Manifestación
antifracking en Santander. / Daniel Pedriza
Publicado en El
Diario Montañés
Por C. de la Peña
01 de marzo de 2017
La
sociedad de hidrocarburos de Euskadi, titular del permiso ‘Angosto 1’, que
afecta a la parte alta de Soba, ha pedido al Ministerio su extinción
El Gobierno vasco ha renunciado
a utilizar el fracking –o fracturación hidráulica– para extraer gas en
Cantabria y ha pedido al Ministerio de Energía la extinción del permiso
‘Angosto 1’, que afecta a las comunidades autónomas de Cantabria (en la parte alta de Soba) Castilla y
León y País Vasco.
La Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi (Shesa), que gestiona las labores de investigación del Gobierno
autonómico en ese ámbito, ha dado por
perdida esta concesión, que había caducado el 19 de junio de 2016, después
de que Energía concediera una prórroga de 34 meses. Este martes mismo, el
Ministerio denegó un nuevo aplazamiento, pero para entonces la sociedad pública
vasca había pedido ya la extinción del permiso por caducidad. Fuentes del
departamento vasco justificaron su decisión en que la extracción del gas en la zona es "complicada" y no sería
rentable si se utilizan las técnicas convencionales, una vez que el
Gobierno de Euskadi ha renunciado a buscar gas perforando el subsuelo mediante
la aplicación de fractura hidráulica por sus inciertos afectos
medioambientales.
No obstante, las mismas fuentes
subrayan que la retirada del Ejecutivo vasco del proyecto ‘Angosto 1’ no significa que el fracking se vaya a
detener en la zona de Soba, Burgos y País Vasco, porque la empresa pública
de hidrocarburos trabaja en el proyecto aliada con las petroleras norteamericanas Petrichor (36%) y Cambria (20%). Shesa
tiene el 44% de las acciones así que, aunque parece complicado, las otras
empresas podrían seguir sin el apoyo institucional, pidiendo nuevos permisos en
ese ámbito geográfico.
A pesar de la renuncia al
proyecto de Soba, en Cantabria siguen
vivas otras cinco concesiones: Luena, que caducó el pasado mes de enero;
Bezana-Bigüenzo, en Campoo-Los Valles, el embalse del Ebro, Valdeprado del Río
y Valderredible; Los Basucos, en la zona de Torrelavega; Usupal, en el Valle de
Villaverde, y Galileo, licencia solicitada hace cinco años para 77.700
hectáreas entre Laredo y la provincia de Burgos.
Permiso
de investigación
El permiso de investigación
‘Angosto 1’, que afecta a las tres comunidades autónomas, fue concedido por
seis años (desde el 20 de diciembre de 2006 al 19 de diciembre de 2012) a la
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, que actúa como operador del permiso, y a
las otras dos compañías citadas. Para los dos últimos años se preveía la
perforación de dos pozos, para lo que la empresa pública vasca tramitó los
permisos medioambientales. Sin embargo, cuando iba a caducar la vigencia del
permiso, solicitó una prórroga, que el Ministerio de Energía concedió ya que
había caducado por razones imputables a la Administración. La operadora dispuso
de 34 meses más, de manera que la concesión ha continuado vigente hasta el 19
de junio de 2016.
Para esta fecha, sin embargo,
las reglas del juego habían cambiado en el País Vasco. La presión en la calle dio lugar a una plataforma antifracking que
acabó impulsando la ley vasca contra la fractura hidráulica a través de una
Iniciativa Legislativa Popular. En el verano de 2015, el Gobierno vasco siguió
la senda de Cantabria, que fue la primera comunidad autónoma del país en
prohibir el fracking en su territorio, luego anulada por el Constitucional, y
aprobó una ley antifractura hidráulica que le obligó a paralizar los permisos
de explotación que contemplan el uso de esa técnica para la extracción del gas.
Evitar
que los tribunales tumbaran la norma
Para evitar que los tribunales
tumbaran la norma, el Parlamento vasco huyó de la prohibición explícita de esta
técnica, que había llevado a Cantabria al fracaso. Lo que hizo el legislador
vasco fue elevar al máximo las trabas medioambientales a cualquiera que quiera
perforar, de manera que, en la práctica, resultaría
imposible usar esa técnica en Euskadi. Aun así, el Gobierno central impugnó
la ley vasca ante el Tribunal Constitucional, al considerar que invade
competencias de Madrid. Al no poder hacer las perforaciones hidráulicas, la
sociedad pública creada para promover el fracking renunció al permiso de
‘Angosto 1’. No así a los otros cuatro permisos concedidos a Shesa por el
Ministerio de Industria en 2006 y 2008 para abrir pozos de gas: las concesiones
de ‘Enara’, ‘Usoa’, ‘Mirua’ y ‘Usapal’, el conocido proyecto ‘Gran Enara’, que
cubre buena parte de Álava y afecta también a algunas franjas de Vizcaya y
Cantabria. En concreto, la licencia de ‘Usapal’ afecta al Valle de Villaverde
en esta comunidad autónoma.
Estos cuatro permisos vencieron
el pasado 18 de febrero, pero el Gobierno vasco ha maniobrado en una doble
dirección. Por un lado, el operador solicitó que se interrumpiera el cómputo
del plazo de vigencia de los permisos de investigación, petición que ha denegado el Ministerio de Energía en una resolución
publicada este mismo martes en el Boletín Oficial del Estado. Pero por otro ha
pedido una prórroga para no perder las concesiones, solicitud que está
pendiente de respuesta.
Mientras tanto, el Gobierno de
Cantabria prepara una segunda ley
antifracking, a imagen y semejanza de la vasca, que pase el filtro del
Constitucional.
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