Publicado en Colombia
Plural
Por Pilar Chato
02 de noviembre de 2016
La
Contraloría amonesta a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (AMLA) y
remite el caso a la Procuraduría. El Congreso debate sobre la actuación del
Esmad contra San Martín
Los vecinos de San Martín, en
el Cesar, llevan meses alertando de las irregularidades tras los trabajos de
exploración mediante fracturación hidráulica (fracking) en sus territorios.
Ahora la Contraloría General de la república viene a respaldar algunos de sus
argumentos y ha emitido dos incidencias disciplinarias contra la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y lo ha remitido a la Procuraduría
General de la Nacional.
Las negligencias de la ANLA a
las que alude la Contraloría se refieren a las actividades del contrato de
explotación y producción de yacimientos no convencionales de las empresas
Conocophilllis y Cine Oil & Gas S.A en San Martín, donde se quiere utilizar
el fracking para extraer gas y petróleo; y un yacimiento no convencional
asociado al carbón de la empresa Drummond en Chiriguaná y la Jagua de Ibirico,
también en el Cesar.
En el primer caso, el pozo
Picoplata 1 que ha sido objeto de insistentes movilizaciones ciudadanas y de
duras intervenciones del Esmad contra los vecinos, la Contraloría cree que
existió una desatención de las funciones de la Autoridad Ambiental porque no
exigió a los titulares del contrato la modificación de la licencia que ya
tenían para yacimientos convencionales cuando se trataba de nuevo contrato de
yacimientos No convencionales. A su juicio “la ANLA no atendió cabalmente su
objeto al permitir que la empresa Conocophillips continuara con un trámite que
legalmente no es posible, buscando la aprobación de un plan de manejo ambiental
para iniciar labores en el pozo Picoplata 1”. Y en este sentido, advierte de
que esa omisión potencia “el riesgo de afectación sobre los recursos naturales
y el medio ambiente de la región donde se ubica” ese bloque de actuación y en
especial el área de influencia del pozo Picoplata 1. Riesgo que está
relacionado, afirma, con los “impactos ambientales negativos que la actividad
de fracturamiento hidráulico puede generar” y que no están incluidos en un
Estudio de Impacto Ambiental.
Esta incidencia disciplinaria
de la Controlaría es consecuencia de las denuncias presentadas por la
Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (Ccalcp) junto a la
Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec), el ingeniero
de Petróleos Oscar Vanegas y el apoyo de la Unión Sindical Obrera USO.
La segunda incidencia deriva de
una denuncia ciudadana y se refiere a las irregularidades cometidas por la ANLA
en la aprobación de una licencia ambiental para la producción de ese yacimiento
no convencional de gas asociado al carbón concedida a la empresa Drummond. Una
licencia, recrimina la Contraloría, que se dio sin que estuvieran aprobados los
términos de referencia para el licenciamiento de la producción de yacimientos
no convencionales.
A juicio de Ccalcp el primer
ponunciamiento de la Contraloría muestra “solo algunas de las varias
ilegalidades e irregulares que de manera reiterada” ha denunciado el colectivo
de abogados sobre el actuar de la empresa “bajo el actuar cómplice, negligente
y permisivo de autoridades públicas”. En su opinión, todo ello deja en
evidencia “la improvisación y gran falta de preparación técnica y legal que se
tiene en el país para introducir e imponer la dañina técnica del Fracking
empleada para la extracción de yacimientos no convencionales, la cual, ante sus
solos comprobados efectos perjudiciales debe ser prohibida”.
Por ello, piden al Estado que
continúen las investigaciones y se adopten las medidas y sanciones oportunas y
que “se investiguen, cesen y se sancionen las recientes graves violaciones a
los Derechos Humanos” perpetradas en contra de la comunidad de San Martin y los
defensores y defensoras de DD HH “cometidas por parte de ordenes tanto de la
empresa Conocophilips, la Alcaldía y el grupo asesor de Minas e Hidrocarburos
de la Procuraduría, que han derivado en represiones y atropellos de toda índole
por parte de la Fuerza Pública”.
Debate
en el Congreso
La situación del fracking en el
Cesar también se ha debatido este miércoles en el Congreso durante el debate de
control político sobre seguridad en el Cesar. En este contexto, el congresista
Alirio Uribe Muñoz denunció que la Policía de este departamento protege a las
multinacionales que operan en la región, entre ellas ConocoPhillips, “en lugar
de resguardar a las comunidades que se movilizan para que el Gobierno Nacional
escuche sus reclamaciones en defensa del agua, el territorio y los ecosistemas
ante la nociva práctica del fracking”…
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