Manifestación
contra el fracking en Santander (Cantabria)
Publicado en El
Diario.es
Por Laro García
26 de febrero de 2016
Ecologistas
en Acción, ADIC, Asociación Efecto Ecológico y UGAM-COAG recuerdan que ambos
partidos se comprometieron a paralizar el uso de la fractura hidráulica en todo
el territorio nacional
Los colectivos UGAM-COAG,
Ecologistas en Acción-Cantabria, Asociación ADIC y Asociación Efecto Ecológico
han denunciado este viernes que el pacto firmado entre el PSOE y Ciudadanos
"incumple el compromiso firmado por ambos partidos en relación con la
prohibición del uso de la técnica del fracking en todo el territorio nacional".
En un comunicado,
estos colectivos han recordado que en mayo de 2014 ambos partidos
suscribieron el denominado 'Compromiso para la prohibición de la fractura
hidráulica en el Estado español', comprometiéndose expresamente a
"prohibir la técnica de la fractura hidráulica (fracking) así como
cualquier técnica similar utilizada para la investigación y futura explotación
de yacimientos de hidrocarburos no convencionales" y a
"paralizar inmediatamente cualquier proyecto de investigación o
explotación de hidrocarburos no convencionales autorizados en el Estado
español".
Ese documento formaba parte de
la iniciativa 'Stop Fracking', impulsada por un total de 27 plataformas
antifracking y respaldada por más de 200 colectivos sociales en España (en el
caso de Cantabria, por UGAM-COAG, Ecologistas en Acción, ADIC y Asociación
Efecto Ecológico). A través de la misma, la mayoría de partidos políticos
(entre ellos el PSOE y Ciudadanos) exceptuando el PP, PNV, UPyD y CiU, se
comprometieron a la prohibición del fracking en todo el territorio nacional.
Sin embargo, en el denominado ' Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso' firmado
recientemente por los líderes de PSOE y C's, Pedro Sánchez y Albert Rivera, no
se ha acordado la prohibición de la técnica del fracking, sino
"establecer una moratoria durante esta legislatura para las prospecciones
con fractura hidráulica", según han indicado los citados colectivos, a
quienes les resulta "totalmente insuficiente" esta medida, "que
además incumple el compromiso que acababan de adquirir".
Por ello, las organizaciones
han requerido tanto al PSOE como a Ciudadanos que "cumplan con lo
pactado" de tal manera que el acuerdo incluya una "prohibición total
al fracking y no una mera moratoria de cuatro años".
Cambio
de postura
Esta nueva postura del PSOE y
Ciudadanos en relación al fracking va en contra, incluso, de las iniciativas
que han presentado en las últimas semanas desde las filas socialistas, que
registraron la semana pasada en el Congreso de los
Diputados dos proposiciones no de ley para instar al Gobierno de España a
que paralice los proyectos de prospecciones por fractura hidráulica autorizados
en la provincia de Burgos y en Cantabria y reclamaron al Ejecutivo
central que promueva una modificación legislativa para prohibir el uso de
esta técnica en todo el país.
De
hecho, la diputada nacional del PSOE por Cantabria,
Puerto Gallego, afirmó hace menos de 15 días que la propuesta presentada por el PRC en el Parlamento autonómico
sobre el fracking "se queda corta" y consideró que los
regionalistas demuestran con ella "no haber entendido lo que los
distintos colectivos contrarios a esta técnica llevan pidiendo desde hace
años".
"Los
colectivos contra el fracking no quieren parches ni eliminaciones parciales
sino poner fin a una técnica que entraña un riesgo muy elevado para el medio
ambiente y que, en Cantabria, podría tener consecuencias terribles dado los lugares
donde se ubican los proyectos de investigación con la técnica de fractura
hidráulica", manifestó a través de un comunicado.
Rechazo social
La movilización social contra el fracking batió récords en
Cantabria durante la pasada legislatura. La Asamblea contra la
Fractura Hidráulica recogió más de 10.000 firmas en apenas dos
meses y exigió al Ministerio de Industria que declare
"extintos" los permisos concedidos en la comunidad autónoma.
Fue la
lucha en la calle de las organizaciones ecologistas la que impulsó uno de los
pocos acuerdos aprobados por unanimidad en el Parlamento de Cantabria. La
normativa que prohibía el uso de la fractura hidráulica en suelo autonómico se
ratificó en el pleno con el voto a favor de todos los grupos con representación
parlamentaria -PP, PRC y PSOE- y dio respuesta al grito unánime de la sociedad
cántabra contra el fracking.
Esa postura duró poco y las
contradicciones no tardaron en llegar. El Gobierno de Mariano Rajoy recurrió la
ley ante el Tribunal Constitucional al entender que invadía competencias del
estado, a pesar de que el PP había defendido en Cantabria su rechazo a esta
técnica para extraer gas no convencional, y los representantes populares
en el Congreso y el Senado se pronunciaron reiteradamente a favor de los
postulados que mantiene el ministro José Manuel Soria, firme defensor del
fracking.
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