El
presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla (PRC), junto a al vicepresidenta,
Eva Diaz-Tezanos (PSOE)
No son buenos tiempos para el fracking.
Actualmente, se está
muriendo de éxito. La técnica de perforación horizontal desarrollada por
George P. Mitchell para la recuperación de hidrocarburos, antes inalcanzables, ha
alterado el mercado internacional de los combustibles fósiles.
El aporte de petróleo y gas
mediante esta técnica extrema sumado a la producción de la perforación convencional
permite disponer cada día de más petróleo y gas del que el mercado puede
aceptar.
La consecuencia, una bajada
dramática del precio del petróleo y un abandono de las exploraciones más
costosas, entre ellas la propia fracturación hidráulica. Pequeñas empresas de
perforación y grandes corporaciones se
están sintiendo atrapadas por una de sus propias técnicas de recuperación de
hidrocarburos.
El anuncio de la prodigiosa
técnica se pregonó en Europa por los lobbies de las empresas de
perforación y de forma abierta por el Departamento de Estado de EEUU, a través
de la hoy candidata por el partido demócrata, Hillary Clinton.
Sin embargo, las noticias sobre
el carácter invasivo y tóxico de la
técnica han levantado detractores en todo el
mundo y en la actualidad es motivo de una polémica cada vez más audible en la opinión pública.
España es uno de países en Europa
que más atención prestó a esta tecnología y de forma indistinta en cuanto al
color de los distintos gobiernos locales y nacionales.
La comunidad de Cantabria se
caracterizó por presentar uno de los primeros movimientos transversales de
oposición a la fracturación hidráulica y que empujó a que un gobierno autonómico conservador retara al gobierno estatal, del mismo color, con una prohibición que discutía las competencias del
Estado.
Cantabria, al igual que otras
comunidades que siguieron su ejemplo, vieron su iniciativa fallida por un recurso
de inconstitucionalidad que desveló la inexistencia de poderes locales en el
tema.
Castilla La Mancha, es la
última comunidad en anunciar aspectos de regulación relacionados con la técnica
que mantendrían la esperanza de evitar las perforaciones más arriesgadas y
aplicar medidas de seguridad que desmotivaran el interés por esta
región de España.
Sin embargo, Cataluña, presentó
anteriormente una ley basada principalmente
en el siguiente párrafo:
“en la
explotación de recursos naturales en suelo no urbanizable, en el caso de
aprovechamiento de hidrocarburos, no está permitida la utilización de la
tecnología de la fracturación hidráulica cuando pueda tener efectos negativos
sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o
socioeconómicas de la zona, o en relación con otros ámbitos competenciales de
la Generalidad”
El abogado del Estado presentó un recurso al Tribunal
Constitucional que terminó dictando la suspensión del art. 167.1 de esta polémica ley.
Sin
embargo, el mismo tribunal levantó la suspensión en marzo de 2015, ante la
demanda del abogado de la Generalitat y al razonar que no invadía competencias
estatales.
El
abogado del Estado había alegado los daños a terceros por el retraso o
impedimento de las labores de perforación.
En
esencia, el abogado de la Generalitat afirmaba,
el indicado precepto
no establece una
prohibición general del fracking ni otorga
a los órganos
urbanísticos autonómicos una potestad
discrecional para su
denegación; condiciona la
autorización a la inexistencia de
los efectos negativos
sobre los valores
(geológicos, paisajísticos,
ambientales, socioeconómicos o
en relación con
ámbitos competenciales de la Generalitat) que la clasificación de los
terrenos como suelo no urbanizable
trata de proteger.
La apreciación de
esos efectos negativos no
se abandona al
libre criterio de
los órganos urbanísticos autonómicos; resulta
de las regulaciones sectoriales
autonómicas y estatales (sobre
espacios naturales, aguas,
minas, costas, montes,
etc.) aplicables en función
de la naturaleza
y características de
los terrenos afectados.
Es decir, dejando de lado el lenguaje
del Derecho, el levantamiento de la suspensión de la ley permite al gobierno
autonómico sentarse a discutir con el gobierno central los aspectos particulares
de cada permiso de exploración y ante falta de acuerdo, dejar a los tribunales
de justicia y no al gobierno central, la decisión última sobre la perforación.
Tal vez, el lector, tenga como única opinión el confiar en el final del camino, en la prohibición, pero sería un
error despreciar las etapas intermedias mientras se espera la llegada de la misma.
Piense, que con esta ley se
evita con inmediatez el “libre albedrío” del gobierno central con los permisos y sí no recuerde el lector el permiso Luena, donde el ministro José Manuel Soria fue
amonestado por el Defensor del Pueblo, amenazado judicialmente desde
organizaciones ecologistas y ganaderas de Cantabria y reprobado desde la propia
Comisión Europea, porque se le antojó no facilitar la documentación completa
del permiso del que es disfrutario REPSOL.
La iniciativa de Cataluña ha
sido atendida en el País Vasco, que para disgusto del PNV, ha adoptado una normativa
parecida. Hay que recordar que en este caso y a día de hoy la ley se encontraría con un gobierno central y autonómico proclives al fracking. La salvedad es que en este caso tendrían que "retratarse" ambos.
Castilla y León intentó hace
poco una regulación parecida a la de Castilla la Mancha pero sin éxito debido a la
mayoría en el parlamento regional del PP con el apoyo de Ciudadanos. El gobierno conservador de esta comunidad autónoma representa la esperanza del ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy para conseguir los primeros pozos de Frackig en España. El actual proyecto de Plan Director de Promoción Industrial de CyL contemplaría este impulso incluyendo un proyecto de minería de uranio que deriva de conductas pocos transparentes del comisionista Manuel Lamela y del actual comisario europeo Miguel Arias Cañete.
Resumiendo, las comunidades “más
históricas” han reivindicado su mayoría de edad, asumiendo su responsabilidad y
reclamando al "padre” tratar el tema como adultos y así evitar que les imponga su voluntad sin una discusión previa, a la vez que se renuncia como única propuesta al "pataleo" de pedir que les resuelva sus problemas o les evite lo que no les gusta.
¿Y Cantabria que ha decidido? Desde el intento
de prohibición…. realmente nada.
Las únicas presiones en los
últimos tiempos vienen desde los activistas ambientales y ciudadanos, desde
UGAM-COAG, los ganaderos de Cantabria y desde ADIC, la asociación defensora de
los intereses de esta comunidad y creada en tiempos por Miguel Ángel Revilla
para reinvindicar la diferenciación de Santander de Castilla y León, y que más tarde le permitiría
transitar en la política regional de la mano
del PRC, el partido regionalista de Cantabria.
Por lo demás, los partidos
políticos parecen más ocupados en cargar las culpas al de al lado que de
tomar decisiones eficaces en contra del fracking. Coincidiendo todos, eso sí, en que debe de ser el “padre” desde Madrid el que debe actuar para colmar sus exigencias y declarar la prohibición de la técnica.
Reclamación curiosa, ya que para el PRC, partido de gobierno en la actualidad, la actuación consistiría en exigir un movimiento de máximos en Madrid mientras que lo espera en relajado reposo desde Santander.
Las prohibiciones del fracking no son fáciles. Pocos países las han considerado. La mayoría de gobiernos no desean de entrada renunciar
a oportunidades relacionadas con la economía y la energía en el futuro. Lo habitual
son las moratorias, no decir ni sí ni no, sino esperar a ver los acontecimientos.
Como la que proponen PSOE y
Ciudadanos, que en poco más de 24 horas cambiaron los anuncios de
prohibición por los de una moratoria, reflejada en un documento de acuerdo de
gobierno.
Moratoria durante la legislatura, que “les saldría gratis”, respecto a los electores y los perforadores. De
facto ya existe, los bajos de precios del petróleo señalan la probable hibernación de
las perforadoras del fracking.
Pero el lector no debería confiarse, el pasar de la inflación en la exploración de los recursos de hidrocarburos
a una renuncia desmesurada de dicha exploración a nivel mundial, solo llevará a un
precio fluctuante del petróleo, donde no serán extraños los fuertes vaivenes en el precio, incluyendo rápidas e intensas subidas.
En ese momento, volverán a
escucharse las ruidosas perforadoras del fracking.
J.L.R.
J.L.R.
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