacionales petrolíferas que apuestan por la fractura hidráulica es el de
los inmensos beneficios económicos que trae esta técnica: empleo, riqueza,
dinero... Mariano Rajoy ha elevado ese mantra a ley: la reforma de la Ley del
Sector de Hidrocarburos ofrece dinero como gran motivador para permitir que se
lleve a cabo el fracking;
lo hace mediante un nuevo impuesto sobre la extracción de hidrocarburos que
destinaría una parte de los recaudado a las comunidades autónomas,
ayuntamientos y particulares que permitan esta técnica. Eso sí, sólo cobrarían
algo si finalmente, tras los sondeos, la empresa petrolera decide extraer gas o
petróleo.
Es
la nueva fiebre del petróleo con la que Rajoy quiere incendiar a una sociedad
española y a unas instituciones maltratadas económicamente desde su Gobierno.
Pero en la dicotomía entre escoger entre salud o dinero, muchos gobiernos están
apostando por la salud de su gente.
Frente
a los 300 ó 400 millones (no sabe especificar la cifra el ministro Soria) que
les llegarían a las maltrechas arcas de Canarias si Repsol encuentra petróleo o
gas, la respuesta del Gobierno canario es la de "las islas no están en
venta ni en alquiler". Otros gobiernos autonómicos como Cantabria, La
Rioja, Navarra y Cataluña han legislado en contra del fracking en sus parlamentos,
pero el Tribunal Constitucional les ha tumbado sus leyes antifracking anulándolas o
paralizándolas.
En
Andalucía, viendo que Madrid quería imponer su apoyo incondicional al fracking, han buscado una
fórmula más imaginativa que por ahora logra esquivar la imposición de Rajoy:
una moratoria de dos años, que además serían prorrogables. Aplicar el principio
de precaución y atender al respeto medioambiental es la argumentación del Gobierno
andaluz PSOE-IU para oponerse a la fractura hidráulica en las tierras del sur.
No
en vano, Andalucía es una de las regiones con más territorio natural protegido
de Europa; algo que no le ha valido para evitar estar en el objetivo de los
intereses económicos de las grandes multinacionales de la energía. Es el caso
de Doñana, la joya de la corona ambiental de Andalucía, que soporta en la
actualidad la presión de la empresa Petroleum Oil & Gas España, filial de
Gas Natural-Fenosa, que quiere convertir su subsuelo en un almacén de gas.
Aunque la Junta de Andalucía se comprometió a no dar los permisos para este
peligroso proyecto, la empresa amenaza ahora con reclamar 358 millones de euros
si no se autoriza su almacén de gas. WWF ha lanzado una campaña de firmas para evitarlo. La presión
de las multinacionales y su desprecio por el bien común, como con el fracking, se mide en euros.
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