Publicado en El
diario.es
Por Alicia Avilés
Pozo
01 de noviembre de 2016
Un
informe de la Consejería de Medio Ambiente constata que no habrá incidencia
económica para las arcas públicas por restringir los requisitos para la
fractura hidráulica
Establece
que el Gobierno regional no tendrá responsabilidad patrimonial sobre los
permisos ya concedidos al no estar autorizados todavía los sondeos
El
proyecto de Ley comenzará a tramitarse en las Cortes de Castilla-La Mancha en el mes de noviembre
Es una de las leyes de
inminente aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha, y una de las medidas
medioambientales sobre las que más ha incidido el Ejecutivo regional. El nuevo
proyecto de Ley de Fractura Hidráulica o ‘Antifracking’ de la comunidad
autónoma incorpora una serie de requisitos imprescindibles para la elaboración
de esta práctica que prácticamente imposibilitarán que los permisos sean
concedidos, incluso con carácter retroactivo. Se trata de una vuelta de tuerca
que la Junta ha buscado para prohibir implícitamente el ‘fracking’ y que el al
mismo tiempo el Tribunal Constitucional no tumbe la normativa como ha sucedido
en otras comunidades. Además, el coste de su aplicación será cero.
Así lo refleja el informe
justificativo de no incidencia económica elaborado por la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural sobre la nueva norma. En el
mismo se explica que al existir varios titulares de permisos de investigación
de hidrocarburos con derechos otorgados en esta comunidad autónoma, debe
valorarse su posible daño económico a la entrada en vigor de la ley como
consecuencia de una posible reclamación de responsabilidad patrimonial.
En febrero se realizó una
consulta tanto al Ministerio de Industria, que no recibió respuesta, como a la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Esta última puso de manifiesto la
vigencia de los premisos de investigación de Esteros y Almorada, otorgados a
favor de Oil and Gas Capital, S.L., con avales en concepto de garantía por un
importe total de 15,3 millones de euros. Estipulaba así que los costes
indemnizables serían los gastos de investigación realizados hasta la fecha.
Pero en este caso, Medio
Ambiente advierte de que puesto que no se encuentran autorizados aún los
sondeos susceptibles de utilizar la técnica de fracking, pues están
condicionados a la previa evaluación de impacto ambiental, “no existirían
derechos adquiridos de los que derivasen responsabilidades patrimoniales” por
parte del Gobierno regional.
En cuanto al resto de
proyectos, ante la falta de respuesta del Ministerio, la Consejería realiza su
informe en base a los permisos de investigación en tierras castellano-manchegas
que aparecen en el Boletín Oficial del Estado. En primer lugar, aparecen los
proyectos ‘Aries 1’ y ‘Aries 2’, de las provincias de Albacete y Murcia,
otorgados en 2008 por seis años y cuya vigencia ya ha finalizado.
Seguidamente, se encuentra el
proyecto de investigación de hidrocarburos ‘Cronos’ en las provincias de Soria
y Guadalajara, otorgado en abril de 2013, a Frontera Energy Corporation, con
una inversión prevista de 30,3 millones de euros en seis años. Por último, aparece
el permiso de investigación ‘Leo’, de las provincias de Albacete y Murcia,
concedido también en abril de 2013 a la Sociedad Oil And Gas Capital, por seis
años y con un importe de 16,8 millones de euros.
El informe establece que en los
reales decretos citados de otorgamiento de estos permisos de investigación se
establece que los trabajos específicos requieren previa autorización y en su
caso, previa evaluación de impacto ambiental. Por ello, argumenta que los
trabajos específicos para ejecución de sondeos que pueden utilizar la fractura
hidráulica requerían autorización previa por lo que tampoco en estos casos se
derivarían responsabilidades patrimoniales por parte de la Junta.
Permisos
"ya concedidos o en tramitación"
Todo ello en virtud de la
Disposición Transitoria Segunda del proyecto de Ley, que establece que las
previsiones contempladas en la norma (es decir, los requisitos que buscan
impedir el ‘fracking’) se aplicarán a los trabajos específicos de los permisos
“ya concedidos o en tramitación” para la exploración, investigación y
explotación de hidrocarburos en Castilla-La Mancha…
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