Valderredible
es el municipio más grande de Cantabria y uno de los menos poblados.
Publicado en el
diario.es
Por Laro García
13 de junio de 2016
Las
obras por valor de 2,7 millones de euros en varias localidades sin apenas
vecinos en las que están proyectados parques eólicos y sondeos de fracking
levantan las sospechas de los conservacionistas
La
Consejería de Obras Públicas rechaza de plano estas acusaciones y explica que
"los trabajos buscan únicamente mejorar las comunicaciones" en una
zona que ha estado "olvidada" durante la pasada legislatura
La sensibilidad en torno al
desarrollo de la energía eólica y el fracking está a flor de piel en Cantabria.
Colectivos ecologistas, organizaciones en defensa de la conservación de la
naturaleza y el patrimonio histórico, movimientos sociales y vecinos de las
zonas señaladas como lugares estratégicos para la instalación de parques
eólicos o sondeos para extraer gas a través de la fractura hidráulica vigilan
cada movimiento de la Administración y de las empresas implicadas para poner
freno a los excesos que se puedan producir.
Y ante este escenario, la
última alerta se ha desatado por el anuncio por parte del Gobierno de Cantabria
de un contrato para mejorar los accesos a varias localidades de
Valdeprado del Río y Valderredible -municipios en los que existen
numerosos permisos relacionados tanto con el fracking como con la energía
eólica- que supondrá una inversión superior a los 2,7 millones de euros.
En concreto, el Consejo de Gobierno autorízó la semana pasada un
contrato para mejorar los accesos a Arcera, Navamuel, Bustillo del
Monte, Loma Somera, Villamoñico y Cubillo de Ebro, en los dos ayuntamientos
campurrianos mencionados, con un presupuesto base de licitación de 2.720.178
euros. A esa cantidad tan elevada en las actuales circunstancias
económicas y a la coincidencia con los proyectos empresariales en marcha se
suma un tercer motivo: en esas localidades viven un puñado de vecinos, que en
algunos casos no superan ni la media docena.
La
Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria, que la
pasada semana presentó una querella criminal contra el consejero y el
director de Industria y el alcalde y el secretario municipal de Valdeprado del
Río como consecuencia de su gestión en la tramitación eólica, denuncia
ahora que estas mejoras en los accesos de varios pueblos prácticamente
deshabitados suponen que "se va a pagar con dinero público las
necesidades de los negocios privados".
"Los
políticos que hagan su trabajo y los empresarios el suyo. Cuando se cruza la
raya, aparece la corrupción", asegura el presidente de la plataforma,
José Miguel Martínez. En esta misma línea se pronuncia Fernando Merodio, el
abogado de esta organización, que considera que "si el tema más importante
que tiene que abordar el Consejo de Gobierno de Cantabria en las actuales
circunstancias es la aprobación de estas obras, que se disuelvan, que no
los necesitamos para nada".
Sin
embargo, desde la Consejería de Obras Públicas rechazan de plano estas
acusaciones y explican que el único objetivo de estos trabajos es "mejorar
las comunicaciones" en una zona que estuvo olvidada durante la pasada
legislatura, con el Partido Popular en el Gobierno de Cantabria. De hecho, a
preguntas de eldiario.es confirman que las obras están recogidas en el Plan de
Infraestructuras y se llegaron incluso a licitar en 2011, aunque los recortes
presupuestarios hicieron que quedaran en un cajón.
También aclaran que estas obras
-son seis carreteras y aproximadamente 25 kilómetros en total- no supondrán la
ampliación de los caminos rurales de la zona, que se mantienen con el mismo
ancho y prácticamente con el mismo trazado. "Ni siquiera se van a asfaltar
y no son carreteras con un firme que soporte el paso de camiones o maquinaria
pesada, que lo destrozarían llegado el caso", insisten para
despejar el menor atisbo de duda.
Larga
trayectoria de denuncia
La Plataforma en Defensa del
Sur de Cantabria, que aglutina a los colectivos que se oponen al
desarrollo eólico, se creó en el año 2009 e integra a las asociaciones
ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono), la Asociación
Txirpial de Educación Ambiental y Guías de la Naturaleza, las de
carácter cultural Costumbria y Arcera, la coordinadora Salinas y la Plataforma
para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, junto a dos centenares
de personas a título individual.
Según explican sus impulsores,
esta plataforma surgió de la preocupación de vecinos de la comarca de
Campoo vinculados a los movimientos ecologistas, el turismo rural y el arte
románico ante la preocupación por los efectos que puedan tener en la zona sur
de Cantabria los proyectos de parques eólicos del Gobierno, que han ampliado
posteriormente a la amenaza que supone el fracking.
A su juicio, la instalación
de parque eólicos y los permisos concedidos para realizar sondeos de fracking
significarán "un acaparamiento de tierras, entre ellas de los montes
comunales, el control de todo el territorio, graves impactos medioambientales,
deforestación, pérdida de elementos culturales e históricos, así como daños en
la fauna y la flora, contaminación o desvío de los cauces de los ríos",
por lo que han reaccionado de forma inmediata ante las sospechas por estas
obras que consideran "sorprendentes".
Oposición
frontal de las instituciones
Esta denuncia de los
ecologistas contrasta además con la oposición frontal que ha mostrado
reiteradamente el alcalde de Valderredible, Fernando Fernández (PRC), a los
sondeos de fractura hidráulica que se han proyectado en su municipio
con el aval del Ministerio de Industria. De hecho, en una reciente reunión con el presidente de Cantabria, el
también regionalista Miguel Ángel Revilla, consiguió el compromiso del jefe del
Ejecutivo autonómico para "impulsar,
coordinar y liderar" todas las actuaciones que sean necesarias para
"parar el fracking en Cantabria".
Revilla trasladó
entonces al alcalde su disposición a colaborar tanto con el Ayuntamiento
como con las juntas vecinales para impedir la utilización de la fractura
hidráulica, una práctica que considera "contraria a los intereses
medioambientales, sociales y culturales" de la comunidad autónoma. Así lo
dio a conocer al término del encuentro Fernando Fernández, quien
recordó que la postura del presidente autonómico responde a la decisión
"unánime" aprobada la pasada legislatura en el Parlamento de Cantabria
para impedir el fracking.
El regidor destacó
también que el objetivo conjunto del Gobierno y las administraciones
locales es crear y ampliar figuras de protección como "parapeto ante estas
agresiones" y subrayó que Valderredible tiene "un extraordinario
patrimonio cultural y natural que es necesario preservar y poner en valor"…
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