Pozo Aurelio de la
Hullera Vasco-Leonesa
Publicado en Salamancartvaldia.es
Por Pedro Vicente
15 de febrero de 2015
Justo
el día antes de que la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo,
presentara a los grupos parlamentarios un supuesto documento-base para negociar
un pacto “por la reindustrialización de Castilla y León”, el consejo de
Administración de la Hullera Vasco-Leonesa solicitaba al Juzgado de lo
Mercantil de León la liquidación y extinción definitiva de la empresa ante la
falta de de alternativas para salvar el concurso de acreedores en que se
encuentra desde el pasado mes de mayo. El incumplimiento por el Ministerio de
Industria del Plan 2013-2018 -recorte y retraso en el pago de las ayudas-,
junto a la supresión de la normativa que obligaba a las eléctricas a quemar
carbón nacional, han hecho inviable la continuidad de la compañía hullera más
antigua de España, cuyos 335 trabajadores están sometidos a un ERE que concluye
el próximo 15 de abril.
Desde
que se hizo cargo de la consejería de Economía, Pilar del Olmo asumió la
defensa de la minería del carbón reivindicando su condición de sector
estratégico de obligada cuota en el mix energético nacional. Este es el gran
argumento esgrimido por la Juntaante el gobierno de Mariano Rajoy y la Comisión Europea
para mantener un régimen de ayudas e incentivos, que, junto a una garantía de
suministro, hagan viable la extracción de carbón autóctono, en otro caso
condenado a desaparecer al no resultar competitivo con el carbón de
importación.
Y
en estas seguíamos cuando Hullera Vasco Leonesa, todo un emblema de la minería
española, tira la toalla y se resigna a un cierre que confirma y agrava la
agonía del sector y con él la de las comarcas mineras. ¿Podría hacer la Junta
algo más que lamentarse y echar la culpa de ello a los incumplimientos del
ministerio de Industria y a la inflexibilidad de la UniónEuropea? A juicio de
Izquierda Unida y de los sindicatos, evidentemente sí. UGT, CC.OO. e IU consideran
que sería el momento de dar un paso al frente y acudir al rescate de la
compañía, haciéndose cargo de la misma para pilotar su gestión, evitar su
liquidación y apostar por su viabilidad. Es decir, pasando del apoyo
testimonial a una implicación directa que mantenga vivo uno los bastiones de la
minería regional.
Pero
una cosa es predicar y otra dar trigo, y a la Junta no se le pasa por la cabeza
invertir dinero publico en un sector que reivindica como estratégico y cuyo
interés social huelga subrayar. “La Junta
no va a meter dinero en empresas en liquidación, no sería gastar bien el dinero
de los ciudadanos”, dice Del Olmo y se supone que suscribe el
presidente Juan Vicente Herrera.
El mismo presidente y la misma consejera que han consentido el monumental
sobrecoste del Hospital de Burgos (a 800 millones de euros lo eleva la
Plataforma por la Sanidad Publica) o el centenar de millones despilfarrado en
la Ciudad del Medio de Soria, megalómano proyecto que, tras haber sido
vapuleado por el Tribunal Constitucional, acaba de recibir un nuevo revés en el
Tribunal de Justicia de Castilla y León.
Mientras
la minería del carbón agoniza, lo que ha presentado la Junta como punto de
partida del “pacto por la reindustrialización” no es ningún documento elaborado
“ad hoc”, sino que se trata del Plan Director de Promoción Industrial
contemplado en la Ley de Industria aprobada en septiembre de 2014, que ve la
luz de esta manera casi un año y medio después. Un documento de 195 páginas que
contiene 200 medidas transversales y otros 150 planes sectoriales, todo ello
sin ninguna cuantificación económica, que se plantea como objetivo aumentar
hasta el 20 por ciento (ahora está en el 16,5) el peso del sector industrial en
el Producto Interior Bruto de Castilla y León. A disposición de dicho objetivo
se pone la llamada “lanzadera financiera”, esa especie de panacea que por lo
visto va a resolver como por ensalmo los problemas de financiación de
empresarios y emprendedores de la comunidad.
Aparte
de su falta de evaluación económica y de su inconcreción territorial, el citado
Plan dista mucho de ajustarse al modelo de desarrollo sostenible que sería
deseable en Castilla y León. Un buen ejemplo lo tenemos en su propuesta de
impulsar “la exploración y explotación del gas natural no convencional”, esto
es el “fracking”. Lo que el PP metió de tapadillo en su programa electoral
autonómico, donde hablaba de “investigar el potencial endógeno de nuestra
comunidad mediante la búsqueda de nuevos yacimientos de hidrocarburos”, ahora
se torna en una clara apuesta por el “fracking”. Nada sorprendente por otra
parte, conocido el posicionamiento previo mantenido por la Junta.
En
esa línea se enmarca el veto ejercido por el grupo popular en el pasado pleno
de las Cortes a la proposición de ley presentada por el grupo socialista
enfocada a extremar las garantías de protección medioambiental ante los
evidentes riesgos para el ecosistema y la salud humana que comporta la llamada
“fractura hidráulica”. Lejos de ello, la Junta ha prorrogado recientemente
algunos de los permisos de exploración concedidos a la multinacional
norteamericana BNK en el norte de las provincias de Burgos y Palencia, a la vez
que aboga en el Plan Director de Promoción Industrial por “eliminar las
barreras actuales o futuras que puedan impedir estas actividades”.
Y
a mayor abundamiento, la “Estrategia general de recursos minerales”
sugiere la conveniencia de modificar la normativa medioambiental para hacerla
compatible con “las actividades extractivas”, señalando expresamente el uranio
como uno de esos “recursos endógenos” a poner en valor. Todo un espaldarazo a
la gigantesca
explotación a cielo abierto promovida por la
multinacional australiana Berkeley sobre una superficie de 4.500 hectáreas en
municipios salmantinos de Retortillo, Villavieja de Yeltes y Alameda de Gardón.
Un
proyecto autorizado en su día por la consejería de Economía y que a su paso por
la Unión Europea se ha visto envuelto en el escándalo a causa de la
intervención como“lobbista” de Manuel Lamela, ex alto cargo de los
gobiernos de José María Aznar
yEsperanza Aguirre,
contratado por Berkeley para defender sus intereses ante su antiguo jefe en el
ministerio de Agricultura y actual comisario europeo de la Energía, Miguel Arias Cañete. Dado el
componente radiactivo del mineral en cuestión, el proyecto precisa además de
autorización por parte del Consejo de Seguridad Nuclear.
¿Este
es el modelo de desarrollo sostenible que necesita Castilla y León?
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