SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)
La Plataforma 'Andalucía Libre de Fracking' (PALF) ha exigido a la 
Junta de Andalucía una actuación "contundente" para la prohibición del 
'fracking' --extracción de gas natural mediante fracturación 
hidraulica-- en Andalucía y la revocación de los permisos vigentes tras 
la propuesta de ley en el Congreso de los Diputados por parte de la 
Izquierda Plural y el voto a favor del PSOE.
Dicha propuesta, 
según ha recordado el colectivo en una nota, fue votada a favor por el 
PSOE, pasando a ser "el segundo compromiso político en menos de un mes 
que obliga al Gobierno andaluz a materializar un mecanismo para prohibir
 el 'fracking' en Andalucía y revocar los permisos vigentes".
A este hecho ha de sumarse el compromiso público firmado por el PSOE e IU el pasado día 14, también en el Congreso, contrayendo voluntariamente junto con 20 partidos
 políticos más la obligación de prohibir el 'fracking'. La proposición 
de ley resultó rechazada por la mayoría absoluta del PP, "favorable a 
esta técnica con graves impactos ambientales y sobre la salud".
Desde
 la PALF se ha instado a la administración autonómica "coherencia" a 
nivel autonómico con las acciones realizadas por el PSOE e IU a nivel 
estatal. "Ante el vacío legal que actualmente rige el 'fracking', el 
Gobierno andaluz debe actuar con celeridad y evitar que Andalucía sea la
 primera comunidad autónoma donde se instale el primer pozo de 
fracturación hidráulica, y por tanto donde se empiecen a padecer las 
consecuencias ambientales de esta actividad que van desde la 
contaminación del agua hasta el aumento de la actividad sísmica", ha 
subrayado.
Y es que, recuerdan, Andalucía cuenta con permisos de 
investigación en estado de desarrollo donde ya se podría empezar a 
realizar 'fracking'. La superficie total que se encuentra afectada por 
este tipo de permisos otorgados suponen 82.700 hectáreas en Cádiz, 27.200 en Sevilla y 68.000 en Jaén,
 a lo que se sumaría una cantidad equivalente en permisos de 
investigación que actualmente están en tramitación, afectando también a Córdoba y otras 61.000 hectáreas de antiguos permisos de explotación cuya reactivación se está tramitando en Sevilla.
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