Publicado en La
Jornada de Oriente
9
de marzo de 2015
Con alevosía y ventaja, la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) fue preparando a lo largo de 2014 las condiciones para
despojar de sus derechos a centenares de miles de agricultores y dejar el
camino libre a empresas particulares que harán buen negocio con ese servicio.
Para cumplir con ese proyecto privatizador, el órgano administrativo
desconcentrado que dirige David Korenfeld Federman contrató a compañías que
desplegaron brigadas por todo el país para verificar la situación
material y jurídica de unos 450 mil predios donde hasta ahora se había
aprovechado el agua mediante concesiones otorgadas y renovadas con simpleza y
sin trampas. Ahora, la gran mayoría de esos concesionarios de buena fe están en
riesgo de ser dictaminados negativamente (pues tal era el sentido indicado a
los verificadores), por lo cual tendrán que arreglarse más adelante con las
grandes firmas que calculadamente se quedarán con el negocio del agua (un
adelanto de este tema se publicó aquí el 3 de diciembre del año pasado, con un
sumario que advertía ¡Aguas con Conagua! http://bit.ly/12nlonE).
Uno de esos
pequeños agricultores despojados de su concesión histórica de agua relató a
esta columna que los verificadores privados (no empleados directos de Conagua,
sino contratados por ésta) se valían de todo para fundamentar sus reportes
negativos. Si una bomba extractora de agua tenía en su cercanía una poca de
maleza porque en meses previos no se había utilizado, en razón de los
calendarios de siembra y cosecha, el verificador tomaba fotografías y anotaba
tal hecho como prueba de abandono. Si el campesino no tenía a la mano en lo
inmediato los documentos que probaran sus derechos, se le invitaba a no
preocuparse y a presentarlos en otra ocasión, aunque el reporte oficial iría en
el sentido de que se carecía de tales documentos.
Según esa
fuente, el agricultor (cuyo nombre y datos fueron proporcionados a plena
satisfacción del tecleador, pero no se publicarán) y algunos de sus vecinos
decidieron encarar a los verificadores para exigir que les dijeran de qué se
trataban esas diligencias. Se los quieren chingar, acabaron confesando los
visitadores, les quieren quitar las concesiones con cualquier pretexto.
Las instrucciones de sus empleadores iban en el sentido de encontrar motivos
para cancelar esas concesiones individuales en el mayor número posible y
renovar lo menos que se pudiera. Incluso se instaló una figura jurídica precaria,
pues en lugar de los títulos de concesión se les dejó a esos pequeños
productores unaconstancia de registro de obra de alumbramiento, que para
efectos de eventuales litigios no reconoce derechos plenos y verdaderos a
quienes antes tenían un título más defendible.
El director de
Conagua es un hombre de todas las confianzas de Enrique Peña Nieto. Korenfeld
Federman fue presidente municipal del rico municipio mexiquense de
Huixquilucan, integrado a la zona metropolitana de la ciudad de México, y
secretario del agua y obra pública en el gobierno del estado de México, con
Peña Nieto como gobernador. Cuando éste fue declarado ganador de los comicios
presidenciales, en 2012, lo nombró coordinador de agua en el equipo
de transición.
La hora de los
grandes negocios privados en materia de agua habrá llegado si prospera la
pretensión priísta-peñista de aprobar esta semana en la Cámara de Diputados un
dictamen ya votado por mayoría a favor en las comisiones respectivas, a pesar
de la encendida oposición de representantes de PRD, Morena y Movimiento
Ciudadano, frente legislativo circunstancial que se manifestará activamente
(incluso con una anunciada posibilidad de toma de tribuna) en contra de la
intención de dar el sí definitivo a esas reformas a la Ley General de Aguas.
El dictamen en
mención, aprobado entre tropezones procesales y por mayoriteo irreflexivo que
delata el carácter de consigna de origen superior, cerrará parte del círculo de
despojo a concesionarios individuales y la cesión a grandes empresas particulares
preparadas con toda anticipación para entrarle al negocio hídrico. Con estos
arreglos jurídicos a conveniencia de los empresarios porcentualmente aliados,
el peñismo no sólo afectará el interés de campesinos, pequeños propietarios y
agricultores en general, sino el de todos los mexicanos que de golpe quedarán
desposeídos del derecho humano al agua, consignado (como muchos otros derechos
sabiamente consignados en nuestra Carta Magna pero absolutamente incumplidos en
la práctica) en el artículo cuarto de la Constitución vigente (http://bit.ly/1E4n8Rg).
Además de
promover abiertamente la privatización del agua, en una maniobra con tufo a
corrupción (tráfico de concesiones en favor de firmas particulares) e inequívoca
falta de sentido social, los cambios a la ley correspondiente servirán para
maniobras en todo el país como la que podría suceder al legalizar el trasvase
del proyecto Acueducto Monterrey-VI,donde las empresas del grupo Higa
participan con casi 60 por ciento del contrato para un acueducto en el que por
primera vez un grupo privado participa de manera directa en el uso de una
cuenca para el suministro de agua potable, que tendrá un costo de más de 45 mil
millones de pesos, según el diputado de Morena Manuel Huerta, mencionado en una
nota de Roberto Garduño y Enrique Méndez en La Jornada.
Otro diputado,
Miguel Alonso Raya, del PRD, advirtió otra vertiente sumamente peligrosa de lo
que se quiere aprobar esta semana: “Quienes pretendan, por ejemplo, explotar el
gasshale con la cuestionada práctica delfracking, podrán
usar agua incluso de otras cuencas sin importar los perjuicios que en todos los
órdenes ocasionarían tanto a la cuenca de la cual extraen el líquido como en la
que apliquen esta técnica”. Ya fue el petróleo y los energéticos en general.
Ahora van por el agua.
Y, mientras
Mancera responde a las acusaciones de ecocidio (800 árboles talados) en Río
Mixcoac y Universidad, en aras de mejorar vialidades, ¡hasta mañana, con 13
policías federales detenidos en Tamaulipas bajo acusación de ser
secuestradores!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio
Hernández
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