Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la
Universidad de Nuevo León ( México) y postgrado en la Universidad Complutense
de Madrid. Es una periodista multipremiada que ha sufrido amenazas, acoso
y persecución por sus reportajes. Premio Nacional de Periodismo (México 2006) y
Premio Ortega y Gasset (España 2008)
Con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, México
quedará como un queso gruyere. Se nos viene encima la masiva perforación de
pozos para la extracción de hidrocarburos, particularmente de gas shale.
El panorama es ciertamente sombrío. El método de extracción
denominado fractura hidráulica o fracking es altamente dañino para el medio
ambiente, los mantos acuíferos y la seguridad de los ciudadanos, ya que se ha
comprobado ocasiona sismos de baja, media y alta intensidad.
En definitiva, el fracking de Enrique Peña Nieto es el
ecocidio del milenio gracias a las modificaciones de la reforma, una de las
cuales otorgada al gobierno la facultad de firmar contratos con empresas
privadas, para participar en la extracción de hidrocarburos, la producción
nacional de gas natural a partir del llamado gas shale.
Por tanto, la mafia ecológica se ha unido para repartir el
gran pastel energético del país. Hay una gran cantidad de empresas y
funcionarios corruptos beneficiados. Todos ellos, encabezados por Pemex,
contratado por trasnacionales extranjeras que pretenden aprovechar la
liberación de la explotación del gas shale a través de la nueva reforma.
Lo más llamativo de esta nueva estrategia para el saqueo de
los recursos naturales de todos los mexicanos, es el nivel de indolencia del
gobierno peñista, que a pesar del desequilibrado costo-beneficio, sigue
adelante con su plan para concretar el robo del Siglo.
Los frackinistas han aprovechado la falta de legislación
sobre este método de extracción para empezar a hacer sus desmanes. De hecho, en
Nuevo León, un estado históricamente sin terremotos, se han registrado más de
100 sismos en cinco meses debido a la perforación de pozos por parte de Pemex
con el sistema de fracking.
Peña Nieto justificó su reforma bajo dos argumentos: la
crisis nacional de abastecimiento de gas natural, y la falta de experiencia y
capacidad de Pemex para extraer el gas shale.
Ahora entendemos esa inexperiencia y la falta de
implementación de una estrategia de extracción más noble de los energéticos.
Tal vez, por eso, México es uno de los cinco países en el mundo que están
enfrentando las secuelas por este tipo de explotación.
El Movimiento Mundial Antifracking afirma en su documento
“Qué quiere, cómo opera y lo que sigue”, que en México existen 681 reservas de
gas shale, concretamente en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas,
Jalisco, Sinaloa, Durango, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz, lo
que convierte a estos estados en susceptibles de “desastres ecológicos” por el
uso de esta práctica.
Hay que explicar que el gas shale es lo mismo que el gas
natural. La única diferencia es que se encuentra atrapado en sedimentos de roca
de lutita, a profundidades que pueden llegar a más cinco mil metros. La
perforación del pozo incluye una perforación horizontal de uno a un kilómetro y
medio, hasta los tres kilómetros.
Una vez dentro, Pemex usa explosivos para provocar pequeñas
fracturas e inyecta por etapas alrededor de 29 millones de litros de agua a muy
alta presión, mezclados con arena y más de 750 aditivos químicos altamente
contaminantes.
Pemex está usando bencenos, xilenos, cianuros en cantidades
exorbitantes, entre los 55 mil y 225 mil litros por pozo. Todos son elementos
cancerígenos y mutagénicos; incluso algunos de estos químicos ni siquiera están
catalogados.
Entre los pozos que he visitado en Nuevo León y Tamaulipas he
podido comprobar que el proceso es verdaderamente espeluznante. Las viviendas
de alrededor de la ubicación de los pozos están cuarteadas, con grietas, pisos
levantados y techos dañados. Los sismos son diarios y continuos. Van desde los 3
hasta los 4.5 grados en la escala de Richter. Los habitantes hablan de un
rugido que surge de la tierra, seguido de un movimiento oscilatorio que
resquebraja la estructura de casas y edificios. Y obviamente los vecinos, sin
ser científicos, vinculan actividad humana con la actividad de los recientes
movimientos telúricos.
La fracturación hidráulica de cada pozo se hace hasta en 12
etapas. Cada una es altamente peligrosa porque rompe las capas del subsuelo,
genera terremotos y fugas en los fluidos contaminantes, dañando los mantos
acuíferos.
Hace algunos días, me quedé sorprendida del testimonio de
habitantes de Sabinas Hidalgo y Zuazua, Nuevo León. Me contaban cómo sus norias
centenarias se habían vaciado con los movimientos de la tierra. Una señora,
incluso, lloraba porque se trataba de una noria perforada por sus abuelos que
siempre les suministró el vital líquido, a pesar, de las intensas sequías que
se padecen en esas tierras.
Las fugas de los químicos contaminantes que Pemex inyecta
están perjudicando el abastecimiento de agua potable y los ríos. De hecho, está
comprobado que algunas aguas subterráneas llegan a evaporarse.
Además del daño de cientos de casas por los sismos, y de la
contaminación de la atmósfera por la liberación del gas, hay un daño directo a
nuestras exiguas reservas de agua. Todo mundo sabe que la próxima gran guerra
que habrá en la tierra será por agua.
Los expertos advierten que Pemex al usar este nocivo sistema
de extracción, terminará muy pronto con el flujo de hidrocarburos, ya que irán
disminuyendo con tasas de declinación entre 29 y 52 por ciento anual. Esto
provocará que cada pozo lo perforen más, hasta 18 veces, con el consiguiente
efecto negativo para los ciudadanos.
CONSECUENCIAS EN
LA SALUD
El tema de la salud es aterrador. En Estados Unidos han
comprobado que quienes habiten a 800 metros de un pozo perforado con fracking,
tendrán una probabilidad de padecer cáncer del 66 por ciento. Lo que es peor:
más de 75 por ciento de los químicos contaminantes inyectados afectan
directamente la piel, ojos, el sistema respiratorio y gastrointestinal. “The
Endocrine Disruption Exchange Institute” asegura además, que el 40 y el 50 de
estos químicos, puede incluso dañar al sistema nervioso, inmunológico, cardiovascular
y riñones; mientras el 37 por ciento daña el sistema endocrino y el 25 por
ciento provoca cáncer y mutaciones.
A los trabajadores de Pemex encargados de perforar los pozos
tampoco les irá bien porque el Instituto Nacional para la Salud y Seguridad
Ocupacional determinó que hay sílice cristalina en el aire, provocado por el
fracking, algo que provoca silicosis, una enfermedad irreversible.
El fracking de Peña Nieto tampoco es barato. Greenpeace
en su documento “Chale con el gas shale” elaborado establece que Pemex
estima que sólo para explorar las posibilidades de gas shale en el país es
necesaria una inversión de 30 mil millones de pesos en los próximos tres años
para 195 pozos, de los cuales, ya casi 300 millones de pesos del presupuesto,
se gastaron en trabajos exploratorios. En total se requerirán 600 mil millones
de pesos para los próximos 50 años con este nefasto método.
Cuando ves de cerca la tragedia ambientalista y social que ya
se registra en los territorios de exploración y extracción, uno se pregunta
cuál es el costo-beneficio que Peña Nieto está obteniendo con esto. ¿Vale más
el negocio redondo que significa vender nuestros hidrocarburos, que el
bienestar de los ciudadanos?
El impacto social y ambiental es tremendo y se traduce en
violaciones a los derechos humanos. De entrada, hay una violación al derecho
del acceso a la información, ya que Pemex, el gobierno federal y los gobiernos
estatales ocultan información. La opacidad es la constante. Los vecinos se
enteran de la existencia de estos pozos por los sismos, las pipas que entran y
salen y las fumarolas de los trabajos en las perforaciones.
Los ciudadanos están siendo igualmente violentados en su
derecho a la consulta libre e informada, en su derecho a un medio ambiente
sano, en su derecho a la participación activa en la toma de decisiones, en su
derecho a una vivienda digna, en su derecho a la seguridad, a la salud.
El gobierno de Enrique Peña Nieto está violando los artículos
1 y 4 de la Constitución y diversos tratados internacionales al aplicar el uso
indiscriminado y devastador del fracking.
Si el gobierno es indolente y no escucha el reclamo social,
nos corresponde a la sociedad civil detener este ecodicio, porque de esa manera
detendremos el avance del exterminio.
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